viernes, 3 de febrero de 2012

EL CASO GRECO(Crónica de un Disparate Argentino)

Único libro publicado sobre este célebre caso de la historia socioeconómica y política del país, cuyas repercusiones y consecuencias aún están vigentes después de más de treinta años de ocurridos los hechos.En su momento fue considerada la mayor estafa del mundo, con el agravante de que el principal perjudicado fue el Banco Central de la República Argentina.

Párra
fo de la introducción al libro:

.............................................................................................................  
     “En un caso como el que motiva este libro, bastante singular como para merecer ser comentado pero que no es aún lo suficientemente conocido ni por el propio público argentino, quizás la forma más práctica de reunir sus elementos era la de reflejar la información periodística. De ese modo, al mismo tiempo, se evitaba caer en la tentación de formular opiniones sobre cosas que sucedieron en una época absolutamente cercana y que, por la índole de su naturaleza, pueden convertir en estériles o en obvios a los juicios conceptuales. Para completar el informe, se recabaron valiosos testimonios en el mismo lugar en que sucedieron las cosas.”
.............................................................................................................

                                                Greco escoltado por policías en Buenos Aires.


                                             Antigua bodega Arizu en Godoy Cruz, Mendoza.


                                                       Héctor Greco, presidente del Grupo.


                                                      Casa central del Banco de los Andes.













                                                          Titulares de diarios de la época


                                                              Tractor abandonado en una finca intervenida.
                                                                                    ( foto Iván Catroppa )

























 

El caso

             GRECO


(Crónica de un disparate argentino)



       EDUARDO GREGORIO


















     
 INTRODUCCIÓN





     La interpretación de la realidad argentina resulta una tarea sumamente compleja y, muchas veces, imposible de realizar para quienes se ocupan de estudiar a los diferentes paises y clasificarlos según su idiosincrasia, condicionamientos naturales y posibilidades potenciales. Es más: no pocos de ellos extraen la conclusión de que se trata de un caso aparte, no comparable a las pautas comunes del análisis y merecedor de un enfoque especialmente diseñado a tal fin. Ni siquiera pueden comprenderlo cabalmente dentro de la generalidad iberoamericana, dado que, tanto por la composición étnica de sus habitantes como por sus excepcionales condiciones geográficas y climáticas, presenta un cuadro básicamente diferente al de la América indígena o indo-española en la que está enclavada.
     Un argentino es también, adonde quiera que vaya, un espécimen que puede desconcertar a los demás. De fácil adaptación a las reglas del ambiente, sobre todo en lo que respecta a su capacidad laboral, suele destacarse por su espíritu de iniciativa, rápida comprensión de los desafíos técnicos e inteligencia para resolver los problemas que se presentan. En muchos casos es conceptuado como un europeo más, al que se añaden las ventajas de una mente nueva y un cosmopolitismo fruto de los diferentes ancestros de su población. Frecuentemente conformados en su versión actual por descendientes de inmigrantes que en muchos casos formaron familia con personas de origen criollo, los argentinos fueron también una especie de precursores de la inmigración “de vuelta”, es decir de quienes van a Europa en busca de trabajo tal como sus ancestros europeos vinieron a la Argentina entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. Para algunos países del Viejo Mundo, en los cuales la nacionalidad es básicamente una cuestión de sangre, los argentinos son, simplemente, emigrantes que regresan a través de sus nietos.
     Junto a estas virtudes y ventajas, con desgraciada frecuencia exhiben defectos y problemas harto conocidos que suelen malograr sus mejores posibilidades, de lo cual es la muestra más irrefutable la deplorable situación económica a que han llevado a su envidiable país a través de una secuencia prácticamente ininterrumpida de calamidades que exceden el límite de los desaciertos. La corrupción es una constante de la historia argentina prácticamente desde su nacimiento como nación y ello no sólo afecta a los estratos gobernantes, pues los propios ciudadanos comunes se han ganado en el mundo fama de desconfiables y peligrosos.
     No es, de ninguna manera, intención de este prefacio encarar una definición sociológica de los argentinos. Como podrá comprobar el lector, el presente libro tiene más características periodísticas que literarias, entendiendo al periodismo como el reflejo simple y llano de los acontecimientos y de los testimonios que éstos generan. En mi caso, varios años de trabajo como cronista sirvieron para afianzar mi convicción de que los hechos y su repercusión suelen ser mucho más contundentes que los análisis y las opiniones, incluyendo los que pudiese tener el propio autor.
     En un caso como el que motiva este libro, bastante singular como para merecer ser comentado pero que no es aún lo suficientemente conocido ni por el propio público argentino, quizás la forma más práctica de reunir sus elementos era la de reflejar la información periodística . De ese modo, al mismo tiempo, se evitaba caer en la tentación de formular opiniones sobre cosas que sucedieron en una época absolutamente cercana y que, por la índole de su naturaleza, pueden convertir en estériles o en obvios a los juicios conceptuales. Para completar el informe, se recabaron valiosos testimonios en el mismo lugar en que sucedieron las cosas.
     Pese a lo insólito y sorprendente de su acontecer, el caso Greco no es un hecho aislado en la historia reciente del país. No constituye una rareza generada por situaciones puramente coyunturales, a pesar de que su aparición pudiese considerarse facilitada por condiciones propicias de la época. Más allá del entorno temporal que rodeó a sus protagonistas y acciones, tanto las propias como las producidas después de su caída, hacía falta algo más para que ello se concretara en sus extravagantes resultados: que cada cosa que sucedía fuera absorbida como natural por la sociedad que la rodeaba; que no existiese poder de reacción en esa misma sociedad para neutralizar sus efectos o rechazar sus consumaciones.
     Junto a la crónica de los principales hitos públicos del caso Greco he ido intercalando sucesos de la propia historia del país sin los cuales aquél no sería totalmente explicable. Precisamente los dos años que sirvieron de marco a la instalación, voraz crecimiento y defunción de este grupo empresarial coinciden llamativamente con una etapa en que el poder militar, asiduo detentador del gobierno en Argentina durante muchas décadas, ejercía su más cruda intervención represiva y manejaba las riendas del país con absoluta discrecionalidad. Hechos puntuales como la amenaza de un enfrentamiento armado con Chile, la increíble guerra de Malvinas y el posterior desmoronamiento del régimen castrense convivieron con un proceso económico que engendró una monstruosa deuda externa y destruyó las bases productivas de la nación.
     Pero, más allá de su contenido anecdótico, estas páginas han sido escritas bajo la cruel sensación de que no se trata solamente de historia, sino de un capítulo más de un estilo de vida que los argentinos siguen practicando y al que no se han mostrado sinceramente dispuestos a renunciar. Al menos, una visión actual de nuestra sociedad no nos permite ser muy optimistas en ese sentido.















                                                                                    
                                                     






LOCAS INVERSIONES



    El sábado 29 de marzo de 1980 los diarios matutinos del país anunciaron la liquidación, por parte del Banco Central de la República Argentina, del Banco de Intercambio Regional (BIR) “por grave insolvencia patrimonial”. Se trataba nada menos que de la segunda entidad financiera privada del país en importancia, la cual había logrado captar, en plena época del célebre “plazo fijo”, depósitos por alrededor de mil millones de dólares provenientes de unos 300.000 ahorristas. La medida fue justificada, entre otros motivos, en la existencia de pérdidas operativas debidas a “graves desaciertos en la política crediticia” y en la pérdida constante de depósitos. Alejandro Reynal, vicepresidente del Central, calificaba a la situación como el mayor colapso financiero en la historia de los bancos argentinos.
     El ente intervenido había nacido en el lejano 1898 bajo el nombre de Banco Popular de Corrientes, el que resulta bastante ilustrativo acerca de su primitiva naturaleza y dimensiones; pero en un momento especial de su ya larga historia todo ello cambió esencialmente, cuando fue adquirido por inversores de Buenos Aires encabezados por José Rafael Trozzo. Su rápido e inusitado ascenso y su aún más estrepitosa caída marcaron todo un hito en el estilo bancario de la Argentina, símbolo de una especulación financiera generalizada que alcanzó a todos los niveles de ahorristas, los que en muchos casos multiplicaban su dinero en forma espectacular con el simple paso de las horas, mientras que en muchísimos más (constituidos en su mayoría por pequeños y medianos inversores) hallaban en ese mecanismo la forma más práctica de proteger su patrimonio y, de ser posible, acrecentarlo mediante una loca carrera con la inflación.
     Como índice ilustrativo, doce días después el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) anunciaba que el costo de la vida en el mes de marzo del mismo año había crecido en un 5,8 %. Corría la época del ministro José Alfredo Martínez de Hoz al frente de la cartera de Economía en el gobierno militar emergente del golpe que, en marzo de 1.976, había derrocado al civil de María Estela Martínez de Perón. El estilo directamente dictatorial utilizado por la Junta Militar en el ejercicio del poder alcanzó también, obviamente, a la imposición de su política económica, que socialmente se tradujo en una concentración aguda de la riqueza en grupos más reducidos y un descenso vertiginoso del poder adquisitivo de las clases bajas.
     En el medio de ambos quedó un sector muy amplio de la entonces vasta y desigual clase media argentina, cuya operatividad futura estuvo signada principalmente por una digestión individualista de la situación con suerte variada. Desde entonces se hizo un hecho común para la generalidad de nuestros connacionales el estar diariamente informados sobre las fluctuaciones de la bolsa de valores, el tipo de cambio oficial y real, las sutilezas encerradas en los mensajes de los funcionarios y los mecanismos de los mercados financieros. La información sobre todos estos matices no pasaba desapercibida ni aún para los ciudadanos que no disponían de un centavo para invertir, lo que no dejaba de causar sorpresa a cualquier extranjero que visitara el país o que, fuera de él, conociese a los argentinos que se habían diseminado por el mundo como refugiados políticos o simples buscadores de mejores condiciones de vida.
     La caída del BIR no pudo de ningún modo pasar desapercibida para la plaza financiera, dada la cantidad de ahorristas que aparecían como perjudicados por la ya aceptada insolvencia de la entidad; pero, más allá de todo eso, fue un cimbrón para un alocado sistema económico que engordaba ficticiamente mientras se debilitaba en su sustancia; pareciéndose más a un partido de fútbol en el que el costo de la vida compitiese con las tasas de interés marcándose goles mutuamente y haciendo crecer abultadamente unos guarismos que no presagiaban un resultado normal.
     Ya un año antes de estos sucesos la publicación Economic Survey anunció que Trozzo vendía el BIR al grupo empresario Piñero Pacheco; agregando que la entidad o su presidente habían aparecido comprando empresas de todo tipo  y que “grandes concursos de empresas industriales han contado siempre entre sus acreedores principales montos de créditos asombrosamente altos del BIR”. Al hablar de “concursos” nos estamos refiriendo a los concursos preventivos, es decir a un figura jurídica que simboliza la entrada de una empresa en la cesación de pagos normales por serias dificultades en su funcionamiento, lo que suele ser un anticipo de la quiebra. También decía que Piñero Pacheco y su gente se habían incorporado al directorio pero que Trozzo seguía en la presidencia.
     Como síntoma directo del cimbrón, el 5 de abril se daba a conocer, por parte del Banco Central, la resolución No. 1051 que ponía en vigencia “un régimen de adelantos con el objeto de facilitar temporariamente el desenvolvimiento de las entidades financieras que puedan experimentar disminuciones en el nivel de sus depósitos”. Esta regla obedeció, sin duda, a  la necesidad de afrontar graves problemas existentes en numerosos bancos y financieras del país para cumplir con sus compromisos inmediatos (léase alarma de los clientes que, ante la debacle del BIR, comenzaban el reflujo de su anterior fiebre inversora y tendían a retirar sus ahorros en forma masiva).
      Por otra parte, el ministro de Economía anunciaba, el 15 del mismo mes, que los responsables del BIR serían enjuiciados. Apenas diez días más bastarían para que se hiciera pública la decisión de intervenir a otras tres entidades de primera línea que pasaban por serias situaciones de iliquidez: los bancos de los Andes, Oddone e Internacional. El primero de ellos, que llegó a estar al tope en el país en la captación de inversiones a plazo fijo, fue el organismo que engendró a uno de los entes empresariales más controvertidos, extraños y sorprendentes de la historia de la Argentina: el denominado Grupo Greco.
     Como uno de los factores que avalan esta calificación, podemos decir por ejemplo que el nacimiento efectivo de este grupo en su dimensión casi novelesca tuvo lugar entre 1977 y 1978, cuando una institución crediticia de constitución localista, el Banco de los Andes, ubicado en la localidad de San Martín, provincia de Mendoza, fue prácticamente abordada por una serie de ofertas destinadas a la compra de sus acciones que hasta entonces habían estado en manos de empresarios y productores agrícolas del lugar. Desde ahí hasta la caída del Grupo Greco y el encarcelamiento de sus titulares sólo transcurrió poco más de dos años, que bastaron para la conformación de un gigantesco holding que llegó a calcularse en unas ciento setenta empresas, muchas de ellas de primera línea.
     Los precios que se ofrecieron en su momento por las acciones del Banco de los Andes fueron tan superiores a su cotización lógica que resultaron francamente tentadores para muchos de sus poseedores, quienes nunca habían esperado semejantes rendimientos. De la noche a la mañana este banco, cuya operatividad había estado prácticamente circunscripta a una zona de esa provincia cuyana donde naciera en mayo de 1960 con el nombre de Corporación Financiera del Este, se convirtió en una especie de vedette cuyo ascenso a la pasarela de la fama no presentaba realmente una explicación lógica.
     Pero la lógica de aquellos tiempos no se regía por una observación fría proyectada a largo plazo, como prescriben las reglas clásicas de la economía, sino que todo estaba signado por un cortoplacismo extremo. Como testimonio de ello, el comentarista económico Rafael Ganivet, escribía el 26 de abril de ese año para la agencia Noticias Argentinas que “actualmente el 80% de los depósitos se concentra en los 30 días (de plazo), con lo que se conforma una masa equivalente – en forma aproximativa – a los 19.000 millones de dólares”.
     La feroz competencia por la captación del ahorro público se mostraba en forma patente en los medios de difusión. Los periódicos, por ejemplo, publicaban todos los días una extensa lista de bancos y compañías financieras que pugnaban con sus guarismos ofreciendo intereses superiores al 60 % anual en inversiones a 30 días. Esto se compadece con la cifra que dimos más arriba sobre la inflación registrada en un mes (5,8 %), lo cual habla a las claras de que este tipo de inversión era el recurso más a mano que tenía mucha gente para evitar que su dinero se desvalorizara vertiginosamente.
     También sugiere claramente que, ante esta aterrorizante carrera contra la inflación, las entidades que pagaban tasas más altas terminaban siendo las preferidas de los inversores, porque la alternativa de obtener un punto más era siempre tentadora en una época traumada por la psicosis del dinero volátil. A su vez, la permanencia de este estado de cosas durante un tiempo más o menos prolongado transformó la idea que los argentinos en general tenían de la inversión financiera: ésta, que tradicionalmente había sido una actividad reservada a ciertos sectores de las clases altas (no de todos, dado que había otros históricamente inclinados a los negocios de la producción agrícola-ganadera), en los últimos tiempos estaba convertida en una compañera inseparable de los típicos ciudadanos de clase media y aún de otros de menores ingresos. Prácticamente se borró la barrera nítida que había existido siempre entre inversores y ahorristas, cuando los célebres “certificados de plazo fijo” sustituyeron a las cuentas de ahorro que habían simbolizado a los habitantes simplemente deseosos de conservar un patrimonio modesto.
     Otro efecto notorio de esta situación fue la paulatina conversión de pequeños y medianos empresarios en especuladores de mercado, dado que en muchos casos era mayor el rendimiento de un certificado de plazo fijo que el de un negocio o actividad corriente y, además, no pagaba impuestos. En lugar de adquirir bienes de producción o de capital, se colocaba el dinero a un interés inmediato que ni siquiera corría con los riesgos de cualquier empresa, porque los depósitos bancarios estaban garantizados por el Estado.
     El Banco de los Andes, como así también el BIR, estaban entre las entidades de plaza que constantemente ofrecían mayor puntaje de interés. Aunque las pizarras financieras mostrasen casi siempre una relativa paridad entre los diversos oferentes, todo el mundo sabía que el interés real se pactaba en una mesa de despacho en los casos de los grandes inversores y, en los otros, en un “tironeo” entre el cliente y el funcionario que lo atendía. La generalización de este tipo de depósitos era tan grande que los mismos organismos del Estado tenían sus fondos en estas condiciones, por lo cual solían regular sus pagos según los vencimientos de sus inversiones.
     Según se conocería posteriormente, a través de las actuaciones judiciales y las pertinentes auditorías del Central, los depósitos en el Banco de los Andes habían crecido en un 36,5 % sólo entre enero y marzo de 1.980 (es decir, a un paso de su intervención), lo que da una idea de la velocidad de captación que ejerció sobre el dinero de plaza. En el término de un año ese tipo de inversión se había incrementado en un 269 %, totalizando la suma de 2 billones 65.454 pesos Ley 18.188. Pero hay otra cifra que resulta mucho más sugestiva a la hora de entender el verdadero destino de esos multimillonarios fondos: en el mismo término, los préstamos otorgados por la entidad aumentaron en un 60,1%.









DE BANCO LOCAL A SUPERSTAR
                                              


   Junto a la noticia que dio a conocer la intervención del Banco de los Andes se publicaba también el trascendido de que “habría sido detenido el presidente del directorio, Héctor  Miguel Osvaldo Greco”. El clima de catástrofe que se vivía desde la caída del BIR y que movilizó velozmente a los ahorristas de todo el país a medida que se iban cumpliendo los plazos de vencimiento de sus certificados, provocando las clásicas “corridas bancarias” de rostros angustiados y aglomeraciones en las distintas sucursales, desgraciadamente se consolidaba a medida que pasaban las horas y adquiría los ribetes policiales que han sido típicos de esas circunstancias tantas veces en Argentina.
     Según la legislación vigente en ese momento, las inversiones individuales que no fuesen superiores a $ 1.100.000 gozaban de garantía total del Banco Central, mientras que las restantes sólo estaban cubiertas en un 90 % de su monto. Esta condición regía desde el mes de noviembre del año anterior, pero la mayoría de la gente sólo recordó su vigencia real cuando el BIR sucumbió. Si tenemos en cuenta que un dólar se cotizaba entonces a aproximadamente $ 1.750, se comprenderá fácilmente que la mayoría de los depósitos estaba condicionada por ese descuento y que el perjuicio real aumentaba a medida que la inversión fuese mayor. En una suerte de “aggiornamento” compensatorio a favor de los inversores, al mismo tiempo de producirse la intervención fue elevada a cien millones de pesos por inversor la cifra máxima cubierta por el 100 %, con efecto retroactivo al momento de su instauración.
     En tanto, tomó cuerpo la primera querella criminal contra los directivos del BIR, en la cual el abogado Raúl Rascovsky solicitó su procesamiento por los delitos de fraude, estafa, subversión económica y, oportunamente, la figura de quiebra fraudulenta; agregando luego el pedido de captura de su último presidente, José Rafael Trozzo.
     El Banco de los Andes, pese a haber desplegado treinta sucursales en todos los ámbitos del país en el corto tiempo que duró su apogeo, además de correr en el lote puntero en la captación de dinero, seguía teniendo su casa central en la ciudad mendocina de San Martín, una localidad más conocida por la actuación de su equipo de fútbol en el campeonato nacional que por algún otro motivo. El domingo 27 de abril el principal diario de Mendoza, también denominado Los Andes aunque no tenía vinculación alguna con el banco, destacaba en una extensa nota titulada “Ciérrase singular capítulo de la historia del Banco de los Andes” que el mismo había llegado a ser, por el volumen de su cartera de depósitos, el primero entre los bancos privados del país.
     También analizaba sobre el tema que “la legislación en vigencia autoriza a los bancos que se encuentran integrando un grupo económico o ‘holding´ a prestar a las empresas vinculadas hasta un 10% de su capacidad prestable. El Banco de los Andes había otorgado préstamos a las empresas del Grupo Greco por montos equivalentes al 40 %”. Se especificaba que “el Banco Central debió instrumentar – a través de la circular 1051 – un sistema de apoyo a los bancos que, a raíz del retiro masivo de depósitos, se encontraban en mora con el ente rector del sistema financiero. De alrededor de 1.700 millones de dólares, unos 720 millones fueron absorbidos solamente por el Banco de los Andes, que había perdido en poco tiempo la mitad de sus depósitos, tal cual lo señala – entre otras fuentes – el Economic Survey del 22 del corriente”.
     En esa misma nota se recuerda la integración del directorio: presidente, Héctor Osvaldo Greco; vicepresidente 1º, José Greco (h); vicepresidente 2º, Jorge Bassil; director secretario, Manuel Cosio; director tesorero, Armando Hugo D´Amico. Vocales titulares: Jorge Enrique Gabrielli, Marcial Pérez Fernández, Juan Hilario Milordo, Armando Abrego y Julio César Pereyra. Vocales suplentes: Luis Paglialunga, José Foix, Pablo Jorge Guillermo Eichler, Carlos Hugo Fornés y Dante Mácola. Síndicos titulares: Mario Lucio Bastán, Eduardo Félix Llaver y Valentín Mario Rubio. Síndicos suplentes: Salvador Osvaldo Yerfino, Rafael Santiago Calise y Jorge Oscar Inchauspe.
     Del aluvión de comentarios que poblaron las columnas periodísticas en los días siguientes habría mucho material para extraer, pero elegimos dos por tratarse de personajes conocidos a nivel nacional aunque de origen mendocino, lo cual los hacía doblemente conocedores del tema en danza. El ex presidente de YPF y conocido político radical, Facundo Suárez,  expresó sobre la situación que “quizás es la crisis más alta y grave que ha sufrido el país desde que tengo memoria”; mientras que el comentarista Rubén Angel Corbacho ilustraba acerca de lo siguiente: “después de liquidarse el BIR la gente entró en la cuenta de que, desde noviembre, había un 10 % de su capital que corría riesgo y empezó el retiro de fondos de un centenar de bancos y financieras. En 20 días el Banco Central tuvo que disponer de 3 billones de pesos para ayudar a los que estaban en apremios”. De acuerdo a la cotización de la moneda estadounidense en aquel momento, la cifra superaba los mil quinientos millones de dólares.
     Tratando de remarcar constantemente el neto perfil liberal que adjudicaba a su política económica, José Alfredo Martínez de Hoz descartó categóricamente pocas horas después que el gobierno tuviese la intención de “estatizar bancos o grupos de compañías como hemos visto suceder en épocas anteriores”; agregando la posibilidad de que se dispusiera la venta del complejo vitivinícola del Grupo Greco. Por su parte el abogado y político Santiago Felipe Llaver, uno de los pilares del Movimiento de Renovación y Cambio que lideraba Alfonsín y luego gobernador de Mendoza durante la primera presidencia de éste, opinaba públicamente: “Esta es una de las consecuencias de la totalmente perjudicial política económica que se sigue desde el gobierno nacional”. Llaver, que siempre vivió en San Martín, fue uno de los dirigentes políticos que dirigió más embates contra la superconcentración empresarial del holding Greco y el peligro de que produjera un virtual monopolio de la industria vitivinícola.
     Los últimos días de abril fueron abundantes en novedades periodísticas, consignándose el miércoles 30 que el quebranto económico del BIR se calculaba en unos trescientos millones de dólares; mientras que, en relación con el Banco de los Andes, se anunciaba que habían sido puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional los tres principales directivos del mismo, Héctor y José Greco y Jorge Bassil, los cuales serían trasladados a Mendoza para su comparecencia judicial. Al mismo tiempo, se conocían los nombres de los primeros “responsables” designados, por la intervención, para algunas bodegas importantes: José Alberto Masera en Greco Hnos S.A.; Alfredo Jorge Riutor en Resero; Carlos María Jaunarena en Furlotti; Héctor R. Brena en San Jerónimo y Edgardo Galace en Luchessi Hnos. Estas eran solamente cinco de las numerosísimas empresas vinícolas pertenecientes al grupo, y en los días posteriores se fueron conociendo quiénes irían a otros establecimientos.
     El 2 de mayo se publicó que se encontraban alojados en la penitenciaría mendocina Héctor Greco y Jorge Bassil, a disposición del PEN desde el 25 de abril último, lo que confirmaba que ése fue el carácter de su detención desde el primer momento. Añadía la información que ella formaba parte de una causa por monopolio que se investigaba en el Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza secretaría penal B. Allí los detenidos habían sido asisitidos por los abogados Eduardo De Oro, Carlos Alfredo García y Salvador Sar Sar; prestando declaración en esa misma jornada.
     Se daba cuenta, además, en el mismo diario, de que había sido radicado un pedido de quiebra contra Greco Hnos. SACIF por una firma de la provincia de San Juan, en el 2º Juzgado Civil y Comercial de la ciudad de San Martín.
     Siempre manejándose con la fórmula de los “trascendidos”, que generalmente se utiliza para citar pasos judiciales que se encuentran bajo secreto sumarial, el diario Los Andes comentaba el domingo 4 de mayo que Greco y Bassil se habrían abstenido de declarar; agregando que “versiones señalaban que Greco habría ofrecido el traslado de los paquetes accionarios de sus empresas al gobierno para garantizar el pago de las deudas contraídas y alcanzar la libertad”. Mientras tanto, un comunicado del Partido Justicialista aseguraba que el holding había llegado a controlar el 60% del mercado vitivinícola nacional; a la vez que Panorama Financiero confirmaba que el Banco de los Andes registraba la pérdida del 50 % de sus depósitos.
     Otros matices singulares pero sumamente expresivos, respecto del devenir económico nacional, aparecían en los medios de difusión de esos días. Mientras, por una parte, los informes decían que la deuda externa del país había crecido en un 76 % en el término de un año, también se publicaba un párrafo asegurando que “la actual conducción económica argentina fue citada como un ejemplo a seguir por los EE.UU. por el órgano de los empresarios privados de ese país, Wall Street Journal”.
     Respecto del tema que nos ocupa, el 5 de mayo fue rechazado el pedido de quiebra radicado por la empresa Bodegas y Viñedos Lorenzano S.A., de la localidad sanjuanina de Chimbas, contra la firma vitivinícola Greco Hnos. Mientras tanto, en San Martín y su zona de influencia, que en casos como éste se extendía a buena parte de la provincia de Mendoza, se había producido una virtual parálisis de la cadena de pagos a causa de la situación reinante, lo que afectaba en forma directa a los diversos estratos de la producción vitivinícola, actividad madre de la región. En reuniones mantenidas con autoridades con las que por lo menos se podía hablar, a causa de la escasez de información proporcionada, dirigentes de las fuerzas vivas expresaban la necesidad de arbitrar medidas urgentes para evitar una probable “corrida de quiebras”. Este solo dato nos da una idea del profundo peso que las múltiples empresas del Grupo Greco ejercían sobre la economía general del lugar.
     En realidad, todo el mundo había sabido que Greco estaba logrando a un ritmo pasmoso el control de los mayores establecimientos bodegueros de plaza. En la estructura económica de su grupo no parecía faltar precisamente el dinero. Junto a las bodegas también se adquirían, como sucede tradicionalmente en esta actividad, grandes fincas productoras de uvas destinadas a la elaboración de vino, de modo que virtualmente cada día que pasaba era portador de una nueva adquisición de campanillas. El ritmo que llegó a adquirir este tipo de operaciones fue tan insólito que involucró a todo el mundillo de los operadores de negocios, llámense comisionistas, intermediarios, gestores, hombres de confianza, etc. Nadie quería quedar al margen de esta onda incontenible, pues quizá una buena operación de este tipo era capaz de variar el status económico de muchos de ellos.
     Por otra parte, durante casi todo el tiempo que duró su predominio sobre el mercado del stock de vinos, el Grupo Greco operó una transformación vital sobre el mismo. Las empresas bodegueras grandes no se abastecen solamente de su propia producción, sino que en Cuyo es normal la adquisición de vinos elaborados por establecimientos más pequeños, de los que hay cientos que no poseen estructura propia de envasado ni de comercialización. La estrategia desplegada por el grupo destinada a una rápida adquisición, no sólo de las plantas elaboradoras sino también de las existencias de vino de plaza, hizo subir espectacularmente el precio del mismo en las operaciones de transacción, llegando a la cifra de más de un dólar por litro de vinos comunes de mesa a granel, jamás alcanzada en la historia.
     En Mendoza es normal que se use como termómetro del bienestar provincial al nivel de precios que logra este producto en ese tipo de transacciones, pues su efecto se traslada directamente a pequeños bodegueros, viñateros, contratistas y obreros del sector, repercutiendo en beneficio de la economía general al proyectarse a todo el mercado. La suba inusual de ese precio en operaciones reales creó un estado excepcional de movimiento en la población, que aún hoy recuerda con indudable nostalgia “la época de Greco”.
     Fuese por este clima de bonanza que se había adueñado de gran parte de la gente, fuese porque eran muchos los que se beneficiaban con este tipo alocado de negocios, las voces que se levantaban para impugnar la nueva situación eran más bien escasas. El circuito proveedor de fondos era simple y fácil de suponer: se trataba de simple captación bancaria de dinero del público que luego era trasladado a operaciones privadas; pensar en otra cosa hubiera sido algo así como creer en milagros que no son naturales en la economía.
     Sin embargo, se ensayaban también explicaciones distintas, algunas de las cuales rozaban lo fantástico: por ejemplo, suponer que detrás de Greco había capitales de petroleros árabes; existiendo quienes aseguraban haber visto en la zona a misteriosos grupos de personas con las clásicas túnicas blancas.  En suma, las críticas eran más bien pálidas o no lograban demasiada repercusión; de modo que el monopolio se consolidaba sin que hubiese fuerza capaz de detenerlo. Finalmente, esa fuerza se manifestaría a través de la plaza financiera, que no perdona ni hace oídos sordos a la hora de la verdad. El dinero no sólo es el factor más sensible de cualquier estructura económica, sino también el de reacción más inmediata.






SUBVERSIÓN DE EMPRESAS


                                                     
    Una vez producidas en el Juzgado Federal No. 1 de Mendoza las declaraciones de los tres máximos ejecutivos del Banco de los Andes, los mismos fueron trasladados nuevamente a Buenos Aires el 12 de mayo para continuar detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional; pero no se agotaría con esto su paso por la provincia sino que posteriormente deberían comparecer ante un organismo judicial mendocino a causa de la denuncia presentada por un abogado local por “probable comisión de delitos de tipo económico”, a raíz de la cual también serían procesados otros integrantes del grupo. Esto crearía con el tiempo una suerte de doble investigación que generó en determinado momento un conflicto de jurisdicciones.
     Mientras tanto, el día 8 se generó un pedido de quiebra contra el empresario Manuel Cosio, quien fuera el director general del Banco de los Andes y que se encontraba sugestivamente fuera del país desde el momento en que se desencadenara la crisis. Pocos días después el diario revelaba que, según un informe de la intervención, “la deuda total de este empresario con la misma entidad bancaria sería de 25.000 millones de pesos Ley 18188, de los cuales aproximadamente la mitad corresponderían a saldos ya vencidos”.  Traducidos a moneda estadounidense, la cifra rondaba los 14.000.000 de dólares.
     No puede sorprender demasiado este monto si se miran las cosas con los ojos de aquella época en el lugar preciso en que sucedieron. El estilo que habían adquirido los negocios y, particularmente, las transacciones empresarias cuya cabeza visible estaba en la mencionada localidad de San Martín, hacía por entonces que el término “millones de dólares” se hubiera hecho tan común en la calle que cualquier operación que no llegara a esas cifras parecía algo de tono menor. San Martín es una pequeña ciudad que entonces no alcanzaba los cuarenta mil habitantes, pero que constituye la cabecera económica de una zona eminentemente vitivinícola, ramo en el que se concentraron las mayores inversiones del Grupo Greco. Los sanmartinianos recuerdan nítidamente haber vivido una época en la que “aquí había muchos autos Mercedes Benz”, aludiendo a uno de los mayores símbolos de status de aquellos tiempos, que en general tenían como propietarios a gente allegada al holding.
     Casi al mismo tiempo de las citadas revelaciones sobre Cosio, el Centro de Bodegueros de Mendoza, entidad que históricamente ha representado a los mayores elaboradores de vinos, publicaba un comunicado refiriéndose a “el desborde de la concentración oligopólica del Grupo Greco, resultado de prácticas especulativas”; para luego extenderse agriamente diciendo que “ha llegado el momento de limpiar la vitivinicultura, sus gestores, sus dirigentes y actores de la escoria de inmoralidad que los contamina”.
     Otro golpe a la vulnerabilidad pública del sistema financiero nacional se produjo cuando, el 15 de mayo, los titulares periodísticos comunicaban la detención de Raúl Piñero Pacheco, ex director ejecutivo del BIR, así como la del ex gerente general, José Francisco Manochi. Entretanto, la intervención en el Banco de los Andes hacía saber, al través de la Resolución Nº 6, que no se pagaría ninguno de los depósitos a plazo o a la vista de 125 clientes determinados sin requerir previamente dictamen del cuerpo de abogados del Banco Central. Esta fue la primera señal oficial de que las investigaciones que se llevaban adelante en la casa bancaria revelaban irregularidades de monta y que las mismas podrían afectar a un número elevado de personas.
     Sin embargo, en Buenos Aires el juez federal Norberto Angel Giletta aceptó un recurso de habeas corpus en favor de los detenidos, lo que los hubiese llevado a recuperar su libertad, pero ello se vio impedido por un recurso de apelación presentado por el fiscal Julio César Gómez Oroni. En su resolución, Giletta entendía que al arrestar a los involucrados el PEN había asumido facultades judiciales en violación de lo dispuesto en el Art. 95 de la Constitución Nacional “lo que torna ilegítimas y arbitrarias las detenciones ordenadas”. También añadía que “ a casi un mes de ordenado el arresto a disposición del PEN, aún no se ha producido la denuncia judicial del caso”. Llama la atención la ambigüedad con que se discutía la constitucionalidad de medidas dictadas por simple decisión de un gobierno inconstitucional; pero a esa imagen la encontramos permanentemente  a través de la historia argentina, plagada de golpes de estado y aún de “decretazos” emanados de los gobiernos legítimamente electos.
     Sin duda, el asunto había llegado a un momento que exigía pasos mayores, especialmente porque la envergadura del mismo y su seria repercusión en la economía y la opinión pública no permitían mantener la incertidumbre demasiado tiempo. Eso sucedió el 28 de mayo, cuando se produjo la intervención de 44 empresas del Grupo Greco mediante la ley No. 22.229 creada al efecto, estableciéndose una vigencia de 180 días prorrogable por otro plazo de igual duración. Al frente de la intervención fue designado el ingeniero Alfredo Hilding Reganzani, quien había sido director de la sociedad anónima Talleres Metalúrgicos San Martín (TAMET) desde 1.972. Debe recordarse que en aquel momento no existían cámaras legislativas, por lo cual las leyes eran producidas directamente por el gobierno militar.
     La lista de empresas afectadas por la medida, publicada por la prensa, fue la siguiente:
     Greco Hnos. S,A.I.C.A.
     Vinícola Argentina S.A.I.C.A.
     Furlotti S.A.
     Resero S.A.
     Viñedos Argentinos S.A.
     Bodegas y Viñedos Lucchessi Hnos. S.A.
     Bodegas y Viñedos San Jerónimo S.A.
     Tapas Argentinas S.A.
     Bodegas y Viñedos Talacasto S.A.
     Termas de Villavicencio S.A.
     Fuente Mineral San Salvador S.A.
     Orandi y Massera S.A.
     S.A. Bodegas y Viñedos Arizu
     Prensa del Oeste S.A.
     Empresa Constructora Natalio Faingold S.A.
     Quebrachal del Monte S.A.
     Transformadores Mendoza S.A.
     Agroeste S.A.
     Tractoeste S.A.
     S.A. Fiadino, Roggero y Carbonari
     Viñas de Yacanto S.R.L.
     Jesús Villasante S.A.
     Alcovide S.A.
     Los Olivos S.A.
     Rodríguez Peña S.A. (en formación)
     Las Catitas S.A.
     Eucrex S.A.
     Las Acacias S.A.
     Plorant S.A.
     Arroyo de Alpataco S.A.
     Rivaco S.A.
     Renatex S.A.
     Italviña S.A.
     Covinco S.A.
     La Cautiva .S.A
     Tigamer S.A.
     La Favorita S.A.
     Santa Ercilia S.A.
     Hijos de Martín Salvarredi y Cía. S.A.
     Nitucas S.A.
     La Esperanza S.A.
     Metalún S.A.
     Orbis Cía de Seguros S.A.
  
     Pese a que había sido conocida por la población la hiperactividad del grupo, desarrollada a un ritmo veloz y patente en el cambio de mano de sucesivas firmas de importancia en un tiempo extremadamente corto, la sorpresa fue general al conocerse oficialmente el tamaño adquirido por el holding. De todos modos, esas 44 empresas incluidas en la intervención no abarcaban todo el espectro real, sino que más adelante se diría que eran más de 150 las realmente comprendidas en una carrera febril que difícilmente registre parangones en otro tiempo y lugar. Para el resto del país, si se excluye Mendoza por haber estado inmersa en esta vorágine en forma directa, la única reacción posible fue la estupefacción.
      Para muchos la decisión de intervenir las empresas, que se venía temiendo a través de las últimas semanas, constituía una catástrofe porque significaba que el Estado se haría cargo del funcionamiento de un inmenso y variado complejo industrial, aunque fuera por un tiempo determinado. Se temió fundamentalmente que todo ello se convirtiera en un maremágnum burocrático en manos de gente que no había tenido ninguna relación directa con cada empresa ni con sus actividades específicas. En general nunca habían dejado buenos resultados las intervenciones estatales en ninguna parte, aún en casos que no presentaban en absoluto la complejidad del presente. Para otros, en cambio, era el único remedio posible ante un engendro empresarial cuya proyección en el futuro sería de consecuencias inimaginables.
     Por otra parte, también se objetaban los procedimientos jurídicos utilizados en el manejo del tema. Por ejemplo, el diario La Prensa del domingo 1 de junio opinaba que “ el estado carece de atribuciones para disponer la intervención de empresas privadas, facultad reservada a la Justicia, la que ni siquiera actúa de oficio sino a petición de parte interesada”. Con argumentos similares muchos sectores cuestionaban la constitucionalidad de la ley No. 22.229, al tiempo que se recurría a instancias judiciales para tramitar pedidos de quiebra contra distintas empresas del grupo. El Art. 10 de la norma, que generó gran cantidad de discusiones y puntos de vista legales, especificaba que “las acciones de contenido patrimonial, como así también los juicios de naturaleza concursal, existentes o que se dedujeren en el futuro – en cualquier jurisdicción – respecto de las sociedades intervenidas o que se intervinieren con sustento de esta ley, quedan suspendidas por el plazo de 90 días. El Poder Ejecutivo Nacional queda autorizado a prorrogar esta suspensión respecto de todas o algunas de las sociedades intervenidas, por hasta 90 días más”.
     En tanto, el “raid” judicial de Héctor Greco no cesaba, pues el 3 de junio fue llevado a San Juan por el juez federal Mario Gerarduzzi a declarar en el caso CAVIC (Corporación Agroeconómica Vitícola Industrial y Comercial), por el que ya se encontraban detenidos el ex interventor, coronel (R) Héctor Adolfo Delfino y el ex gerente comercial, Aniceto Tinto, acusados “prima facie” de maniobras dolosas encuadradas en la llamada “subversión económica”. Esta figura pertenece a la controvertida Ley 20.840, llamada de Seguridad Nacional y sancionada el 28 de setiembre de 1.974 durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. La norma, de franco tono represivo en el aspecto político, también tiene artículos indudablemente inspirados en la necesidad de ejercer un control especial sobre la economía, por parte de un gobierno alterado por un estado psicótico de enfrentamiento con distintos sectores. Al proceso militar le resultó una herramienta ideal, con la ventaja de que era una ley aprobada por el Congreso de la Nación.
     El destino previsto para las empresas de Greco comenzó a tomar oficialmente estado público ese mismo día, cuando el ministro de Economía de Mendoza, Horacio Martín Doval, anunciaba que “la idea es comenzar a liquidar todo este paquete de empresas”, a lo que se agregaría la opinión del interventor Reganzani de que “habrá que venderlas en funcionamiento”.
     Resulta interesante desviar la atención un instante de estas noticias que hoy, miradas después de dos décadas, nos dan la sensación de pertenecer a un mundo artificial generador de sus propias fantasías económicas desaforadas. Ello fue así, pero también la sociedad estaba inmersa en su interpretación individualista de la circunstancia, como lo revela un pequeño recuadro periodístico del 31 de mayo: “Ingresan al país unos 10.000 televisores color por día, solamente por la frontera de Paso de los Libres”. Ello surgía de la situación existente en el mercado de cambios, con una moneda sobrevaluada que aún no rendía cuentas de su artificialidad y que servía para especular con compras en los países vecinos. Los argentinos admiradores de Martínez de Hoz, que en su momento fueron casi tantos como sus posteriores detractores, creyeron hallar en este tipo de cosas una genialidad que satisfacía sus ancestrales devaneos por adquirir artículos importados. 




DENUNCIA POR CUENTAS PARALELAS

                                                     


     Cuatro años de dictadura militar suelen ser, a pesar de tener todas las riendas del poder en las manos, más difíciles de mantener que el mismo lapso de un gobierno civil, al menos en lo que hace a conservar su naturaleza primitiva. A sus primeras etapas netamente dictatoriales, que por lo común son justificadas por la necesidad de poner orden ante la inacción, corrupción o descomposición extrema del gobierno anterior derrocado, sigue invariablemente otra en la que la clase política comienza lentamente a levantar la cabeza y a verse a sí misma como sinónimo de normalidad institucional. Las órdenes a rajatabla se van convirtiendo paulatinamente en conversaciones de nivel, los funcionarios civiles reemplazan a los militares y todo va adquiriendo un aire de distensión que hace albergar, aunque sea a mediano plazo, la esperanza de futuras elecciones.
     A mediados de 1980 comenzaban a despuntar las primeras opiniones que se animaban a plantear la necesidad de un retorno a la civilidad, pues los cuatro años transcurridos desde el cruento golpe castrense que puso fin al caos supremo del gobierno de “Isabel” Martínez se hacían sentir como ya muy largos para la dirigencia política, a pesar de que periódicamente los más encumbrados jefes militares se turnaban para remarcar en público que el proceso no tenía plazos sino objetivos. No existía, al menos en evidencia, el propósito real de dejar el gobierno en alguna fecha previsible sino que la intención parecía ser establecer una dictadura de cabeza militar con apoyo de sectores civiles de su interés y afinidad.
     Esta pugna sorda pero existente, tácita pero no por ello menos activa, pudo vislumbrase por ejemplo en editoriales de algunos diarios tradicionales del país, entre los que se contaron La Capital (Mar del Plata) y Río Negro (General Roca), donde por los primeros días de junio se pedía una mayor preeminencia civil en el gobierno. De todos modos, aún no se hablaba abiertamente de elecciones constitucionales sino que más bien se abría la puerta para una integración mayor de militares y civiles y, con ello, un consecuente avance de los cuadros políticos. Tal vez todo eso habría llegado a su cristalización, pues la ciudadanía en general no evidenciaba mayor apuro por el retorno a la democracia; pero el andamiaje se caería tiempo después por la aparición de una contingencia que sería fatal para las ambiciones castrenses de perpetuarse en el poder: la guerra de Malvinas y su desastroso resultado para los argentinos.
     El 6 de junio del ´80 otra noticia retumbante engrosó el anecdotario del descalabro financiero y su correlato judicial, cuando se conoció que el juez federal Nicasio Dibur había dictado la prisión preventiva de Raúl Piñero Pacheco (director ejecutivo del BIR) y el embargo de sus bienes por la suma de ochenta mil millones de pesos Ley, en un proceso caratulado como subversión económica. El mismo término era utilizado casi simultáneamente  por el juez federal Gerarduzzi, en San Juan, para calificar como “sospechado” de ese delito a Héctor Greco, a quien devolvió en carácter de incomunicado a la Capital Federal.
     Al margen de todo ello, otras cosas sucedían en la sociedad argentina que revelaban un agudo proceso de deterioro de las clases media baja y pobre: progresivamente había ido instalándose en las columnas de agrupados de los diarios gran cantidad de avisos anunciando la compra de oro a particulares, práctica que se extendió al comercio formal e informal y creó en poco tiempo numerosas bocas de recepción en cualquier ciudad grande o pequeña del país. La existencia de un precio relativamente alto (el 12 de junio la onza troy cotizaba internacionalmente a 626 dólares) hizo que un enorme porcentaje de los habitantes del país decidiera sacrificar pertenencias como anillos, relojes, cadenas, pulseras, medallas y recuerdos familiares para convertirlos en dinero. La inmensa cantidad de oro que cambió de mano en esa etapa nunca pudo ser registrada, por las características propias de ese comercio que frecuentemente se hacía sin comprobantes, pero seguramente se trató de una de las transferencias silenciosas más elocuentes a la hora de medir el rápido empobrecimiento de una sociedad. También hubo muchísimos argentinos que convirtieron su oro en dinero para entrar en el juego de los intereses financieros.
     Los distintos puntos de vista jurídicos se ponían de manifiesto, en tanto, a la hora de encuadrar las actuaciones judiciales en torno al caso Greco, como lo evidenció por ejemplo el titular del séptimo juzgado civil y comercial de Mendoza, Adolfo Rodríguez Saa, quien declaró inconstitucional a la ley 22.229 (de intervención a las empresas del grupo). Ello ocurrió en el expediente “Cañomat por quiebra a Bodega y Viñedos Arizu” y el magistrado adujo que dicha norma hería los principios de igualdad ante la ley. El dictamen expresaba que la misma “preserva el patrimonio de las empresas a costa de los acreedores por ellas afectados”. También numerosos y conocidos abogados del foro mendocino esgrimían similares argumentos al criticar severamente su vigencia, creándose una polémica pública entre detractores y defensores que no resultaba extraña en un país que venía flotando en una ambigua interpretación de lo constitucional.
     El 15 de junio los medios de difusión publicaron el anuncio del presidente del Banco Central, Enrique Folcini, sobre la iniciación de proceso a propietarios y funcionarios de los bancos BIR, Los Andes, Oddone e Internacional; en tanto que según declaraciones de algunos delegados interventores se estimaba que en realidad las empresas que constituían el grupo Greco eran alrededor de 170. También se hablaba del profundo condicionamiento que la situación producía en el mercado vitivinícola, tal como lo refleja un documento de la cámara empresaria de San Martín al expresar que “el precio del vino es envilecido por imperio de las circunstancias”. La fractura producida por la caída del holding a través del cual se había multiplicado ese precio a niveles nunca conocidos, se hacía sentir dramáticamente en un mercado que ahora retornaba a sus cauces naturales y que, en gran medida, estaba fuertemente condicionado por la política a seguir por la intervención.
     También la justicia de San Martín tomaría cartas directas en el asunto cuando, el 18 de junio, el abogado local Luis José Bustos presentó en la 2ª. Fiscalía de Instrucción de esa ciudad una denuncia por “la probable comisión de delitos de tipo económico” por parte de Héctor Greco, personas y empresas incluidas en la lista anexa a la resolución Nº 7 de la intervención en el Banco de los Andes. En la misma se denunciaba la existencia de cuentas paralelas que habían permitido a sus poseedores la extracción de elevadas sumas de dinero, “con la participación necesariamente dolosa, en la mayoría de los casos, de funcionarios y empleados del banco”. La denuncia fue elevada para su instrumentación al 2º. Juzgado de Instrucción, a cargo del juez Alberto Acevedo.
     Por su parte, el día 19 el juzgado federal de Mendoza dictó la prisión preventiva de Héctor Greco, José Greco y Jorge Bassil en una causa por averiguación de concentración monopólica en la industria vitivinícola. El juez Gabriel Guzzo actuó “ante carencia de investigación administrativa oficial, pese a las denuncias públicas”, trabando embargo a cada uno de ellos por $ Ley 1.647.600.000.
     La documentación secuestrada detallaba porcentajes que los procesados habían poseído en estas empresas del ramo: Greco Hnos. SACIF (80,65 %); Livy SA (100 %); Arizu (91 %); Vinícola Argentina (34 %); Jesús Villasante (100 %); Emilio Gaberione (50 % y el 50 % restante en manos de Greco Hnos.); Fiadino, Roggero y Carbonari (100 %); La Cautiva (44,87 %); Encrec (100 %); Guinevet (100 %); Plorant SA (100 %); Retan SA (100 %); Nitucas SA (100%); Rivaco SA (100%); La Esperanza (100%).
     También les adjudicaba ser accionistas principales de Bodegas San Jerónimo; Luchessi Hnos.; Resero; Los Helechos; Los Olivos S.A.; Rodríguez Peña S.A.; Las Catitas S.A.; Viñas de Yacanto; Arroyo de Alpataco; Covinco S.A.; La Favorita S.A.; Santa Ercilia; Las Acacias; Furlotti S.A.C.I.F.I.M.A.,;Bodegas Esmeralda; Enrique Arizu e Hijos; La Vendimia S.A.; Santoro S.A. y Bodegas y Viñedos El Globo. (Estas, con paquetes accionarios comprados por algunas de las empresas mencionadas en el párrafo anterior).
     Continuando con la seguidilla emprendida contra los ejecutivos de bancos involucrados en holdings empresarios, el 24 de junio fue dictada la prisión preventiva para miembros del grupo Oddone, incluyendo un embargo por pesos Ley 1.108.800.000.000 (como se ve, ya la moneda vigente resultaba traumatizante a la hora de calcular las cifras con sentido de la realidad, lo que podía achacarse en parte a la desvalorización permanente pero también apabullaba por las dimensiones de los capitales involucrados. La medida del juez Giletta alcanzaba a Luis Alberto Oddone (h), presidente del banco y del grupo; Juan Domingo Acosta, gerente de la casa central y Héctor Antonio Díaz, empleado y funcionario de la oficina que centralizaba la operativa de todas las empresas. Incluía, además, a los directores titulares, por negligencia en el cumplimiento de sus funciones.
     En medio de este tremendo ruido que ocupaba los espacios centrales en los diferentes medios de difusión, en lugar mucho más pequeño aparecía un informe del mensuario Veritas dando a conocer que el aumento de las quiebras en los primeros cinco meses de año, en relación con los mismos del año anterior, era del 41 %. Sector más afectado: la industria.



LAS CARPETAS “FANTASMA”

  

    El grupo Greco fue declarado “incurso en subversión económica” el 25 de junio por Fernando M. Zavalía, juez en lo Criminal y Correccional Federal. La figura utilizada era la de responsabilidad por el delito previsto y penado por la Ley 20.840 de Seguridad Nacional. Transcribimos tres artículos de la misma, que son los que habrían tenido relación con este tipo de casos:
     Art. 6º.- Será reprimido con prisión de dos a seis años y multa de diez mil a un millón de pesos, si no resultare un delito más severamente penado, el que, con ánimo de lucro o maliciosamente, con riesgo para el normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación comercial, industrial, agropecuaria, minera o destinado a la prestación de servicios, enajenare indebidamente, destruyere, dañare, hiciere desaparecer, ocultare o fraudulentamente disminuyere el valor de materias primas, productos de cualquier naturaleza, máquinas, equipos u otros bienes de capital, o comprometiere injustificadamente su patrimonio.
     Las penas señaladas se agravarán en un tercio:
a)      Si el hecho afectare el normal suministro o abastecimiento de bienes o servicios de uso común;
b)      Si condujere al cierre, liquidación o quiebra del establecimiento o explotación.
Las penas se elevarán en la mitad:
a)      Si el hecho causare perjuicio a la economía nacional;
b)      Si pusiere en peligro la seguridad del Estado.
     Art. 7º.- Será reprimido con multa de cinco mil a doscientos mil pesos, el que por imprudencia o negligencia o violando los deberes a su cargo, cometiere algunos de los hechos mencionados en el artículo anterior.
     La pena será de prisión de seis meses a dos años y multa de diez mil a trescientos mil pesos, en los supuestos contemplados en los párrafos segundo y tercero del mismo artículo.
     Art. 8º.- En las mismas penas incurrirán los directores, administradores, gerentes o liquidadores de una persona jurídica o colectiva, que a sabiendas prestaren su consentimiento o concurso para la realización de los actos mencionados en los arts. 6º y 7º.
     También, el art. 12º expresaba que los procesados por delitos contemplados en la norma no gozarían de la excarcelación, ni los condenados podrían beneficiarse con la condena de ejecución condicional; con excepción de los contemplados en el art. 7º.
     La crónica informó que se había dictado prisión preventiva para Héctor Greco, José Greco y Jorge Bassil, además del contador público Miguel Patricio Scally, el médico Antonio Elías, el arquitecto Elías Ram y el comerciante Avelino López Moreno; trabándose embargo por hasta $ 50.000 millones sobre los bienes de cada uno.
     También se comentaba una declaración de Héctor Greco en la que consignaba que, al adquirirse el paquete accionario del Banco de los Andes, el mismo ocupaba el 67º lugar en la captación de depósitos; en tanto que antes de la liquidación del BIR alternaba con éste el liderazgo de esa actividad.
     En San Martín también la justicia estaba activa en el mismo tema; trascendiendo detalles de demandas por ejecución cambiaria en un juzgado civil de esa localidad contra Corcolen S.A., Manuel Cosio, Angel Pedro Falanga, Carlos Dante Cónsoli, Luis Bront y dos empresarios apellidados Toledo.
     En otro ámbito de la cuestión, el interventor Hilding Reganzani aseguraba a dirigentes gremialistas de FOEVA (Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines) que no se producirían despidos masivos en las empresas del grupo, alternativa que se temía probable ante la incertidumbre existente sobre el futuro de las mismas. Como podrá verse más adelante, el destino de esos trabajadores fue dispar y hay una cantidad considerable de ellos que hoy, después de veinte años de desbaratado el holding, aún no han terminado de percibir sus indemnizaciones. A su vez el matutino porteño La Prensa publicó la noticia, a principios de julio, de que la provincia de Mendoza estaba segunda en el país en quebrantos comerciales, con un monto de $ Ley 36.000 millones.
     El 4 de julio se conoció la prisión preventiva dictada contra el vicepresidente del BIR, José Francisco Manochi; el gerente general, Alcides Eugenio Levis y el contador general, Juan Carlos Sotomayor, por parte del juez Nicasio Dibur; añadiéndose días después el pedido de captura de José R. Trozzo, ex titular del banco. El mercado financiero revelaba una tendencia francamente alcista, con operaciones de hasta el 92 % de interés anual en mesas de dinero, que en pocos días llegaría al 100 % en plazos largos; mientras que la pizarra de los bancos ofrecía entre el 68 y el 73 % anual en plazos fijos a 30 días. El dólar marcaba los siguientes guarismos: comprador, 1.866, vendedor, 1.876. El índice del costo de vida reflejaba un aumento del 5,7 % en el mes de junio. El vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal, manifestó que la deuda del Banco de los Andes con el estado nacional era de 1,5 billones de pesos.
     La estructura impositiva de Argentina continuaba sufriendo por aquellos días transformaciones que, según se decía, tendían a concentrar diversos gravámenes existentes para evitar dispersiones y acumulaciones anárquicas de los mismos; pero que sucesivamente iban mostrando su realidad de impuestos globales, acumulados y perdurables. Así, a partir del 10 de julio se generalizó la aplicación del IVA a la casi totalidad de bienes y servicios; aunque por otra parte se anunciaba que sería eliminado el aporte patronal del 15 % sobre los salarios.
     El día 11 se conocieron algunos puntos de una denuncia presentada ante el juzgado federal de Mendoza por el abogado Luis José Bustos, el mismo que originara la radicada en el 2º. juzgado de instrucción de San Martín veinte días antes. En esta oportunidad, fue por violación de la Ley 20.840 que reprimía la subversión económica y el vaciamiento de empresas y comprendía a Héctor Greco, Manuel Cosio, Marta Toledo de Cosio; gerentes, síndicos, directores, directores secretarios y personal jerárquico del Banco de Los Andes. También alcanzaba a los funcionarios del Banco Central que acordaban o llegaron a acordar préstamos a éste en los últimos dos años. El denunciante aducía el “ingreso fraudulento de sumas de dinero, principalmente en la casa matriz, para lo cual se habría utilizado el recurso conocido como “carpetas fantasmas” o “paralelas”, expediente por medio del cual se “obtenía a su vez cuantiosas sumas de dinero del Banco Central de la República Argentina”, que, “según es público y notorio el Banco de los Andes S.A. no estaría en condiciones financieras ni económicas de reintegrar”. Añadía que estas carpetas implicaban declaraciones juradas de bienes falsos efectuadas al banco por parte de las personas denunciadas; estimándose perjuicios que podrían ascender al equivalente de mil millones de dólares.
     La operatividad del banco parecía haber adquirido también, en sus últimos tiempos, otras formas según el caso de que se tratase, como muestra de lo cual traemos a colación un artículo periodístico que expresaba que “Gendarmería Nacional tendría la responsabilidad de investigar una operación financiera en la que se encuentran en juego 22.500 millones de pesos (unos 13 millones de dólares)”. Hablaba luego de los denunciantes  Antonio Palmieri, Edgardo Héctor Palmieri y Héctor Rivarola, socios en una empresa dedicada a negocios inmobiliarios, con cuenta corriente Nº 2433/2.
     Los mismos aducían que, habiendo solicitado un crédito por $ 200 millones varios meses antes, recibieron la promesa de su cumplimentación en el lapso de 48 horas, para lo cual debieron dejar tres cheques en blanco firmados en garantía. Siempre según la versión, transcurrido un plazo sin resultados Cossio les habría ofrecido una operación mucho mayor que sería avalada mediante una fianza y una prenda sobre vinos, lo que ellos habían rechazado. Sin embargo, decían, sus tres cheques en blanco habrían sido llenados por el banco con cifras que ascendían en conjunto a los 22.500 millones de pesos citados.
     Los medios de prensa afirmaban el 14 de julio que las deudas del grupo ascendían en realidad a 2 billones de pesos. También se hacían eco, por aquellos días, de un tema que no guardaba relación con el caso que nos ocupa pero que sí tuvo especial repercusión en el ambiente periodístico: James Neilson, director del diario Buenos Aires Herald, declaraba que él y su familia eran objeto de intimidaciones y molestias con el aparente propósito de forzarlo a abandonar la Argentina.
     El 24 de julio el interventor Hilding Reganzani daría a conocer que la Tesorería General de la Nación sólo pagaría el 50 % de las deudas a cada acreedor del grupo Greco, quedando excluídas sociedades o personas que directa o indirectamente conformaron el conjunto económico a través del Banco de los Andes; anuncio éste sobre el que llovieron en primera instancia las críticas y la desaprobación de múltiples sectores pero que una vez digerido fue juzgado como conveniente por gran parte de los afectados. Esto ocurría especialmente con los pertenecientes al comercio del vino, conscientes de que los precios en que se habían pactado las operaciones eran indudablemente desmedidos para lo habitual. El arreglo propuesto fue considerado por muchos como un buen negocio, máxime teniendo en cuenta que el futuro se presentaba incierto y que una eventual quiebra de las empresas podía dilatar hasta lo imprevisible la solución del problema.
     La diversidad de las interpretaciones judiciales sobre el caso no disminuía con el correr de las actuaciones. A fines de julio el titular del 1er. Juzgado Civil y Comercial de San Martín, Félix Barocchi, declaró la inconstitucionalidad del Art. 10º de la ley 22.229, manifestando que “la asistencia que se debe dar a la deteriorada economía cuyana no constituye un acto de buena voluntad o una concesión graciosa”; además de entender que el fracaso de las sociedades mercantiles del ex grupo Greco necesariamente debía provocar la puesta en marcha del proceso concursal preventivo. Esta resolución tuvo un eco idéntico en su colega del 2º. Juzgado, Julio Bittar. Sobre el mismo tema, la Federación Argentina de Colegios de Abogados expresaba “su preocupación por el dictado de la ley 22.229 y la resolución 967/8 del Ministerio de Economía que afectan la división de poderes y el control de la legalidad”.
     Al mismo tiempo, el diario Los Andes publicaba que “el doctor Alberto Acevedo, titular del 2º juzgado de instrucción, habría confiscado en la casa matriz del Banco de los Andes las denominadas “carpetas fantasma”. El rápido avance de este asunto se confirmó el 6 de agosto, día en que se anunció la detención de más de 40 personas por orden de este juez; contándose entre ellas el miembro del directorio Juan Milordo; Héctor Bruno, subgerente general; el titular de la sucursal San Martín, Eduardo Valenzuela y la subgerente, Ana María de Santibáñez. Se agregaban directivos de empresas del grupo y conocidos empresarios de la zona; además de declararse prófugos a otros más de similar nivel, incluyendo ejecutivos del banco. Varios de los detenidos recibieron la excarcelación bajo fianza real en las horas siguientes, pero continuaron con la detención los cuatro mencionados en primer término. Días después, también en relación con el tema de las carpetas fantasma, el magistrado hacía trasladar a San Martín a Leonardo Angel Bistolfi y Juan Emilio Stra, propietarios de la bodega El Desvío SA del departamento mendocino de General Alvear.
     Las medidas instrumentadas a través de la intervención al grupo Greco seguían provocando la resistencia de distintas entidades vitivinícolas, quienes publicaron un comunicado declarando “personas no gratas” a Reganzani y sus colaboradores; recordando también que existían “grandes perjuicios desde el punto de vista económico y social debido fundamentalmente a la falta de valores morales y éticos en el manejo de un conjunto económico a quien un sector de la economía de Cuyo confió sus intereses”.
     El 15 de agosto se anunciaba que los Greco y Bassil habían dejado de estar al disposición del Poder Ejecutivo Nacional, aunque continuaban detenidos por juicios ordinarios. Esta noticia llevaba a pensar en un ablandamiento del tema, así como también en la posibilidad de que se entrevieran soluciones diferentes a las que hasta ese momento aparecían como más probables, es decir las que respondían a un concepto rígidamente intervencionista. Esa especulación estaba, en alguna medida, justificada por las repercusiones económicas y sociales que podía llegar a tener el “crack” definitivo de un grupo empresarial tan extendido. En tanto, el Banco Central enviaba a Mendoza 40.000 millones de pesos para pagar deudas del holding.
     Pero la avalancha de problemas emergentes de entidades financieras no cesaba, sino que confirmaba la existencia de todo un orden resultante de una política económica que había favorecido la captación de una inversión desmesurada, posteriormente utilizada con fines propios. Por esos días, en Buenos Aires el juez federal Pedro Narváiz encuadraba en el delito de subversión económica a seis directivos de la Cooperativa Caja de Crédito Murillo, dictando su prisión preventiva; mientras que en Mendoza la suprema corte provincial declaraba constitucional a la ley 22.229 de intervención al grupo Greco, saldando con ello una controversia judicial que había tenido como protagonistas a distintos magistrados.
     Otros coletazos del descalabro del sistema financiero, que había estado fuertemente protagonizado por los bancos argentinos privados, se ponían de manifiesto en forma elocuente. Comentarios económicos publicados el 20 de agosto daban cuenta de que se estaba produciendo una fuerte transferencia de depósitos a los bancos oficiales y también a los extranjeros, en una búsqueda de mayor seguridad por parte de quienes antes se habían sentido atraídos por los cantos de sirena de las mayores tasas de interés. Una nueva alternativa de inversión estaba despuntando: el presidente del Banco de la Nación Argentina anunció que se podrían hacer depósitos a plazo fijo en dólares. En tanto, se calculaba que la deuda externa nacional era de alrededor de 19.000 millones de dólares, cifra coincidente con la que, según estimaciones, se encontraba invertida en bancos y financieras.

     



UNA ENTIDAD PRECURSORA



    También por esos días el juez Acevedo, de San Martín, libró un exhorto al juzgado federal No. 6 de Buenos Aires solicitando el traslado de los principales directivos del grupo Greco, por lo que en esa ciudad mendocina creció la expectativa acerca de una investigación que, al menos, se desarrollara en su propio ámbito. La característica desesperanza que invade a la gente del interior cuando un asunto propio es derivado a la Capital Federal también comenzaba a hacerse sentir en sus habitantes, que habían conocido de cerca todos los sucesos del caso, con alternativas que eran de su consumo diario, pero cuyas resoluciones actuales los tenían como simples espectadores desinformados.
     Las jornadas siguientes, sin embargo, parecieron diluir la posibilidad de esa comparecencia al no producirse ningún traslado. Los comentarios periodísticos conjeturaban que el juez Zavalía se había inclinado por la negativa por considerar que él y Acevedo se encontraban realizando investigaciones sobre iguales hechos; consignándose también que los dos magistrados habían mantenido sobre el particular un diálogo cuyo contenido no se hizo público.
     El 27 de agosto se daba a conocer que el Banco de la Nación había instrumentado una línea de préstamos en dólares, lo cual remarcaba la tendencia a operar con esa moneda ante la persistencia de una inflación que hacía ilusorio muchas veces al tipo de cambio oficial. Ese mismo día fue decretada la quiebra del grupo Piñero Pacheco, principal motor transformador del BIR en la época en que éste desarrollara su vertiginoso crecimiento financiero acompañado de cuestionadas operaciones de crédito a numerosas empresas de su influencia.
     No se iría agosto sin otro paso decisivo en el ámbito de las intervenciones: sobre las postrimerías del mes, el Banco Central dispuso la liquidación de los bancos de los Andes y Oddone; informándose que la deuda de ambas entidades con aquél superaba los cuatro billones de pesos. Setiembre  arrancaría con el inicio de devolución de los depósitos a los ahorristas.
     El 12 de ese mes, el juez Acevedo ordenaría el procesamiento y prisión preventiva de Juan Hilario Milordo (miembro del directorio del Banco de los Andes); Alfredo Pérez Alvarez ( ex gerente general); Héctor Bruno (subgerente general); Bernardo Valenzuela (gerente de casa central) y Ana María Miladi de Santibáñez (subgerente) por considerarlos prima-facie autores y responsables del delito de asociación ilícita, previsto y reprimido por el Art. 210 del código penal. También insistió con el pedido de captura de Manuel Cosio (director secretario), Angel Pedro Falanga (asesor) y Oscar Fortunato Corradini (ex gerente general).
     En los extensos considerandos de la medida, constantes de 46 carillas,  se habla de 190 causas acumuladas en el mismo proceso; destacándose que ya en la asamblea del 15 de septiembre de 1.978  aparecía una hegemonía prácticamente total del grupo en la tenencia de las acciones del banco, con los hermanos Greco con el 65,55 % y Bassil con el 32,71 %. Ello había sido posible por cesión de acciones por parte de Cossio, Hilarión Vera, Felipe Santaellla y Dalvian S.A. (que al 30 de marzo del ´77 reunían el 47,1 %) y de otros accionistas menores (41,2 %).  También destaca que los Greco y Bassil suscribieron la totalidad de las sucesivas emisiones resueltas por asambleas celebradas a partir del 5 de octubre de 1.977; haciéndose hincapié en la pasividad del resto de los accionistas (más de 10.000 entre personas físicas y jurídicas), los cuales en ningún momento habían ejercido el derecho de preferencia con ajuste de sus respectivas tenencias.
     Seguía explicando que, luego de obtenida la concentración accionaria, que permitía el control del banco, se formó una organización “en la que participaron los directivos y funcionarios más conspicuos de la entidad bancaria”, encargada de concretar “a través de maniobras delictivas la extracción de fondos por sumas fabulosas, para lo cual y en cada caso contaron con la connivencia de terceros, que se transformaron en deudores de la institución por sumas que superan en varias veces su capital en algunos casos, mientras que en otros – la gran mayoría – carecen en absoluto de responsabilidad patrimonial frente a la deuda”.
     Seguía luego una extensa exposición sobre el “modus operandi” de esa organización, como la existencia de boletas de depósito en las que se consignaba efectivo, cuando en realidad lo que se depositaba eran los cheques con que se retiraban las sumas de los créditos acordados; añadiendo que nunca se pagaron en efectivo esos cheques, lo que hubiera resultado imposible ya que sus montos superaban varias veces la capacidad del tesoro del banco.
     Situaba en un número aproximado a 130 las carpetas que se hallaban en esas condiciones, solamente en San Martín y su zona de influencia; precisando que dentro de esa casa central se montó una sección que tendría a su cargo la tramitación y ejecución de las distintas operaciones de crédito que se realizarían en las carpetas de las denominadas empresas del grupo Greco y en las de los “presta nombres”. Este término utilizado por el magistrado es lo suficientemente claro y elocuente para hacer innecesarias mayores precisiones sobre su carácter.
     Sobre estas personas, consigna que se les hacían firmar generalmente varias solicitudes de crédito en blanco y correlativamente debían dejar firmados también en blanco los cheques necesarios para luego extraer los fondos que se fabricaban con las operaciones de créditos fraguadas. Pero, además, el dictamen determina que había clientes que ni siquiera estaban enterados de su participación en ellas, al decir por ejemplo que “la falsificación de firmas se demuestra a través del caso de la carpeta 3852-6 perteneciente a Julio Aparicio Gomina. Al ver los bienes que figuraban a su nombre encontró que estaban falseados y también su firma......... El grupo lo había comprometido por más de $ 3.700 millones”.
     También expresa que se detectaron maniobras dolosas mediante bonificación de intereses, que favorecieron a Teresa de Falanga (esposa de Angel Falanga) por un total de $ 160 millones; a Juan Milordo se le bonificaron casi 213 millones en una oportunidad, 19 en otra y luego posteriores beneficios que también fueron aprovechados por Cosio, Falanga, Arnau, Llanes, Martín, Greco Hnos., Buenaventura Rodríguez y otros.
     El Banco de los Andes contaba, a la fecha de su intervención, con 1.041 empleados de los cuales 296 revistaban en la casa central de San Martín y un total de 424 en la provincia de Mendoza. El ritmo febril de su crecimiento, manifestado a través de sucursales que iban apareciendo como hongos en todo el país, estuvo acompañado en todo momento de un concepto de la dinámica bancaria que fue considerado precursor. El nivel de eficiencia y rapidez con que se desarrollaban sus actividades superaba a la generalidad de las entidades existentes en aquel momento, razón por la cual se constituyó prontamente en preferido por un gran número de clientes que se declaraban satisfechos de la atención recibida. Ello le permitía una efectiva inserción en la comunidad y, consecuentemente, la predisposición de ésta a confiarle su dinero.
     Aún hoy, a principios del siglo XXI, mucha gente añora la celeridad que tenían sus operaciones en una época en la que los bancos eran el eje indiscutido de cualquier actividad económica en desarrollo. Como una muestra de ello, se recuerdan las agencias móviles que recorrían toda la zona de influencia atendiendo a una clientela compuesta en su mayoría por productores rurales, que de ese modo se integraban activamente al banco sin necesidad de trasladarse continuamente a sus sucursales.
     En la última semana de setiembre se dio a conocer la decisión del Banco Central de promover el juicio de quiebra del BIR. Mientras, en ámbitos gubernamentales se calculaba que los primeros ocho meses de 1.980 habían dejado un déficit fiscal de  4 billones de pesos en las arcas de la Nación.. Los nuevos precios de las naftas eran de $ 1.090 para la especial y $ 900 la común, mientras que el dólar finalizó el mes a $ 1.930.




QUEBRAR O NO QUEBRAR




     La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó, el 2 de octubre, la prisión preventiva de Héctor y José Greco y Jorge Bassil dictada por el juzgado No. 1. La medida había sido tomada por el juez federal Gabriel Guzzo y era el segundo caso del mismo fuero que afectaba a dichos protagonistas, ya que el primero fue impuesto por el magistrado Gerarduzzi en San Juan por el caso CAVIC.
     El texto de la confirmación hablaba de la existencia de “una concentración de empresas – que estaría controlada por los procesados – vinculadas a las fases principales del proceso económico vitivinícola, o sea, a los fenómenos de producción, distribución, circulación y consumo. Aquel proceso de concentración se habría operado de forma ciertamente acelerada e incluso se habría realizado utilizando algunos medios deshonestos”. Además de hacer constar la tenencia, por el grupo económico, de un muy elevado volumen de vino, puntualizaba sobre “la creación de una potencia de poder sobre el mercado que permitiría imponerle un curso artificial, disponiendo incluso de un elevado porcentaje de las bocas de expendio esparcidas por gran parte del territorio nacional, restringiendo la libertad de contratación”.
     El gobierno militar, en tanto, daba una señal concreta sobre la finalización del largo tramo del unicato del general Jorge Rafael Videla como presidente del país, al anunciar que el también general Roberto Viola lo sustituiría en el cargo a partir del 29 de marzo de 1.981. Ese cambio, del que se venía hablando desde hacía ya bastante tiempo sin que acabara de confirmarse, llevaba a hacer variadas conjeturas según el interés de quien las formulase. En primer lugar, el anunciar casi siete meses antes el recambio de un mandatario castrense por otro era una forma bastante convincente de demostrar que los militares no contemplaban en absoluto su alejamiento del poder en el corto plazo; pero, además, también servía para disuadir a aquéllos que especulaban acerca de un debilitamiento de Videla en la cadena de mandos.
     Debe recordarse que, cuando la junta militar dio el golpe de estado en 1.976, en primera instancia se difundió la intención de que la cabeza del poder fuera rotando en un representante de cada arma (ejército, armada y fuerza aérea) cada cierto tiempo, pero ello no había ocurrido en ningún momento sino que, en cambio y recién después de cinco años, la presidencia sería ocupada ahora por otro jefe del ejército.
     Pero no había muchas cosas que alentaran a quienes esperaban infructuosamente un retorno a la normalidad institucional, de modo que cualquier cambio servía para revolver un poco el ambiente y engendrar especulaciones y suposiciones. Como ocurre en épocas de censura y autocensura, los comentarios de la prensa eran siempre ambiguos, cautelosos y cargados de interrogantes que más cumplían con su misión de llenar páginas que con el real ejercicio de la opinión. En cuanto a la dirigencia partidista, quizás el desencanto existente estuvo representado en una solicitada publicada en los diarios el 11 de octubre por el MID (Movimiento de Integración y Desarrollo) donde su titular y ex presidente de la Nación, Arturo Frondizi, exponía que “el diálogo político dista, a la fecha, de haber arrojado los resultados que son deseables”.
     Pero otro tema quizás más urticante, también relacionado con la fuerzas armadas, figuraba en los periódicos del 13 de octubre: allí se especificaba que más de 5.000 efectivos del V Cuerpo de Ejército realizarían maniobras en la localidad de Ricardo Rojas, a escasos 60 kilómetros de la frontera con Chile. Entre ambos países había tomado volumen una antigua disputa limítrofe por la jurisdicción sobre el Canal de Beagle, estratégico paso del extremo sur que los dos reclamaban. Desde épocas inmemoriales, los ejercicios militares en la frontera han denunciado siempre un endurecimiento de posiciones o, al menos, una intención amedrentadora; de modo que en dos naciones en las que había muy poco de qué hablar, como eran Argentina y Chile en los años de dictadura, se les daba especial relieve a estas expectativas que no hacían otra cosa que inflar los diversos conflictos fronterizos que ambas habían mantenido en el tiempo.
     Más noticias sobre el tema irían apareciendo a corto plazo, como por ejemplo una del 18 de octubre diciendo que “acusado de espionaje fue detenido en Punta Arenas el capellán del Ejército Argentino y de la Unidad Penitenciaria 15 de Río Gallegos, presbítero salesiano Germán Casse”. Fue uno de los distintos escarceos que tuvieron lugar en una época en que este conflicto pareció ponerse más caliente.
     Volviendo al caso Greco, por esos días el diario Los Andes publicaba que “según estimaciones del Dr. Acevedo (juez de San Martín) las carpetas fantasmas habrían insumido un perjuicio de 3 billones 500 mil millones de pesos. En tanto, la Cámara del Crimen  de San Martín fallaba en contra una apelación presentada por los defensores de los cinco directivos y funcionarios del banco procesados por Acevedo. Los abogados de Bruno, Valenzuela y Santibáñez aducían a favor de éstos que recibían órdenes de una persona dueña del banco privado más importante del país, presidente de la Bolsa de Comercio, líder de un reconocido grupo empresarial, agasajante y agasajado de y por autoridades públicas, provinciales y nacionales y titular de más de cincuenta empresas (léase Héctor Greco). También destacaban la creencia de los imputados de que “todo estaba bien”, ya que el Banco de los Andes S.A. había sido objeto de dos inspecciones por parte del Banco Central de la República Argentina sin mayores objeciones y éste autorizaba la apertura de nuevas sucursales, lo que significaba que el funcionamiento bancario era correcto y acorde al sistema legal vigente.
      Al respecto, la opinión del camarista Luis Palazzo decía que “ las plurales constancias probatorias colectadas hasta este estadio procesal, al igual que una cadena ininterrumpida de indicios, abundantes y concordantes, conllevan a dar por acreditados los requisitos tipificantes del delito de asociación ilícita y del quehacer querido y con asentimiento de los encartados....”. Agregaba, empero, que “debe tenerse presente que el señor Juez de Instrucción se ha visto privado de merituar pruebas importantes, destacándose las posibles indagatorias de Héctor Osvaldo Greco, José Greco y Jorge Bassil, negados por la Justicia Federal, lo que le obligó a recurrir a la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia, procurando la concurrencia de aquéllos”.
     Sobre los otros dos procesados, el miembro del directorio Juan Milordo y el gerente general Mario Alfredo Pérez, el juez Lino Villar entendió que “resultan poco convincentes las manifestaciones de ambos funcionarios de ser ajenos a la organización delictiva montada con el afán inequívoco de cometer delitos indeterminados”; en tanto que el tercer integrante de la cámara, Roberto Martínez, ponía en duda si “podían ignorar que la casi totalidad  de los créditos otorgados por el banco y que se realizaban en la oficina que dirigían la Sra. de Santibáñez, Bruno y Valenzuela eran volcados casi íntegramente al patrimonio personal del Grupo Greco”.
     Aunque con una disidencia parcial, el tribunal confirmó la prisión preventiva y procesamiento de los cinco detenidos, además de conceder dos meses de prórroga al juez de instrucción para proseguir la investigación de la causa.
     Los típicos guarismos oficiales de fin de mes, que generalmente sirven para reactualizar la sensación de crisis en la opinión pública con la contundencia de los números, pronosticaban que el aumento del costo de vida en 1.980 rondaría el 95 %, lo cual denotaba una acentuación del problema con la proximidad del fin de año. El 28 de octubre el presidente Videla realizó una visita oficial a Mendoza y afirmó, ante la consulta periodística sobre el caso Greco: “las empresas serán liquidadas o vendidas”. Pero otro fantasma se acercaba lentamente a los argentinos, seguramente el más inexcusable del siglo por su falta de explicación y sus dolorosos resultados: el 30 de ese mes, los diarios publicaban una opinión del entonces ministro de Bienestar Social, contralmirante Rosendo Fraga, quien expresaba que “así como las islas (Malvinas) fueron ocupadas (por Gran Bretaña) por la fuerza, pueden ser restituídas de la misma forma”. El tiempo confirmaría sus palabras.
     Más sobre problemas bancarios: el mismo día encontramos una nota en el diario Los Andes con el título “Estarían en crisis 56 entidades financieras”. Allí se afirmaba que “según estimaciones de investigadores privados, la cartera de morosos de algunos bancos y financieras ha crecido en los últimos tiempos a la velocidad de la luz. Estiman en 5.200 millones de dólares al conjunto de los créditos impagos en 56 instituciones de primera línea. En muchas de ellas, ese endeudamiento supera el margen del 30% del dinero total destinado a préstamos. Cuando un banco supera ese margen se encuentra técnicamente en falencia y podría ser liquidado”.
     También el citado matutino comentaba la existencia de un pedido de inhibición formulado por el juez federal Guzzo en perjuicio de su par Acevedo. El diario agregaba que “esta corresponsalía (la de San Martín) pudo establecer que continúa aquí la instrucción de las causas por defraudación que involucran a casi un centenar de personas”.
     Noviembre se iniciaba con una noticia proveniente del Vaticano, donde habían sido definidas como “completamente infundadas” algunas informaciones publicadas días antes sobre una presunta mediación papal para el conflicto del Beagle con Chile. En otro orden de cosas, la superintendencia de la Tesorería General de la Nación informaba que su déficit durante el ejercicio 1.980 alcanzaría los 8, 8 billones de pesos, un 140 % más de lo que originalmente se había planteado.
     Sorpresivamente, el día 12 se publicó que los hermanos Greco y Bassil habían dejado de estar a disposición del Poder Ejecutivo, incluidos en un total de 160 personas beneficiadas con la misma situación. Debe recordarse que aquélla era la época de la dictadura militar, donde periódicamente se modificaba la condición de una cantidad determinada de presos políticos, algunos de los cuales quedaban en libertad y otros podían optar por su salida del país. De todos modos, resultaba extraño que los tres directivos también estuviesen en esas listas, pues su caso resultaba totalmente ajeno al de los demás. Se llegó a decir que ello simplemente había obedecido a un error burocrático; pero lo cierto fue que no recuperaron su libertad.
     Otro eslabón más se agregaría a la cadena de clausuras ordenadas por el Central cuando, el 19 de noviembre, se informó sobre el cierre del Banco Sidesa antes de que cumpliera un año de vida. De este modo, ascendían a 18 las entidades financieras que corrieron la misma suerte en el país desde que el 7 de marzo cayera la compañía Promosur iniciando un proceso tan agudo como veloz.
     El Poder Ejecutivo Nacional dispuso el día 21 que la intervención solicitara judicialmente la quiebra de 37 empresas del grupo Greco y la venta de los paquetes accionarios de otras 8. La medida provocó un clima de catástrofe en distintos sectores, de los cuales no fue el menor el de los trabajadores, que habían vivido en estado de zozobra durante prácticamente siete meses y ahora veían en peligro de desaparición a sus fuentes laborales. Su alarma no sólo se justificaba por eso, sino que el tiempo serviría también para demostrar que sus indemnizaciones por despido estarían plagadas de problemas y dilaciones que en muchos casos insumirían años de luchas y reclamos.
     Las empresas fueron dividas en tres grupos. El primero, para el cual se solicitaría la quiebra lisa y llana, estaba integrado por Arroyo de Alpataco, Constructora Natalio Faingold, Eucrec, Guinevet, Hijos de Domingo Mauricio, Hijos de Martín Salvarredi, Italviña, Jesús Villasante, La Cautiva, La Esperanza, La Favorita, Las Acacias, Los Olivos, Nitucas, Plorán, Quebrachal del Monte, Retanex, Rivaco, Rodríguez Peña, Santa Ercilia, Roggero Fiadino y Carbonari, Tigamer, Vinos Arizu S.A. y Las Catitas.
     En una segunda lista, para las cuales se solicitaba la quiebra pero con el pedido de que el juez resolviera la continuación de la explotación siempre q      ue ello fuera posible sin el apoyo de recursos estatales, aparecían AgroEste, Lucchessi, Talacasto, Covinco, Fuente Mineral San Salvador, Greco Hnos., Prensa del Oeste, Bodegas y Viñedos Arizu, Tapas Argentinas, TractoEste, Transformadores Mendoza, Viñas de Yacanto y Viñedos Argentinos.
     En el tercer grupo, para el que no se pedía la quiebra por ser consideradas como empresas viables y a cuyo respecto no existiría mérito para hacerla extensiva, aunque se solicitaba mantener la intervención durante un tiempo prudencial, estaban Alcovide, San Jerónimo, Furlotti, Orandi y Massera, Orbis Seguros, Resero, Villavicencio y Vinícola Argentina.





OLIGOPOLIOS VITIVINICOLAS




    El 24 de noviembre el juez Alberto Acevedo rechazó el pedido de inhibitoria enviado por su colega federal y se declaró competente para actuar en la causa “Fiscal contra Greco Héctor Osvaldo Miguel y otros por asociación ilícita” y acumuladas, todas ellas relacionadas con la confección de las carpetas de crédito “fantasmas”, que se sustanciaba en la ciudad de San Martín, lugar desde donde se había generado la mayor actividad empresarial del grupo y también donde tenía su casa matriz el Banco de los Andes. El magistrado remarcaba en los considerandos la diferencia entre la subversión económica (de jurisdicción federal) y los delitos consumados para el logro de ella.
     Sostenía que el perjudicado no había sido el Banco Central sino el Banco de los Andes, por lo cual “corresponde el juzgamiento de acuerdo con la ley provincial, ya que la asociación ilícita prevé penas superiores a las de la subversión económica”. “Desde el punto de vista legal –entendía- habrá conexión de causas penales cuando dos o más hechos delictuosos se relacionen entre sí por razones objetivas u subjetivas”.
     Analizaba Acevedo que “nuestro régimen institucional no permite la acumulación de causas por lo cual deberán realizarse tantos procesos como leyes procesales penales rijan”; recordando que “... el artículo 102 de la Constitución Nacional presenta obstáculos a la acumulación cuando los hechos se han cometido en distintas provincias o corresponden a distintos fueros (nacional y provincial). La propia Ley 20.840 en su art. 6º establece que su aplicación corresponde si no resultara un delito más severamente penado”.
     El 4 de diciembre el papa Juan Pablo II convocó a los cancilleres de Argentina y Chile para hablar sobre el problema del Canal de Beagle, señal inequívoca de que el conflicto se había agudizado y corría el riesgo de hacerlo más aún. En tanto, los abogados Alfredo Iribarren y Jorge Landaburu, en representación de los Greco, presentaron un escrito al juez Zavalía en Buenos Aires manifestando que los empresarios habían propuesto un plan para pagar todas sus deudas sin lograr que el Banco Central lo considerara en el extenso período de tres meses. Se agregaba que “todos los perjuicios producidos a los Greco y a terceros luego del 24 de abril próximo pasado son de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que los decidieron y, lamentablemente, de la Nación”.
     El último mes de 1.980 no sería portador de mayores novedades en el caso, salvo que finalmente el pedido de quiebra se hizo para 22 empresas del grupo que figuraban en la lista Nº 1, agregándose la firma Greco Hnos. que comprendía a la principal bodega, donde se había centralizado la conducción de la intensa actividad vitivinícola del holding.
     Diciembre, no obstante, tendría lugar para otro tipo de noticias: por ejemplo, que se consideraba superior a los mil millones de dólares la deuda comercial y financiera del grupo Sasetru, dueño del ex Banco Internacional. Otra deuda, la externa de la Argentina, era según guarismos oficiales de U$S 23.350 millones. Y hablando de cifras fabulosas, la crónica comentaba que el cantante de rock recientemente asesinado John Lennon, “quien se consideraba a sí mismo socialista y `héroe de la clase trabajadora´, acumuló una fortuna de 235 millones de dólares”. Compárese esta enorme fortuna de una celebridad mundial con las cifras manejadas aquí por grupos locales y se tendrá una noción aproximada de la magnitud de estas últimas. Baste decir, por ejemplo, que las reservas de oro y divisas del Banco Central no excedían  en ese tiempo los 5.000 millones de dólares.
     El día 12 se realizó la anunciada reunión entre el Papa y los cancilleres argentino y chileno, en la que el pontífice propuso la creación de una zona desmilitarizada en el lugar geográfico de la controversia, fijando un plazo hasta el 6 de enero para que fuera respondida la sugerencia. Este término, sin embargo, sería ampliamente estirado por el gobierno argentino, que no manifestaba conformidad con la propuesta.
     El Banco Central decidió limitar su respaldo a las entidades financieras, reduciendo la capacidad de captación de depósitos de las mismas, de 25 a 15 veces su responsabilidad patrimonial. Según los comentarios periodísticos que provocó la medida, prácticamente ello era innecesario porque ya las propias entidades habían optado por un control saludable de su actividad luego de los graves sacudones experimentados por el sistema en el año que finalizaba.
     La provincia de Mendoza, por su parte, evidenciaba estar sufriendo un grave detrimento del sector vitivinícola, por lo cual distintas entidades representativas le asignaban responsabilidad al gobierno nacional  de “la grave situación de crisis que vive la provincia”. En una reunión mantenida con el ministro de Economía local, sus representantes se refirieron sombríamente a la situación de los productores diciendo que “están cayendo, unos primero y otros después”. Manifestaron que el precio del vino de traslado había caído a $ 400 o 450 el litro, que alcanzaba apenas para cubrir los costos de cosecha, acarreo y elaboración. Según sus propias palabras, había quienes se veían obligados a vender hasta a $ 200, lo que contrastaba dramáticamente con aquellas operaciones que rondaban los $ 2.000 cuando estaba el auge de las compras de Greco.
     Pero ahora, aquellas entidades que habían criticado acerbamente la concentración monopólica provocada por el grupo con sus precios desmesurados, la emprendían contra la intervención en las empresas del mismo “que cada vez paga menos el vino”. Por otra parte, se quejaban de que tampoco podían venderle con confianza a otros empresarios “porque pueden presentarse en quiebra”. El presidente del Centro de Bodegueros de Mendoza juzgó que el mercado de traslado había sido destruido por el grupo Greco; para seguir diciendo que “pero ahora, el grupo intervenido pugna para ver quién paga menos”. El ministro, por su parte, declaró a la prensa al término del encuentro que “los conceptos son vagos y la reunión me ha decepcionado”. Mientras tanto, las columnas de economía de los diarios estimaban que la caída de Sasetru tendría graves implicancias, por afectar a numerosas empresas y producir un efecto en cadena.
     El año estaba a punto de coronar dignamente lo que había traído a lo largo de casi todo su transcurso. El 22 de diciembre el Banco Central dispuso la liquidación de Credibono, la mayor compañía financiera de la Argentina. Según la prensa, “fuentes confiables señalaban que su mayor accionista, Rafael Saieg, viajó en jueves pasado a Uruguay sin que haya retornado hasta la fecha”. Agregaban que, al 30 de agosto último, la entidad encabezaba el ranking de depósitos con 234.221 millones de pesos, con un crecimiento del 60 % desde el 30 de mayo. Como puede colegirse rápidamente, los inversores no escarmentaban sino que simplemente parecían sacar de un lado y poner en otro. También en esa misma fecha, se anunció que sería liquidado el Banco Cayastá, de Santa Fé, pero en este caso porque sus depósitos habían caído vertiginosamente a la mitad.
     Siguieron arreciando los embates mendocinos contra el Banco Central y su política intervencionista, cuando el tradicional Partido Demócrata publicó un comunicado anunciando que “estamos ante un nuevo oligopolio vitivinícola que se alimentará del bolsillo de los productores..... luego del descarado asalto al Banco de los Andes a la vista y paciencia de todos los organismos nacionales y provinciales de contralor”. Como se ve, en algunos sectores se juzgaba que la intervención había sido un remedio peor que la enfermedad porque a la liviandad de precios le había seguido la mezquindad especulativa. Es posible que, en el fondo, la reacción fuera provocada por el hecho de que, tanto en la época de Greco como en su correlato posterior, el grupo había instalado en la industria del vino una estructura lo suficientemente poderosa para condicionar al resto. Y, lo peor de todo, estaba amenazando con quedarse, pero ahora en manos del Estado.
     La Navidad estaba encima y con ella se difundió un mensaje de Juan Pablo II atacando a “los gobernantes que convierten a la doctrina sobre la seguridad interna en la norma que regula sus relaciones con el pueblo” y condenando la tortura, las desapariciones y los asesinatos, incluyendo los de religiosos y laicos católicos. Las relaciones con el Vaticano no pasaban por su mejor momento para los militares argentinos, por lo cual incluso no se demostraba una excesiva calidez hacia las expectativas de su mediación en el conflicto con Chile.
    El 26 de diciembre el grupo Sasetru se presentó en convocatoria preventiva, en un intento por paralizar los eventuales pedidos de quiebra que se temía fueran de consecuencias desastrosas para muchos acreedores. El viernes 29 un juez comercial de Buenos Aires, Jorge del Valle Pupo, dictaminó la inconstitucionalidad de la ley de quiebra del grupo Greco expresando que “es violatoria de la Constitución Nacional en la medida en que desplaza al juez natural del concurso por un funcionario que orgánicamente depende de otro de los poderes del Estado”.
    Sin embargo, el principal tema para los medios de difusión en este fin de año no parecía ser ya el proceso de la crisis financiera y bancaria, sino el de las relaciones con los chilenos. Los diarios le destinaban cotidianamente un lugar predominante en sus titulares, pero siempre a base de especulaciones porque oficialmente no se confirmaba ni se desmentía nada, aunque esa predominancia daba una idea clara de que se lo consideraba un conflicto verdaderamente caliente. El día 31 se publicaron trascendidos de que habría disidencias en torno a la propuesta papal, añadiendo que “fue entregado un documento al cardenal Samoré (representante especial del papa en la mediación) en el que se plantearía que existen algunos puntos inaceptables”.
     El comienzo de 1.981 no pareció confirmar la premisa “año nuevo, vida nueva”, dado que las primeras informaciones sobresalientes no hacían más que repetir un esquema demostrativo de que todo ello pertenecía a un proceso y no a una contingencia. El 7 de enero el Banco Central pidió la quiebra de siete empresas del grupo Sasetru; mientras que en Mendoza los productores agrícolas realizaban una movilización pública denominada “jornada de  tristeza”, motivada por la dura situación que se presentaba para los precios de sus productos.
     A nivel de gobierno nacional comenzaban a barajarse cifras definitivas sobre el déficit de Tesorería en 1.980, las que variaron según distintas versiones hasta confirmarse bastante después que en realidad había sido de 7,8 billones de pesos. El Banco Central, en una medida que no registraba antecedentes en una entidad oficial, pidió el día 9 la quiebra de Sasetru S.A. y  todo su grupo empresarial. También dispuso la liquidación del Banco Latinoamericano, que operaba desde 1.976 en la plaza financiera, como respuesta a una solicitud presentada por sus propios directores.
     El 21 de enero la justicia federal denegó por segunda vez la excarcelación del ex gerente del BIR, Raúl Piñero Pacheco; en tanto que el 28 entró en proceso de liquidación la importante compañía financiera Finsur, llegando ya a 29 las entidades arrastradas a esa situación en menos de un año. Una nota pintoresca en medio de tantos derrumbes: la crónica periodística comentaba que “el embajador retirado y ex intendente metropolitano Eduardo Héctor Bergalli pidió al papa Juan Pablo II que proponga `la constitución de los Estados Unidos de Sudamérica´ como solución para la grave situación económica, política y social que afecta a la región”.
     Dos opiniones sobre temas diferentes que convergen en este trabajo: refiriéndose a los descalabros en boga, el periodista de economía Rafael Ganivet puntualizaba sobre el alto impacto de las cargas financieras en las empresas opinando que “la magnitud del fenómeno está indicando que allí está el eslabón más débil de la compleja y articulada política aplicada en estos últimos años”. Por su parte y hablando de la crisis del vino, el experto vitivinícola Orlando Molina Cabrera expresaba: “Podríamos decir que desde hace más de dos años el mercado de traslado opera bajo la forma de un cártel compuesto por 3 grupos oligopólicos, uno de los cuales está en este momento en manos del Estado Nacional. La caída del grupo Greco implica la ausencia del más importante agente dinamizante del mercado”. Además de reconocerle este último rol, el análisis no menciona a Greco como único causante de la superconcentración del mercado, sino que habla de tres grupos empresarios distintos. Los otros dos eran Catena y Peñaflor.
     Rompiendo con una estrictez cambiaria que no siempre reflejaba la realidad del mercado, el gobierno disponía el 2 de febrero una devaluación del 10 % del peso en relación al dólar, que se anunciaba sería en forma progresiva. En las horas siguientes, el Central  volvió a descargar su peso sobre las entidades de plaza, ordenando la liquidación del Banco Regional del Norte Argentino (con casa matriz en Salta) y de la financiera San Fernando, una de las más importantes del país.





UN PAIS A 30 DIAS




     El 3 de febrero de 1981 el Banco Central solicitó la quiebra del Banco de los Andes, ante el 2º. Juzgado en lo Civil y Comercial de San Martín. Hacía saber entre sus informes que “la cartera de préstamos al 30 de junio de 1.980 ascendía a dos billones seiscientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y siete millones de pesos y, de ella, más del 80 % estaba concentrado en empresas del grupo Greco o de prestanombres en su mayoría insolventes. Añadía que al resto lo constituían operaciones de dudosa cobrabilidad y que “los fondos adelantados por el Banco Central totalizan, al 30/8/80, más de tres billones de pesos cuya recuperación se halla seriamente comprometida”.
     Pedía también que se decretara la inhabilitación general de bienes de los directores y síndicos Héctor Greco, José Greco, Jorge Bassil, Manuel Cossio Marchesini, Armando Hugo D´Amico Virdó, Jorge Enrique Gabrielli, Marcial Pérez Fernández, Juan Hilario Milordo, Armando Abrego, Julio César Pereyra, Mario Lucio Bastán, Eduardo Félix Llaver y Valentín Mario Rubio.
     Dos perlas más para un largo collar: fue iniciado, por disposición del Central, el proceso de liquidación de Corfinsa, la mayor financiera privada de Santiago del Estero. En pocos días más la seguiría el cierre del Banco Regional del Salado, en la provincia de Buenos Aires.  Por su parte, el juez nacional comercial Héctor Kierman decretó la quiebra de la firma Sasetru, prohibiendo salir del país a los directores y a quienes lo habían sido desde 1.979.
     Siguiendo con los titulares que preveían la posibilidad de un enfrentamiento armado chileno-argentino, los periódicos del día 11 confirmaban la presencia de naves de aquel país en la zona sur y adelantaban que, en Punta Arenas, había cuatro argentinos detenidos por presuntas actividades de espionaje.
     Un nuevo problema concitaba la atención de los titulares, relacionado con la gran demanda de dólares en la plaza financiera, desatada luego de la devaluación del 2 de febrero: indudablemente la estabilidad de la moneda nacional no inspiraba confianza y ello coadyuvaba a que hubiera una fiebre de conversión de características fulminantes. Por ejemplo, en la semana del lunes 9 al viernes 13 de febrero las reservas de dólares del Banco Central disminuyeron en casi mil millones. Los análisis del fin de semana hablaban de “continuo agravamiento del mercado financiero en Buenos Aires, por el alza de las tasas de interés y la escasez de divisas”.
     En tanto, otro revuelo se produciría a nivel judicial, de lo cual habla elocuentemente este comentario de un diario mendocino del día 19: “Causó conmoción en los ambientes tribunalicios la noticia que anunció ayer que la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal declaró la competencia del juez federal de la Capital, Fernando Zavalía, para juzgar en las causas por subversión económica que se sigue a los integrantes del grupo Greco. De esta forma se apartaría del conocimiento de la causa al juez federal de Mendoza Gabriel Guzzo”. La decisión tomada por la cámara consideraba como elemento contundente que el mayor giro de los negocios del grupo se encontraba en Buenos Aires.
     Esto otro también ocurría en tribunales, pero en San Martín: el 2º. Juzgado Civil y Comercial declaraba en estado de quiebra a Manuel Cossio (ex director secretario del Banco de Los Andes) al no comparecer a reunión de acreedores. Entre estos figuraban los bancos de Mendoza, de Previsión Social, de Londres y América del Sur, BUCI, financiera Finsur, Dirección General Impositiva, Dirección General de Rentas, Dirección General de Recaudación Previsional y una amplia lista de laboratorios farmacológicos, ramo de las actividades particulares de Cossio. Este, por otra parte, tenía la captura ordenada por la justicia penal local, lo que fue esgrimido por sus abogados defensores como causa de su no comparecencia.
     En marzo la quiebra de Sasetru fue extendida a 36 empresas del mismo grupo y, en otro orden de cosas, se denunciaba que en el país existía una saturación de depósitos a treinta días de plazo. Esto fue afirmado por el presidente de la Asociación de Bancos de Provincia de la República Argentina, José María Candiotti, reflejando que la tendencia inversora  había desembocado en una especie de histérica carrera “intereses versus dólar”, de resultado precario y destino incierto. Como efecto de ello, las tasas pactadas a ese término sobrepasaron el 100 % de interés anual y demostraron que la inflación se hallaba en una etapa incapaz de ser controlada con las medidas existentes. Las reservas seguían mermando en forma alarmante y el precio del dólar, obviamente, continuaba subiendo en los lugares donde podía conseguirse. Paradójicamente, las finanzas mundiales mostraban una moneda norteamericana en continuo descenso en Europa.
     El día 20 el Banco Central estableció que todo comprador de moneda extranjera debería llenar una declaración jurada, pues se daba por sentado que existían grandes maniobras especulativas que hacían peligrar la estructura de la entidad. En tanto, el día anterior había prestado declaración en el juzgado federal de Mendoza el presidente de esa institución, Adolfo Diz, en el marco de la causa seguida contra el grupo Greco.
     El ambiente político también registraba novedades de peso, con la condena de la ex presidente María Estela Martínez de Perón a 8 años de prisión en la causa que el juez Giletta le seguía por manejo irregular de fondos en la Cruzada de Solidaridad Justicialista, institución de especial auge durante su gobierno. La ex mandataria había sido detenida por los militares en el momento de su derrocamiento, hacía ya 5 años, y fue llevada al tribunal desde el lugar donde cumplía su detención, una quinta situada en la localidad bonaerense de San Vicente. También recibieron condenas el ex ministro de Economía Celestino Rodrigo (4 años), el ex interventor del Partido Justicialista Duilio Brunello (3 años y 6 meses) y Norma López Rega, funcionaria de la entidad e hija del ex hombre fuerte de ese régimen José López Rega (3 años).
     Entre el 16 y el 23 de marzo el Banco Central perdió 1.500 millones de dólares en reservas internacionales, continuando una hemorragia terrorífica que hacía temblar todas las estructuras cuando faltaban escasos días para el recambio presidencial. Los informes sobre la deuda externa hicieron saber que durante 1.980 la misma había crecido en un 40 %; mientras que la revista Veritas publicaba que en los últimos ocho años la emisión de dinero en Argentina alcanzaba a 19 billones de pesos.
     El 29 de marzo de 1.981, tal como había sido establecido varios meses antes, el general Roberto Viola asumió como segundo presidente del proceso militar, anunciándose que lo hacía por el término de tres años. Los dirigentes políticos veían desvanecerse la posibilidad de un pronto retorno a la constitucionalidad; lo que se reflejó elocuentemente en las palabras de uno de ellos al expresar que “esperábamos que por lo menos dijera que iba a  ser el último”. También había cumplido su ciclo el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, quien sería reemplazado por Lorenzo Sigaut. El analista Raymundo Bertin opinó en un artículo periodístico que el equipo económico saliente “no cumplió con erradicar la inflación, optimizar la producción, disminuir el gasto público y mejorar la eficiencia”, cuatro puntos anunciados como esenciales en el momento de asumir.
     Como era prácticamente de rigor en cada sucesión de este ministerio, la primera medida pública adoptada fue la de un feriado cambiario que anticipaba una segura devaluación de la moneda, máxime teniendo en cuenta los últimos descalabros del Central. La desvalorización impuesta fue del 30,4 %, por lo cual el precio estimativo del dólar pasó a ser de $ 3.050.
     El 13 de abril fue declarada la quiebra del Banco de los Andes por el juez Bittar, prohibiéndose la salida del país de sus directivos estatutarios. El informe correspondiente decía que el activo corriente de la entidad, previa monetización de los préstamos en mora, solamente alcanzaría a cubrir el 36,38 % del pasivo corriente; mientras que el pasivo neto era estimado como superior a los 4 billones de pesos. Además, se juzgaba como “irrelevante” a una medida de no innovar que el Juzgado Nacional de 1ª. Instancia en lo Contencioso Administrativo No. 6 de la Capital Federal habría dictado en los autos No. 97 “Greco Héctor Osvaldo Miguel c/ Banco Central de la República Argentina por nulidad de acto administrativo”.
     Por otra parte, se informaba que los pagarés de Greco Hnos. SA cuyo pago el Central exigía a distintas firmas y particulares, en nombre del Banco de los Andes, superaban la cifra de 3.600 millones de pesos.
     El 15 de abril el diario Los Andes publicaba en un comentario: “Trascendió ayer que el fiscal federal del Juzgado Nº 1, Edgardo Díaz Araujo, habría solicitado al juez el procesamiento y prisión preventiva del doctor Christian Zimmermann, ex presidente del Banco Central, por encontrarlo responsable prima facie de omisiones en el desempeño de sus funciones, que configurarían delitos conforme al código penal en la investigación en el denominado Caso Greco y sus vinculaciones con el Banco de los Andes”.
     El destino de la viuda de Perón, en tanto, parecía complicarse, pues fue reabierta una causa en su contra por irregular manejo de fondos reservados de la Presidencia de la Nación; al mismo tiempo que se renovaba la vigencia de los pedidos de captura de sus ex ministros José López Rega y Carlos Villone, así como del ex asesor ministerial Miguel Vanni.



JUSTICIA LOCAL ELIMINADA




    El desgaste creciente que estaba sufriendo el gobierno militar luego de su primer largo período cumplido se manifestaba de diversas maneras, especialmente ahora que arreciaban las críticas respecto de la conducción económica. Martínez de Hoz se había ido, dejando la sensación de que no sólo había cedido su lugar para una sucesión preestablecida sino que su política respiraba aires de naufragio. La última etapa de su batuta se caracterizó, en el ámbito financiero, por una disparada del dólar que no había tenido precedentes y que hacía tambalear a la misma estructura madre del país en ese terreno: el Banco Central. Las pretensiones de lograr un efectivo control de la economía y la consecuente estabilidad de la moneda estaban categóricamente sepultadas.
     En cuanto al equipo político castrense, no andaba con mejor suerte, de lo que dan fé las declaraciones que casi a diario hacían altos jefes del gobierno culpando a presuntos “sectores antipatrióticos” del descrédito y la crítica imperantes. Los niveles de autoritarismo habían bajado un tanto, como suele ocurrir con los regímenes militares luego de varios años de vigencia, pero no dejaban de manifestarse a la hora de seguir manteniendo ciertos postulados básicos que ellos juzgaban irrenunciables. Así fue como el 23 de abril estuvieron detenidos ocho periodistas extranjeros que se hallaban entrevistando a familiares de personas supuestamente desaparecidas. Los mismos pertenecían a la revista Life y los diarios New York Times, Buenos Aires Herald y Jornal do Brasil.
     Una de las medidas importantes anunciadas por Sigaut en su segundo paquete fue una refinanciación de deudas para sectores morosos, que se consideraba imprescindible para que la economía pudiese seguir funcionando; mientras calificaba de “cepo cambiario” a la política seguida por su antecesor al mantener prácticamente sobrevaluado al peso.
     El 29 de abril fue clausurada la frontera con Chile, como reacción por la detención de dos oficiales argentinos en la localidad trasandina de Los Andes. Una protesta argentina al respecto fue rechazada por el gobierno chileno, mientras el fiscal militar de aquel país resolvía someter a proceso a los detenidos. A la vez que ordenaba el desplazamiento de numerosos efectivos militares a la zona limítrofe, el gobierno de Viola remarcaba “el alto grado de provocación que involucra este hecho” y la prensa en general juzgaba que las relaciones se habían precipitado al nivel más crítico desde diciembre de 1.978, época en la que ya una intervención papal había diluido la posibilidad de un enfrentamiento armado.
     El 5 de mayo se publicaba que la Argentina rechazaba la respuesta dada por Chile a la propuesta del pontífice; mas al día siguiente otros titulares hablaban de una “positiva reacción ante una exhortación del Papa”. Pinochet, por su parte, anunciaba públicamente que “Chile está llano a aceptar lo que señala Su Santidad”, remarcando que una de esas cosas era el cumplimiento del punto 2 del Tratado de Montevideo por el cual los dos gobiernos se comprometían a no recurrir a la fuerza para resolver sus diferencias. Pero una noticia extraordinaria estaba a punto de conmover al mundo: el día 13 un terrorista turco, de nombre Alí Agca, hirió de tres balazos a Juan Pablo II en la mismísima plaza de San Pedro, poniendo en serio peligro su vida. Debió pasar un tiempo prolongado antes de que se considerase superado ese grave trance, lo cual seguramente también sirvió para mantener un tanto en suspenso a este conflicto que lo tenía como mediador.
     Mientras tanto, sólo a nivel de trascendido se daba la novedad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había dictaminado la competencia federal en el proceso de las “carpetas fantasmas”, lo cual determinaba la inhabilitación del juez de San Martín, Alberto Acevedo. De todos modos, aún quedaba por resolver si el caso quedaría en manos de Guzzo, en Mendoza o de Zavalía, en la Capital Federal.
     Informaciones procedentes de México daban cuenta de la detención del ex presidente del BIR, José Rafael Trozzo, agregando que ya se hallaban iniciados los trámites de extradición por parte de la justicia argentina. La devaluación monetaria efectuada apenas quince días antes no resultaba suficiente para detener la demanda de dólares, por lo cual las reservas compuestas por oro, divisas y otros activos externos cayeron un 10 % en la segunda semana de mayo.
     El juez federal Guzzo, de Mendoza, dictó la prisión preventiva contra Héctor Greco, José Greco, Jorge Bassil, Juan Milordo, Mario Alfredo Pérez y Héctor Bruno. El fiscal actuante, Edgardo Díaz Araujo, consignaba sobre los primeros que “siendo los titulares de la empresa vitivinícola Greco Hnos., a partir de 1.977 adquieren y utilizan al Banco de los Andes como fuente personal exclusiva y abusiva del crédito público”; añadiendo luego que “el elemento intencional doloso está acreditado, ya que a sabiendas se comprometía abusivamente y con el fin de lucro la entidad crediticia así manejada”.
     Volviendo al tema de las inversiones, resulta ilustrativo el siguiente párrafo extraído de una nota del diario La Prensa del 21 de mayo: “Casi el 80 % del dinero del público depositado en el sistema financiero argentino se encontraba, al 31 de marzo de 1.980, colocado a intereses o en otros términos aplicados a la especulación (interpretando a ésta como la procuración de provecho o ganancia fuera de la estructura productiva)”.
     Otra entidad fue noticia el día 22, cuando se anunció la comprobación de un cuantioso fraude contra el Banco Central, de más de 65 millones de dólares, a raíz de lo cual había sido detenido el titular del Banco Hispano Corfin, Marcelo Zunino. Sobre la investigación en el holding Greco, en tanto, se informaba que las empresas de los grupos I y II (anteriormente citadas en detalle) tenían un pasivo de 1.594 millones de dólares ante un activo de 743 millones.
     No había paz para los rumores de la calle y el descontento que se hacía patente en numerosos sectores. Como respuesta a ello, el entonces comandante en jefe del ejército, teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, calificaba de vanos a los “intentos de los detractores” de desunir a las fuerzas armadas. También denunció que la inquietud económica estaba siendo explotada “por quienes anteponen su interés personal o de sector al bienestar general”; para coronar sus palabras con la célebre afirmación de que “las urnas están bien guardadas”. Los comentarios imperantes acerca de estos temas acentuaron la tendencia de los inversores a adquirir dólares: el viernes 29 estos billetes se agotaron  en casi todas las agencias luego de trepar a $ 3.550 por unidad.
     El mismo día, en Buenos Aires el juez Jorge del Valle Puppo decretó la quiebra de las firmas Greco Hnos., Talacasto, Eucrec, Fuente Mineral San Salvador, Guinevet, Italviña, Nitucas, Plorant, Quebrachal del Monte, Retanex, Rivaco, Tapas Argentinas, Tigamer y Vinos Arizu S.A.
     Junio hizo su irrupción con otra devaluación fulminante, esta vez del 30 %, mientras el dólar se disparaba a $ 4.270 y algunas entidades ofrecían tasas del 145 % anual para inversiones a treinta días. Como corolario de esta inflación incontenible, los precios de los artículos experimentaban una subida similar, tratando incluso de anticiparse a futuras devaluaciones con aumentos preventivos. Para el día 4 el dólar paralelo, único realmente existente a la hora de intentar su adquisición, rondaba ya los cinco mil pesos mientras seguían cayendo aceleradamente las reservas del tesoro nacional. En una entrevista concedida al diario Jornal do Brazil, el presidente Viola acusó a los “enemigos de la Nación” de intentar desestabilizar a su gobierno.
     Un amplio artículo aparecido en el diario Los Andes del 6 de junio reproducía las opiniones del contador y profesor universitario Ricardo Ruiz Vega, quien calificaba de “incomprensible y antijurídico” a un pedido del interventor Reganzani al juez del Valle Puppo, de suspender por un tiempo los procedimientos correspondientes a la quiebra de Greco Hnos. Recordando que “una vez que se entablan los procedimientos de la quiebra ya no pueden ser suspendidos a petición de parte”, el profesional opinaba que con la ley 22.229 (de intervención) “se avasalló todo el régimen falencial vigente” y que la ley 22.334 (de solicitud de quiebra) “decidió – sin mediar intervención jurídica previa – sobre la suerte de las empresas del holding”.
     Agregaba que “transcurrido un año, a los mendocinos y sanjuaninos no les debe quedar duda que hubiera sido mucho más conveniente la oportuna intervención judicial”, además de quejarse de que “nada se conoce de los costos de las empresas intervenidas”.
     El 8 de junio, más de un mes después del agravamiento de las tensiones argentino-chilenas que llegaron a ser analizadas como hipótesis de guerra, se descomprimió el conflicto cuando ambos países liberaron a trece detenidos que se habían acumulado a un lado u otro de la frontera. Esta fue reabierta el día 11 tras permanecer cerrada desde el 29 de abril, permitiendo el desplazamiento de una enorme cantidad de vehículos y personas que habían permanecido inmovilizados y dando comienzo a una etapa de evidente superación de la contingencia.
     La población civil, en realidad, había tomado con relativa expectativa todo lo relativo a una guerra potencial, tanto por no creer demasiado en la seriedad de la misma como por estar ocupada en otros temas más individualistas. El agudo proceso de desgaste que había sufrido en los últimos tiempos la economía de nuestro país, con un régimen de cambio que incentivaba la adquisición de dólares y su inversión en bienes de cualquier tipo, había generado el recordado auge de las compras en el exterior, especialmente en países vecinos de fácil acceso. Los argentinos formaron caravanas interminables en las aduanas para salir a comprar los más variados artículos, favorecidos por el cambio. A ello se referiría con sorna un revista humorística, comparándolo con un operativo que el gobierno anunció se realizaría a través de Gendarmería Nacional bajo el eslogan “Argentinos, marchemos a la frontera”.
     Obviamente, también ese estado de cosas estimulaba los negocios de importación en forma masiva. Al respecto, una nota de economía publicada en la prensa daba los siguientes guarismos para 1.980: Importaciones totales, U$S 10.000 millones, con su mayor monto ubicado en el ramo de automotores y repuestos. Los televisores alcanzaban a U$S 330 millones, incluyéndose también una pintoresca cifra de U$S 20 millones en encendedores. Los guarismos son elocuentes a la hora de mostrar tres efectos simultáneos nocivos para la economía: 1) la escasa importación de bienes de producción; 2) la dilapidación de divisas en el ingreso de elementos suntuarios o improductivos; y 3) el descenso vertiginoso de la industria nacional ante el aluvión de artículos extranjeros.




EUFORIAS Y TRAGEDIAS DEL DOLAR



     Resultaba difícil para el gobierno neutralizar la presión generada por la combinación de varios elementos que denotaban su pérdida de autoridad. Contrariamente a lo realizado por Pinochet en Chile, que había mantenido incólume el carácter dictatorial de su estructura de poder justificándose en la coherencia lograda con sus objetivos económicos, los militares argentinos querían parecerse cada día más a los civiles y entremezclarse con ellos en una suerte de integración que no fuese lo bastante rotunda como para hacerles perder el control de las decisiones. Además, y al revés de lo que ocurría con el gobierno trasandino, el fracaso notorio de sus enunciados en el campo de la economía se convertía en un elemento más de debilidad que fomentaba la continua falta de respeto de distintos sectores. Por ejemplo, el diario La Prensa del 16 de junio denunció que se le había cortado la publicidad oficial por sus críticas al Proceso de Reorganización Nacional, hecho que ponía en evidencia el carácter ríspido de la situación.
     Ese mismo día, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió la acumulación de las dos causas penales del caso Greco (las substanciadas en Buenos Aires por Zavalía y en Mendoza por Guzzo) en el juzgado de este último, siempre en el ámbito de la justicia federal.
     Continuando con la caída libre del valor de nuestra moneda, el dólar trepó hasta $ 4.990  el viernes 19 y en las casas de cambio se agotaron las divisas extranjeras, mientras el costo del “call money” (dinero interbancario) se situaba en el 180% anual. El lunes, al reabrirse la actividad cambiaria, se anunció que estarían en vigencia dos tipos de dólar: uno para operaciones de importación y exportación, y el otro para préstamos del exterior y turismo. Esto fue acompañado por una virtual devaluación, lo que elevó la cotización real a los $ 6.000. Mientras tanto, el columnista Manfred Schonfeld, de La Prensa, denunciaba haber sido agredido por desconocidos que le provocaron heridas en la cara.
     El 24, en medio de operaciones financieras que llegaban a la cifra récord del 150% de interés anual en depósitos a sólo siete días de plazo, según un comentario periodístico “una fuente irreprochable del Banco Central confió a la agencia Noticias Argentinas (NA) que hay una buena cantidad de instituciones financieras, entre ellas varios bancos, que están operando en rojo”. El mismo día eran excarcelados el presidente del grupo Sasetru, Juan Angel Seitún y el ex titular del Banco Internacional, Guillermo García.
   También el ambiente político estaba conmovido y revuelto en la misma fecha, dado que María Estela Martínez de Perón fue sobreseída provisionalmente en la causa que se le seguía por manejo de fondos reservados de la presidencia, lo que marcaba la tendencia del gobierno a ir haciendo las paces con las dirigencias partidarias. Pero, por otra parte, se resistía a perder el control sobre la situación: en una reunión autoconvocada por varias agrupaciones con carácter de “multipartidaria” en el hotel Crillón de Buenos Aires, fueron detenidos más de 60 dirigentes entre los que se encontraban el radical Luis León; los justicialistas Vicente Leonidas Saadi, Alejandro Díaz Bialet y Paulino Niembro; el democristiano Enrique de Vedia y el socialista Simón Lázara.
     Después de una dilación justificada por su estancia en Estados Unidos, donde cumplía funciones como representante de Argentina y Chile en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el ex vicepresidente del Central, Christian Zimmermann, debió presentarse ante el juez federal Guzzo, quien se negó a acceder a una postergación que aquél le solicitó por hallarse en el exterior. Finalmente la comparecencia se efectuó el jueves 25 y el funcionario se abstuvo de declarar. Según trascendió a la prensa, a él y a Adolfo Diz “se les consideraría, vía judicial, responsables de omisiones en relación con la investigación del Grupo Greco y el Banco de Los Andes”.
     Otro viernes fatídico, el 26 de junio, las pizarras vieron rectificarse continuamente las cotizaciones hasta ascender la divisa norteamericana a $ 7.100; mientras la Iglesia publicaba un documento en el que juzgaba crudamente que “el país sufre una crisis de autoridad”. El mismo día llegó desde Madrid Pilar Franco, hermana del ex dictador y generalísimo Francisco Franco, a solicitar la libertad de “Isabel” Perón. Era conocida internacionalmente la vinculación existente entre ambas mujeres durante el exilio de Perón en España, por lo que su presencia aquí actualizaba el tema de una presunta liberación.
     Otro caso de controversia célebre despuntaba en los titulares de prensa: la cancillería argentina sostuvo ante Estados Unidos que la campaña en ese país del ex director del diario La Opinión, Jacobo Timerman , “contra la Argentina, supera la medida de lo imaginable y tolerable”. Timerman estaba exiliado y, según el gobierno militar, había mantenido contactos con organizaciones armadas subversivas durante su residencia en el país.
     Mientras tanto, el juez federal en Mendoza, Gabriel Guzzo, denegó un pedido de inhibitoria formal sobre el caso Greco que le había hecho llegar desde Buenos Aires el titular del juzgado federal No. 5, José Nicasio Dibur ; lo que seguía revelando interferencias a la hora de definir el tema jurisdiccional. También, al referirse a Zimmermann, el magistrado dijo que “se trata de investigar su grado de responsabilidad en cuanto titular del poder de policía bancario”.
     Los últimos días del mes marcaron la culminación de una fiebre especulativa que tomaba al dólar como elemento predilecto de sus salvajes correrías. En pocas semanas se habían realizado pingües negocios, basados en la incapacidad del gobierno para controlar una situación en la que no tenía ni ideas ni capacidad de decisión. Finalmente se creó un desconcierto en torno al verdadero valor de esa divisa, que en un mismo día llegó a fluctuar entre más de $ 8.500 y menos de $ 7.000, según las maniobras de compra y venta y la histeria generada por su adquisición. Enormes ganancias y catastróficas pérdidas se registraron simultáneamente, según la astucia para manejar el negocio, por lo cual en las casas de cambio las escenas de euforia se sucedían impúdicamente junto a las de sufrimiento. Fue tal el desbarajuste existente en la jornada del 30 de junio que la Secretaría de Información Pública, que manejaba discrecionalmente el tema de la censura de prensa, prohibió a las emisoras comerciales comentar o recoger opiniones al respecto.
     Para dar una idea de la cantidad y variedad de rumores a que había dado lugar el tembladeral en que vivía el gobierno, transcribimos los titulares que anunciaba la revista La Semana por esos días: “Se va Viola – viene Onganía”, “Vuelve Martínez de Hoz”, “Se congelan los plazos fijos”, “Galtieri presidente – Bussi comandante”, “Sigaut renuncia”. A falta de una coherente política informativa libre de censuras, los medios se habían habituado a especular con rumores que en muchos casos no tenían real aproximación a la verdad. Sin excepción, ninguno de estos anuncios se cumplió al menos en el corto plazo.
     Al comenzar julio se publicó un informe reservado, que según se dijo había sido elaborado en el seno del gobierno nacional, expresando que “la desocupación encubierta y `redundante´ en la Argentina llega actualmente a 4.200.000 personas, es decir el 40,1 % de la población económicamente activa”. Posteriormente surgieron algunas voces oficiales calificando de absurdas a esas cifras, pero de todos modos quedaba patente que existían problemas muy serios en el campo laboral.
     El juez del Valle Puppo dispuso la quiebra de un total de 19 empresas del grupo Greco (Prensa del Oeste, Santa Ercilia, La Esperanza, Natalio Faingold, Hijos de Martín Salvarredi, La Cautiva, La Favorita, Los Olivos, Las Catitas, Las Acacias, AgroEste, TractoEste, Covinco, Arroyo de Alpataco, Hijos de Domingo Mauricio, Transformadores Mendoza, Rodríguez Peña, Jesús Villasante y Roggero, Fiadino y Carbonari). Como se podrá comprobar, cada vez que un juez determinaba la quiebra variaba la cantidad de las empresas comprendidas, además del listado de las mismas.
     En esta oportunidad, fue designado síndico oficial el propio Reganzani y, además, el magistrado determinó que “teniendo en cuenta el interés general, las implicancias socioeconómicas y con el objeto de mantener las fuentes de trabajo, se dispone de oficio la continuación del giro comercial”. Otra medida dispuesta fue no hacer lugar al pedido de Margarita I.G. de Greco (viuda de Alberto Greco, el mayor de los hermanos y fallecido antes de la compra del Banco de los Andes) para que se le reconociera el carácter de accionista mayoritaria en varias de las empresas.
     En Buenos Aires, el día 2 un tribunal redujo a 7 años de prisión la condena que había sido impuesta a María Estela de Perón, evidentemente para permitir su excarcelación por términos legales cumplidos. Ello se confirmó plenamente cuando pocos días después la ex presidente recuperó su libertad y, finalmente, partió para España el 9 de julio.
     El mismo día se conoció la sorpresiva renuncia de Alfredo Hilding Reganzani a su cargo de interventor del grupo Greco, además de la designación de Edgardo Cacici en su lugar. Una semana después, el 16, el diario publicaba que “se supo que la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas ha iniciado la sustanciación del expediente 1.931 caratulado `Ing. Reganzani, Banco Central, Secretaría de Comercio sobre presuntas irregularidades en la intervención de las empresas Greco”. También decía que ello había tenido origen en una denuncia presentada por los productores sanjuaninos Héctor Valenzuela, Jorge Valenzuela, Antonio Cabrera Jordán y Sergio Larrea.




EL BILLETE MAS GRANDE DEL MUNDO



    Comenzaba agosto de 1.981. El escritor Jorge Luis Borges regresaba de un viaje a Europa adonde había ido a recibir premios, en el marco de un amplio reconocimiento a su obra que tenía lugar en el viejo continente. Los argentinos sabíamos que estábamos viviendo en un estado de marginalidad institucional y que ello tenía amplio eco en el exterior; por eso constantemente los periodistas realizaban la misma pregunta a los recién llegados:
     - ¿Cómo se ve al país allá?
     - La verdad es que no se ve – respondió Borges con su habitual humor ácido – En Europa no se habla de temas tan melancólicos. Qué triste es volver a un país donde uno no puede esperar nada y puede temer todo.
     El Banco Central dispuso subir el encaje bancario (dinero inmovilizado de las entidades) al 18 %; juzgándose que la medida disminuía la capacidad prestable del sistema financiero en unos 2 billones de pesos. Los analistas económicos, en tanto, estimaban que el costo del dinero que debían pagar los tomadores de créditos estaba en el orden del 15 % mensual. El dólar, que llevaba algunas semanas un tanto más aquietado, volvió a remontar vuelo y el día 5 superó los $ 7.500 por unidad; mientras se reconocía una deuda externa de 28.469 millones de dólares.
     A mediados de mes reapareció públicamente la tendencia a abrir el abanico de opinión, cuando el ministro del Interior, general Horacio Liendo, dijo que en pocos días más comenzarían los contactos políticos. El mismo Galtieri, que muy poco antes se había mostrado intransigente, declaró que no quería “dejar guardadas las urnas hasta que las polillas se las coman”.
     El día 19 los abogados presentaron una apelación del auto de prisión dictado por el juez Guzzo contra los hermanos Greco, Bassil, Pérez, Milordo, Santibáñez, Valenzuela y Bruno. En la misma se aducía que “la conducta y la conducción del Banco de los Andes antes de la liquidación abrupta y errónea del BIR había producido éxitos y no daños empresariales”; añadiendo que “...producida la detención de nuestros defendidos, la intervención realiza todos los actos contrarios a la normal recuperación del banco, tales como trabar y limitar los depósitos”.
    A fines de agosto era liberado definitivamente en México, por la justicia, el ex titular del BIR, Rafael Trozzo. La petición argentina de deportación fue denegada después que el juez mexicano decidió que los documentos que lo acusaban no eran suficientes para permitir su extradición. En Buenos Aires el ministro de Industria y Minería, Livio Kühl, afirmó por esos días que la industria nacional se encontraba enfrentando la peor crisis de su historia.
     El martes 8 se supo que los hermanos Greco y Bassil se encontraban ahora alojados en la cárcel de Mendoza. Hasta ese momento, los dos primeros habían estado presos en Caseros y el restante en Devoto.
     Los diarios del jueves 24 informaban que los cancilleres argentino, Oscar Camilion y británico, lord Carrington, coincidían en que “ya resulta insostenible mantener el actual statu quo de las islas Malvinas”. Comenzaban a moverse algunas aguas que meses después se convertirían en torrente, cuando el gobierno militar llevó al país a una guerra insensata que, lejos de permitirle recuperar su autoridad cuestionada, significó un golpe de gracia para la hegemonía militar en Argentina.
     A fines de octubre volvieron a aparecer cifras deprimentes en la economía cuando se publicó que en las últimas cuatro semanas las divisas del Banco Central habían disminuido en 310 millones de dólares, en un total de existencias de 5.216 millones. Se agrandaba, asimismo, la brecha entre el dólar comercial y el financiero: $ 6.167 y $ 8.400 respectivamente. En tres días más, el 29 de octubre, este último llegaba a $ 9.300.
     Volvió a ser noticia Jacobo Timerman, a quien la universidad de Columbia le otorgó el emblemático premio “María Moors Cabot”, poniendo en la vidriera internacional no sólo a él mismo sino especialmente al régimen militar de la Argentina que por esos días era el principal blanco de su prédica. Muchos políticos conocidos, que estaban tratando laboriosamente de ablandar la dureza gubernamental para encaminarla a un diálogo que pudiera redundar en beneficio de su propio resurgimiento, se unieron al coro oficial para condenar a Timerman con una dureza fuera de lo común.
     El diario mendocino Los Andes reflejó por aquellos días la opinión de una entidad denominada Comisión Coordinadora Provincial de Créditos Hipotecarios, la que denunciaba que la aplicación de la Circular Nº 1050 del Banco Central (célebre cláusula de ajuste que causó desastres durante varios años entre los deudores) “provocará que por un crédito de $ 100 millones, a veinte años de plazo, el adjudicatario deberá devolver más de $ 42 billones”. Se refería, obviamente, a un crédito tipo destinado a la vivienda familiar. La regla, que había sido instaurada cuando Martínez de Hoz imperaba en el Ministerio de Economía, subsistió aún largo tiempo después que los militares dejaran el poder.
     El 6 de noviembre se cumplieron siete años consecutivos de vigencia del estado de sitio en el país, el período más largo en toda su historia. Había sido instaurado durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón y continuaba rigiendo a lo largo de todo el proceso militar presente. El teniente general Galtieri, por su parte, desestimó en una entrevista periodística realizada en el exterior que fuera a ser el sucesor de Viola en la presidencia, cosa que sucedería poco tiempo después. El jueves 12 la moneda norteamericana, que había seguido su loco ascenso, alcanzaba en el mercado paralelo la cifra de $ 15.000 al aumentar el 15,5 % en un solo día.
     El caso Greco reapareció en los diarios después de varias semanas de ausencia, al anunciar el interventor Cacici que “falta muy poco tiempo para que la deuda del grupo quede totalmente definida”; aunque a continuación volvería a cultivar la incertidumbre al expresar que “resulta difícil predecir el tiempo que demandará el proceso de las quiebras”. Informó, también, que el expediente de éstas se encontraba en manos de la Corte Suprema de la Nación, luego de que un juez comercial de San Martín se negara a inhibirse en la causa ante solicitud de un magistrado de Buenos Aires.
     Las actuaciones del caso Greco, en sus distintas vertientes, fueron asiduas concurrentes a la Suprema Corte de la Nación que, cada tanto, debía resolver un problema de competencia. Un nuevo elemento conflictivo se agregó en este aspecto, al desestimar la Cámara Federal de Apelaciones un pedido del juzgado federal de Mendoza, sobre la competencia de éste para juzgar a Christian Zimmermann en la causa relacionada con el caso Greco. Como ser recordará, el ex vicepresidente del Banco Central se había abstenido de declarar en este tribunal, manifestando entonces que reconocía como juez competente a Nicasio Dibur, en Buenos Aires. Pocos días después presentaba su renuncia el fiscal mendocino, Edgardo Díaz Araujo, por considerar que el traslado del expediente a la Capital Federal era contrario a las normas legales.
     Por esos días, los operadores financieros comentaban que la racha alcista del dólar se había frenado, pero sólo a causa de la total inexistencia del mismo en el mercado; existiendo ya una brecha del 60% entre el financiero y el comercial. El 20 de noviembre se vio bruscamente interrumpida la sucesión presidencial, ya que el general Roberto Viola dejó su cargo en manos del ministro del Interior, general Horacio Liendo, por encontrarse enfermo y haberle sido prescripto reposo por parte de los médicos. El sucesor, no obstante, declaró rápidamente que su gestión sería sólo de carácter transitorio, lo que dejaba abierto otro interrogante sobre el futuro inmediato del gobierno.
     El 27 de noviembre fueron dejados cesantes 120 empleados del ex Banco de los Andes, en su mayoría pertenecientes a sucursales. Al día siguiente comenzaba a emitirse en Argentina el billete de mayor valor nominal en el mundo, de un millón de pesos. Se cumplían exactamente cien años de la puesta en circulación del primer signo monetario del país, el peso moneda nacional. La incontrolada velocidad producida en la devaluación durante los últimos años había logrado que el nuevo billete, de tan alta denominación, equivaliese a sólo unos 70 dólares.
     


ALGO HUELE MAL EN LAS BODEGAS


  
    Una de las consecuencias más típicas que suele tener la intervención del Estado en una gran empresa o grupo de ellas es el desvío, por parte de los encargados de la tarea, de la función esencial para la que fueron designados, es decir su regularización. Para muchos, es  mejor negocio continuar hasta el infinito manteniendo un estado de cosas que permita perpetuar los beneficios extraíbles del caso y podemos decir, sin temor a exagerar, que el caso Greco se prestó admirablemente para ese fin. Si tenemos en cuenta que, paralelamente al tema del Banco de los Andes y su manejo ilícito de los fondos depositados, origen de la adquisición de la mayor parte de las empresas del grupo, este último había ido constituyendo una suerte de monopolio en la actividad vitivinícola, llegaremos fácilmente a la conclusión de que la permanencia de este holding en plenas funciones más de un año después de su intervención no había hecho nada más que perpetuar esa condición monopólica, pero esta vez amparada por resoluciones judiciales.
     A nadie se le escapa que el holding Greco debe de haber sido presa más que codiciable para muchos. Algo de esto reflejaba una nota del diario Los Andes del 3 de diciembre de 1.981, refiriéndose concretamente a las compras de vino que aquél realizaba en forma constante, sobre lo cual conjeturaba que “las operaciones vendrían dirigidas desde Buenos Aires, con la indicación de la bodega vendedora y el comisionista interviniente”.
     El artículo se preguntaba luego “cómo conoce desde Buenos Aires, gente que no ha tenido ninguna experiencia en la materia, a quién tienen que recurrir para adquirir el vino. Salvo –es una conjetura- que existan intermediarios que exijan una importante comisión, de la cual una parte tal vez deban distribuir. Sería interesante saber cómo en una sola operación una gran bodega de Maipú compró más de tres millones de litros a un establecimiento de Barrancas, a muy buen precio para el momento actual, abonándoles a sus maquileros precios inferiores y a mayores plazos”.
     Hablando de otros puntos relacionados con el caso, la nota agregaba que “tal vez el más importante sea el de los vinos de bajo grado y enfermos que en alguna ocasión fueron estimados en 300 millones de litros. ¿Existen aún esos vinos o fueron comercializados como vinos genuinos? ¿Por qué no se hace un inventario serio de las existencias...?”
     Para mayor aclaración sobre este punto, digamos que la inusitada velocidad con que el grupo Greco había adquirido una parte sustancial del vino en existencia en el mercado, en los últimos tiempos antes de la intervención, dio lugar a todo tipo de operaciones en las que se incluyó la compra de caldos en pésimo estado o que no tenían la graduación exigida por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Ese fue otro de los factores que convirtió al caso Greco en un verdadero muestrario de despropósitos, ocurridos tanto antes como después de ser intervenido. De la inmensa cantidad de vino existente en condiciones deficitarias tendremos una idea cabal más adelante, en este mismo capítulo, cuando veamos el resultado de los análisis enológicos.
     En medio de estos avatares se conoció la renuncia de Carlos Malizia, quien había sido designado gerente general de Furlotti S.A.C.I.F.I.M.A., una de las mayores bodegas del grupo. Respondiendo a la prensa sobre el motivo de su alejamiento, adujo estar en desacuerdo con una nueva metodología instaurada en la recepción de muestras de vinos por parte del delegado Carlos M. Rolón; pero luego mantuvo con el cronista este conciso diálogo:

Cronista: ¿En alguna oportunidad dialogó con el doctor Edgardo Cacici?
Malizia: Nunca, sólo lo conozco por fotografía.
Cronista: ¿Y con Reganzani?
Malizia: Siempre.

     Cacici ya llevaba entonces cinco meses en el cargo de interventor general en el grupo Greco; Reganzani había sido su predecesor.
     El viernes 11 de diciembre, luego de varios días de rumores que daban cuenta de una crisis existente en el seno del gobierno, la junta militar destituyó al presidente Roberto Viola y nombró en su lugar a Leopoldo Fortunato Galtieri, también teniente general del ejército. Luego se supo que se había estado presionando a Viola para que presentase su renuncia “por razones de salud”, a lo que éste se negó sistemáticamente. El desenlace fue reflejado por algunos diarios como “la conclusión de la crisis política más grave que enfrentaron las fuerzas armadas desde que asumieron el poder”.
     En medio de una casi total desinformación que sólo se prestaba a las conjeturas, una de ellas fue que Viola había sido cuestionado por mantener reuniones asiduas con distintos dirigentes políticos. Para tener una mejor idea de los verdaderos motivos existentes, no debe olvidarse que desde hacía ya muchos años las cúpulas militares en Argentina mantenían un estado casi permanente de disensión y conspiración entre sus miembros, por lo cual el desplazamiento de algunos y su recambio por otros era hasta cierto punto un hecho corriente. La aparente unidad monolítica que exhibieron los militares en el llamado Proceso de Reorganización Nacional ya había vuelto a mostrar sus fisuras.
     Siguiendo con sus planes a largo plazo, el gobierno castrense anunció que su nuevo período regiría hasta el 29 de marzo de 1.984; nombrando al frente del ministerio de Economía a  Roberto Alemann. La tónica de sus primeros anuncios no fue muy novedosa que digamos: pocos días después de su asunción, se aumentaba el precio de los combustibles en un 13,5 % y el del transporte público de pasajeros en un 11%, mientras que eran congelados los sueldos de los empleados públicos por tiempo indeterminado.
     Emergiendo del más que bajo perfil mantenido en cuanto a informar acerca de su gestión, el interventor en el grupo Greco, Edgardo Cacici, se mostró feliz en público al referirse a la evolución de Termas de Villavicencio, una de las principales firmas intervenidas. Dijo festejar el hecho de que “tras haber pedido la quiebra de la empresa el 5 de agosto último, en cuatro meses la intervención logró revertir la situación y, mediante decreto del Poder Ejecutivo, el juez de la causa dictó una resolución para que se levante el pedido de quebranto presentado”.
     Se acercaba el fin de otro año y ello fue propicio para que la prensa gráfica exhibiera una curiosa comparación de los precios de los principales productos navideños en los últimos siete años. Sobre el pan dulce, por ejemplo, daba la siguiente tabla:

                                           1.974: $ 7,95
                                           1.975: $ 25
                                           1.980: $ 3.700
                                           1.981: $ 6.000

     Nuevamente había tomado fuerza pública el tema de los vinos almacenados por el grupo Greco y las verdaderas condiciones del mismo. Finalmente, el 19 de diciembre se conoció un informe firmado por el enólogo Mario Alberto Egea, designado por el 1er. Juzgado Civil y Comercial de San Martín para realizar la correspondiente pericia. Los resultados fueron patéticos: de un total de 271.825.000 litros existentes en 43 bodegas diferentes, sólo el 31 % fue declarado como “bueno”; en tanto que un 43 % era catalogado de “regular” y el restante 26% de “deficitario”. El análisis había tomado en cuenta elementos esenciales de los caldos vínicos como son el grado alcohólico, la acidez y el contenido de calcio.
     1.982, un año que los argentinos guardarían largamente en su memoria, se inició con algunas estadísticas francamente desalentadoras. En los últimos dos años las pérdidas sufridas por el Banco Central en divisas habían  ascendido a 6.000 millones de dólares. El déficit fiscal, por su parte, que superaba los veinte billones de pesos, registraba en los primeros once meses de 1.981 un incremento del 36,6 % respecto del mismo lapso de 1.980.
     El abogado mendocino Santiago Felipe Llaver, que luego sería gobernador de la provincia en el período alfonsinista, advertía que “una disposición para que las empresas del ex grupo Greco salgan al mercado de vinos podría configurar una verdadera trampa tendida a los productores”. También despotricaba contra la 22.229, a la que calificaba de “este engendro jurídico llamado ley”.
     El 2 de febrero se publicó en los diarios una consulta que la agencia Noticias Argentinas (NA) formuló a once dirigentes de distintos partidos políticos, a fin de requerir su opinión sobre el saldo que dejara 1981 en los argentinos. Ellos eran Alicia Moreau de Justo, Deolindo Bittel, Carlos Contín, Francisco Manrique, Oscar Alende, Francisco Cerro, Simón Lázara, Athos Fava, Arturo Frondizi, Víctor García Costa y Jorge Abelardo Ramos. Las distintas respuestas obtenidas coincidían en considerarlo uno de los peores años de la historia argentina. Como dándoles la razón, estadísticas del Fondo Monetario Internacional revelaban que Argentina había tenido en el mismo lapso la tasa de inflación más alta del mundo: 130,3 %. En otro orden de cosas, el día 15 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró “inadmisible” un recurso de amparo presentado por familiares de doscientos desaparecidos.
     El juez del Valle Puppo, que tenía a su cargo el caso Greco en el ámbito civil y comercial, efectuó un pedido a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas para que se investigaran las gestiones de los sucesivos interventores actuantes en el holding. El magistrado destacó la importancia que revestía al comienzo de la gestión realizar los inventarios sobre los bienes físicos de las distintas empresas, a lo que se debía sumar el valor de las marcas utilizadas por las mismas. Se señaló, por ejemplo, que la firma Termas de Villavicencio podía haber sido vendida como unidad económica entre 30 y 50 millones de dólares, pero las conversaciones a poco de iniciarse se detuvieron porque se produjo un caso de sabotaje, al comprobarse que aguas surgentes fueron contaminadas con agentes patógenos. Además, se informaba que las actuaciones por la quiebra del grupo Greco conformaban ya 80 cuerpos de expedientes de 200 fojas cada uno.





LA SOLUCION DE LA GUERRA



     Para marzo de 1982, los signos de desmoronamiento del régimen militar eran más que palpables e iban mucho más allá que las ambigüedades utilizadas para evitar poner fecha a su finalización. Ya no tenían efecto las decisiones inapelables que siempre dejaban en la nebulosa al futuro institucional del país; ahora el gobierno había sido categóricamente derrotado en el ámbito de la economía por una realidad que superaba cualquier expresión de voluntarismo autoritario. El mes se inició con una avalancha de críticas provenientes de numerosos sectores, como la que realizó el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Antonio Lanuse, al afirmar que “de continuar los actuales problemas, la perspectiva es que al país habrá que reconstruirlo de sus cenizas”. Por su parte, la Coordinadora de Actividades Mercantiles difundía que durante los dos meses anteriores el consumo de alimentos por parte de la población había caído en un 25 %.
     Coincidentemente con ello, también registramos una advertencia formulada por el jefe de gabinete de nuestra cancillería, Gustavo Figueroa, en el sentido de que “la Argentina podría poner fin a las rondas negociadoras con Gran Bretaña, por las Malvinas y otros archipiélagos del Atlántico Sur, si no surge una pronta solución a esta disputa”. Se hacía patente la necesidad de recurrir a temas que desviaran la atención de la gente de la crisis económica y le dieran al gobierno alguna posibilidad de remendar su “plafond”; pero la ciudadanía en general no tenía idea de lo que se avecinaba y, sobre todo, de su extrema proximidad.
     La prolongada indefinición política mantenida en el tiempo por los militares había engendrado todo tipo de protestas y reclamos; aunque también persistían intentos de congraciarse con el gobierno al no evidenciar éste intenciones de abandonar el poder. Entre estas últimas, sobresale una afirmación pública del entonces presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Raúl Romero Feris, quien dijo que la entidad “apoya y apoyará al Proceso de Reorganización Nacional desde el principio”.
     Pocos días después, se recordaba que seguía rigiendo en el país el salario mínimo, cuya remuneración básica era de $ 982.471; en tanto que también oficialmente se reconocía que mandar un niño a la escuela insumía un gasto de $ 981.400 sólo para el ingreso. Roberto Alemann, que había asumido la cartera de Economía tres meses antes, consideró que “hemos cumplido casi todos los objetivos que razonablemente nos habíamos propuesto para ese lapso”. Mientras tanto, se informaba que la caída del producto bruto interno (PBI) durante el año anterior había sido del 6,1%, cifra letal para cualquier pretensión de mantener una política económica determinada.
     El 22 de marzo fue encendida la mecha del temido conflicto internacional, de lo cual dio cuenta una denuncia del Foreing Office en Londres sobre el desembarco de personal de un buque argentino en la isla Leith, del archipiélago de las Georgias, “donde establecieron un campamento e izaron su bandera nacional”. Se trataba del carguero Bahía Buen Suceso, perteneciente a una empresa ballenera que realizaba trabajos en aquel lugar. Los días subsiguientes traerían, paso a paso, el incontenible desarrollo de un estado de guerra latente, donde el gobierno militar no mostraba intenciones de llegar a un acuerdo capaz de detener futuras hostilidades si nos atenemos a sucesivos comunicados donde parecía minimizar absolutamente la posibilidad de un enfrentamiento bélico. Las declaraciones oficiales de aquellos días demostraron una invariable permanencia en esa actitud irresponsable.
     Coincidentemente, el miércoles 24 de marzo el Proceso cumplía seis años en el gobierno. Una drástica estampa de su gestión fue expresada por el comentarista Jorge Lozano, de Noticias Argentinas (NA), quien la calificó de “sistemática tarea de destruir lo existente, sin que nadie pudiera imaginar que podía construirse, que alentó a las capas de mayores recursos a volcar sus destrezas y riquezas a los ´juegos financieros` al tiempo que los salarios se deprimían, se quebraban los circuitos del consumo y asomaba el espectro de la desocupación”. Paralelamente Moisés Margulis, presidente del Comité de Estímulo a los Universitarios Argentinos en el Exterior, hacía saber que “por cada tres nacimientos que se producen, un argentino abandona el país”.
     En su sexto aniversario, por fin, la junta militar que ejercía el poder admitió públicamente la existencia de graves problemas económicos; mientras que la presión general a que estaba sometida le hizo prometer un aumento de sueldos a los empleados públicos para sufragar el cual se anunció que serían gravados los depósitos bancarios. El 26 fueron enviados buques de guerra a las Georgias “para proteger a los ciudadanos argentinos que trabajan en ese sector”, en tanto que al día siguiente Londres comenzaba su desplazamiento de naves y tropas de desembarco en dirección a las islas Malvinas.
     Pese a estos graves anuncios, el país debía atender a sus propios problemas internos, que desbordaban los cauces de la convivencia. El martes 30 se realizaron masivos actos obreros de protesta en todas las ciudades principales del país, el mayor de los cuales, en Capital Federal, provocó una dura represión y violentas escaramuzas, culminando con más de 1.500 detenidos. El imperio del terror se desplomaba en Argentina. El mismo día, la tasa de dinero interbancario (call money) superó la barrera del 400 % anual y el ministro de Defensa, Amadeo Frúgoli, aseguró que “nuestro potencial naval es suficiente para defender la soberanía nacional en todos los mares”.
     El jueves 2 de abril a la hora veintidós, según se daría a conocer al día siguiente, tropas argentinas del ejército, la marina y la aeronáutica iniciaban la toma de las Malvinas.
     La sala A de la Cámara Federal de Apelaciones, en Mendoza, confirmó el día 7 la prisión preventiva, dictada un año antes por el juez Guzzo, para todos los imputados en el caso del Banco de los Andes. En un largo dictamen de 152 carillas, daba respuesta a una apelación de los defensores expresando que “aprecia que existen semiplenas pruebas de que ha ocurrido el hecho objetivo descripto por la figura penal (subversión económica dolosa): el compromiso injustificado del patrimonio del Banco de los Andes con riesgo para su normal desenvolvimiento”. Al referirse a los hechos encausados, manifestaba hallarse “en presencia de un accionar no meramente imprudente sino conscientemente antijurídico, con desprecio de las consecuencias previsibles y sin ánimo de evitarlas”.
     La defensa de Héctor Greco había esgrimido, entre otros, el argumento de que en el caso no existía referencia alguna a un posible vaciamiento de empresa; así como destacaba que “ha habido sobreinversión, destinando los créditos obtenidos al mejoramiento de todas y cada una de las empresas adquiridas”. “El procesado – agregaba – no quiso convertir a la actividad empresarial en algo netamente especulativo, como hubiera sido desmantelar las empresas para reducir los bienes a efectivo en depósitos a plazos fijos”.
     Vale la pena hacer notar que una de las singularidades más llamativas del caso Greco fue la tendencia nítida, en todo su desplegamiento, a constituir empresas reales y a propender al rápido crecimiento de las que se adquirían. Ello era palpable para la gente en general, especialmente para aquellas personas que tuviesen algún tipo de relación con esas actividades. Muchos de los testimonios que se verán más adelante coinciden en estos aspectos: todo crecía, abundaba el trabajo, los productos tenían buen precio y la economía circundante parecía inyectada con una nueva fuerza positiva. Podría decirse, sin exagerar, que se trataba de un microclima propio bastante diferente al del país.
      Con respecto a José Greco, la Cámara Federal de Apelaciones consideró que la defensa “abunda en consideraciones tendientes a justificar la conducta del procesado, sin abundar en datos suficientemente convincentes para que los camaristas atendieran el pedido de apelación”; mientras que a Jorge Bassil lo veía “claramente involucrado en el núcleo de personas que articulan las tres líneas de acción que estructuran el espacio operativo de configuración del tipo penal del delito investigado”.
     Sobre la responsabilidad de otro de los procesados, Mario Alfredo Pérez, especifica que “encabezaba la lista de principales funcionarios como gerente general e integraba la comisión de riesgos y política crediticia”, así como que “al concretarse las inspecciones dispuestas por el Banco Central, se pusieron de manifiesto situaciones que habían tomado cuerpo antes de su renuncia”. También sobre el ex miembro del directorio Juan Milordo se remarca su pertenencia a la comisión antes citada y se rechaza el alegato “en la inteligencia de que ha habido persistente aceptación de una actividad antijurídica”.
     En cuanto al subgerente Héctor Bruno, estima el tribunal que “tiene responsabilidad de hechos que caen en la esfera de superintendencia bancaria”; mientras que sobre Valenzuela y Ana de Santibáñez juzga que “quienes participaban de esta modalidad de la faena no pueden en principio alegar en su favor la invocada falta de observaciones por parte del Banco Central, constándoles que éste no era receptor de una información veraz”.
     Mientras día a día se acentuaba la gravedad del conflicto del Atlántico Sur, con efectivos argentinos ocupando las principales posiciones en disputa mientras una gran flota naval británica se dirigía al teatro de operaciones, era aprobado por el gobierno el presupuesto general para ese año, en el cual se asignaba al rubro de defensa y seguridad el 24,3 % del total en tanto que para desarrollo de la economía era destinado el 35,1 %. El mercado paralelo de cambios estaba otra vez en pleno apogeo con una cotización del dólar que ya alcanzaba los $ 18.000, y largas colas de ahorristas procuraban sacar su dinero de diversas entidades de dudosa solvencia, produciendo una constante caída de los depósitos bancarios.
     El 25 de abril las fuerzas aeronavales inglesas, que habían cumplido un largo viaje a través del Atlántico, atacaron las islas Georgias provocando la rápida rendición de la guarnición argentina destacada allí, aunque en el país se extendió por varios días una rebuscada información oficial que aseguraba la existencia de dilatados combates entre ambas partes. Los medios de difusión, y con ellos la población, ya no contarían más con fuentes veraces para seguir el desarrollo de la contienda, hasta su finalización. El gobernador militar que había sido designado en el Atlántico Sur, general Mario Benjamín Menéndez, alardeó por esos días de que “la carta de triunfo es nuestra”.
     El esperado ataque británico a las Malvinas dio comienzo el 1 de mayo y se prolongaría por varias semanas, en una guerra relámpago que produciría grandes pérdidas de embarcaciones y aviones para ambas partes. En el marco de ese estallido bélico, distintas noticias mostraban que en el país la vida continuaba:
     Las reservas de divisas en el Banco Central registraban una caída de 508 millones de dólares en el último mes.
     El juez federal Nicasio Dibur determinaba que José Rafael Trozzo había sido responsable de estafas reiteradas por 60 millones de dólares, en perjuicio de inversionistas en moneda extranjera.
     La Policía Federal realizó un operativo en la compañía Financiera Permanente S.A., cuarta en el país en volumen de depósitos, e impartió la orden de detención de una veintena de directivos por presuntas irregularidades administrativas.
     Según se admitía oficialmente, se encontraban atravesando una difícil situación cerca de 50 entidades financieras, de las cuales una docena era considerada poco menos que insalvable.
     Mientras, se simulaba ante la opinión pública que el avance inglés estaba siendo efectivamente controlado, dando la sensación de que se había producido una suerte de “statu quo” en el frente de combate. Como corroborando esto, el 2 de junio el ministro de Defensa Amadeo Frúgoli aseguraba que la capacidad operativa de las fuerzas armadas estaba intacta para afrontar “cualquier otro ataque bélico de la potencia colonialista”. Dos días después, Inglaterra y Estados Unidos vetaban un proyecto de cese del fuego presentado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, señal evidente de que la primera se sabía ganando la guerra.
     Entretanto, sugestivamente, el ministro del Interior general Ibérico Saint Jean hacía saber que la Junta Militar había resuelto que se levantara la veda política, primera declaración oficial en este sentido desde que asumiera el poder seis años antes.
     En Mendoza y en relación con el caso Greco, trascendió que el juez de instrucción de San Martín, Víctor Comeglio, se encontraba investigando robos por un monto de $ 5.000 millones en firmas del ex grupo. Al respecto, se mencionó la existencia de depósitos clandestinos de elementos robados, en las localidades de Rivadavia y La Dormida.
     El 11 de junio llegó a Buenos Aires el Papa Juan Pablo II, ante cuya presencia hubo multitudinarias manifestaciones por la paz. El lunes 14 se reconocía como “extremadamente difícil la situación en Puerto Argentino”, dándose cuenta de un cese del fuego no concertado después de 72 horas de encarnizado combate. “Los generales Menéndez y Moore (comandante de las fuerzas terrestres británicas) analizaron un eventual fin de las hostilidades” fue el ambiguo léxico empleado para denominar a la rendición argentina.
     Al día siguiente, mientras en Buenos Aires se producían violentos disturbios para criticar al gobierno por la capitulación militar, el presidente Galtieri, que dos días después renunciaría con todo su gabinete, declaraba que “se actuó con más coraje que armamentos”. Le sucederían otras manifestaciones suyas tales como “el saldo de mi gestión lo dirá el pueblo argentino” y “no creíamos que Gran Bretaña se movilizaría por el archipiélago”.
     Mientras se hacía cargo del gobierno interinamente el general Saint Jean, era evidente la existencia de una lucha amarga entre las distintas fuerzas armadas que componían la Junta Militar, con el fin de deslindar responsabilidades por la derrota. Esto culminó el 23 de mayo, cuando el ejército asumió por su exclusiva cuenta la conducción política del país y designó presidente al general Reynaldo Bignone. Nuevamente, como si nada hubiera ocurrido, la cúpula castrense intentó fijar plazos para la entrega del gobierno a los civiles al decir que ello ocurriría recién en marzo de 1.984.





EL REGIMEN TAMBALEA                                                                                                                                                      



     El 1 de julio de 1.982 asumió Bignone como nuevo presidente, mientras se reconocía abiertamente la existencia de graves divergencias entre los jefes militares de las distintas armas. La lucha interna por el poder había dejado de lado importantes acuerdos mutuos concertados en su momento, lo que se veía acentuado aún más por la sensación de descrédito reinante en los cuadros luego de la patética derrota de Malvinas.
     Resulta curioso leer una pequeña nota aparecida al día siguiente en el diario Los Andes, de Mendoza, respecto de la situación institucional del país. Expresaba que “expertos consultados coincidieron en que los mecanismos legales puestos en movimiento para salvar la crisis planteada (al dejar de funcionar algunos mecanismos previstos en los actos y decretos del denominado Proceso de Reorganización Nacional) no vulneran el derecho, especialmente el de las personas, en razón de que el único problema planteado es el de la división de las Fuerzas Armadas”. Resultaría, sin duda, pintoresco saber algo más sobre los “expertos” capaces de elucubrar estas singulares opiniones.
     A nuevo gobierno, nuevo ministro de Economía. La función fue cubierta por José María Dagnino Pastore, quien dijo que el país se encontraba en un estado de destrucción sin precedentes y en una de sus primeras medidas estableció el nuevo valor oficial del dólar: $ 15.700 por unidad, aunque se reconoció tácitamente la existencia de un mercado paralelo donde ya al día siguiente se cotizaba a $ 30.000. Al finalizar el mes, la falta de respeto y de confianza en el nuevo equipo económico se manifestó de forma grosera al llegar a la escandalosa cifra de $ 57.000. Al mismo tiempo, se admitía que las empresas del Estado estaban endeudadas en la friolera de 14.000 millones de dólares, las tres cuartas partes de ello en bancos extranjeros.
     Entretanto, las estadísticas decían que el precio de la carne había subido el 120% en 70 días, mientras que las ventas al público de ese producto caían al 50% en igual término. En medio de tanta desazón, el mercado inversor vivía su fiesta propia. El viernes 16 de julio, por primera vez en su historia, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires no realizó su habitual rueda de operaciones, “porque el Mercado de Valores no pudo completar las liquidaciones realizadas en la jornada récord de ayer”, mientras existían expectativas de alzas en casi todas las acciones. Esta resulta una patética muestra de las tremendas distorsiones de la economía en Argentina, donde el ascenso vertiginoso del sector financiero suele estar acompañado por un descenso igualmente vertiginoso de la clase popular.
     Entretanto, en el terreno judicial, el juez federal Angel Giletta dictaba la prisión preventiva de Adolfo César Diz, ex presidente del Banco Central, por encubrimiento del delito de fraude a la administración pública cometido por cuatro directores del Banco Ganadero Argentino a quienes aplicó la misma medida. También, en forma oficial fueron autorizadas las reuniones políticas después de seis años de veda, aunque las mismas se limitaron a locales cerrados.
     El 1 de agosto de ese año el ex militar Francisco Manrique, entonces dedicado a la política como presidente del Partido Federal, opinaba que el país estaba al borde de la anarquía y que “aunque se esté disimulando el desgobierno reinante, no existe prácticamente poder”; mientras por otra parte se daba a conocer que, sólo a causa de las sanciones aplicadas por varios paises a la Argentina por su comienzo unilateral de la guerra de Malvinas, el país sufría perjuicios por casi dos mil millones de dólares.
     El entonces comandante aéreo de la Fuerza Aérea, brigadier Basilio Lami Dozo, integrante de la junta militar que gobernaba el país, anunció por esos días textualmente: “buscamos la continuidad del proceso más allá de los próximos comicios”, lo que revelaba la clara intención de seguir en el poder a través de un gobierno civil fuertemente condicionado por los militares o, como creyeron ver algunos, mediante la creación de un partido oficial. Pero, revelando una vez más la disparidad de criterios existente en la junta, el presidente Bignone dio a conocer al día siguiente el nuevo estatuto que regiría a las agrupaciones políticas, al mismo tiempo que anunciaba la entrega del poder para marzo de 1.984 remarcando que “no habrá partido oficial”. Dos jornadas después, Lami Dozo sería pasado a retiro junto con otros seis brigadieres.
     El equipo castrense ya tenía los meses contados y las elecciones serían mucho antes de lo anunciado. La visión de Manrique era certera: al fracaso total de las políticas económicas impuestas por la fuerza a través de seis años se unía ahora la deprimente experiencia vivida con una guerra insensata. Los militares no sólo habían perdido la posibilidad de continuar su dictadura sino que, a partir de allí, dejaron de ser una amenaza constante para cualquier gobierno constitucional como había ocurrido durante más de cinco décadas.
     La deuda externa del país había ascendido vertiginosamente a 39.139 millones de dólares, según un informe elaborado por la misión del Fondo Monetario Internacional. La inflación seguía galopando, lo que se reflejó en un brusco aumento del precio de los combustibles del 34%, llegando a $ 6.700 el litro de gasolina. Otro agujero ya imposible de tapar para el régimen militar era el de las aberrantes violaciones de los derechos humanos cometidas durante su mandato, sobre lo cual ya se generalizaban las denuncias y las evidencias. Al respecto el gobernador de Jujuy, Enrique Guzmán, un civil asimilado al golpe castrense, previno que “la lucha de las Fuerzas Armadas contra la subversión es un capítulo cerrado que no admite revisión”.
     Después de varios meses de silencio sobre su caso, Héctor Greco reaparició a la luz pública cuando fue llevado, en calidad de testigo, desde la cárcel de Mendoza al 1er. Juzgado de Instrucción de San Martín. Allí se ventilaba un caso contra Salvador y Amado Minelli, al cual hicimos una breve referencia anteriormente, sobre presunto traslado indebido en dos vehículos de propiedad de éstos, de bienes tales como maquinarias de distinto tipo, materiales eléctricos y de construcción y otros elementos valuados en $ 5.000 millones de pesos. Según la crónica de la jornada, los Minelli, uno de los cuales había sido administrador de una finca de Greco, aseguraron que éste les había pedido que se los llevaran “para guardarlos y retornárselos cuando recuperara su libertad”. Sin embargo, ello fue parcialmente desmentido por Héctor Greco al decir que, con excepción del mobiliario de una de sus residencias, no había encomendado a Minelli la guarda de ningún bien.
     La crisis continua que vivía el gobierno produjo el 25 de agosto el alejamiento del ministro de Economía, Dagnino Pastore, ante “la imposibilidad de conciliar criterios en el seno del gobierno y con las Fuerzas Armadas”. Su reemplazante fue Jorge Whebe. Raúl Alfonsín, quien sería el futuro presidente constitucional, vaticinó que su partido ganaría las elecciones, mientras la democracia cristiana solicitaba que éstas se llevaran a cabo en marzo del ’83. El 10 de setiembre se dio el primer paso efectivo para reorganizar a las agrupaciones políticas, cuando el ministerio del Interior distribuyó en las mismas las fichas de afiliación.
     El 21 de octubre otro ex titular de la cartera económica, José Alfredo Martínez de Hoz, declaró durante tres horas ante el juez federal Nicasio Dibur, en Buenos Aires, en una causa iniciada por los representantes del ex grupo Greco contra el gobierno nacional por la liquidación del Banco de los Andes y la quiebra decretada contra las empresas del holding. Este sería uno de los tantos juicios cruzados que existieron entre las partes como consecuencia de un accionar de ambas que daría para una antología del disparate, algunos de los cuales aún continúan.
     El sábado 22 fue denunciado el hallazgo de cuatrocientas tumbas anónimas en un cementerio de la localidad bonaerense de San Miguel. Se había comprobado, al menos, que allí estaba enterrado bajo la denominación N.N. el cuerpo de un joven detenido seis años antes por la fuerzas de seguridad. En el transcurso del mes siguiente estos descubrimientos macabros se reiteraron en otros sitios del país, sumando de a cientos las apariciones de víctimas de una época que muchos argentinos no pueden olvidar y muchos otros se obstinan en minimizar. El “destape” público de este tipo de cosas ya se hacía frecuente, revelando también la pérdida del miedo ante el otrora omnipotente régimen. Por ejemplo, el ex secretario adjunto de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires, Sergio Peralta, denunció que en los últimos años habían desaparecido 80 hombres de prensa y sido encarcelados otros 47.
     Para el 5 de noviembre, el dólar había pasado los $ 60.000 y el litro de nafta ya costaba $ 10.900. Un mes después, Bignone prometía elecciones para un año después, anuncio que coincidió con otro que reconocía que en el ’82 el presupuesto general de gastos se había incrementado en un 190% sobre las estimaciones hechas en enero.
     El 7 de diciembre se llevó a cabo un paro general en el país, convocado por las dos centrales obreras, la CGT Azopardo y la CGT Brasil, que tuvo un masivo acatamiento en todo el territorio y se constituyó en la mayor huelga planteada al gobierno militar. Esta medida sería seguida por una marcha convocada por la Comisión Multipartidaria diez días después, reclamando que se entregara el poder no más allá de octubre de 1.983. Sus gigantescas proporciones conmovieron los ámbitos de la Avenida de Mayo y la plaza del mismo nombre, frente a la casa de gobierno; provocando fuertes disturbios callejeros que dejaron el saldo de un muerto, ochenta heridos y ciento veinte detenidos. El presidente Bignone llegó a decir que se trataba de un intento de asalto al poder.
     El incremento del costo de la vida había sido del 200% en los últimos doce meses. Con relación al caso Greco, el ex ministro del Interior en la época de la intervención, teniente general Albano Harguindeguy, prestó declaración como imputado no procesado en una causa iniciada por Héctor y José Greco ante el juez federal Nicasio Dibur. En el proceso estaban involucrados el ex presidente del Banco Central, Adolfo Diz; el ex vicepresidente, Alejandro Reynal; el ex ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz y el ex secretario de Programación y Coordinación Económica, Guillermo Walter Klein (h), además de Roberto Abeles, ex interventor en el Banco de los Andes.
     Cinco días antes de Navidad, fueron identificados 76 cadáveres que habían sido inhumados como anónimos; siendo ésta la primera vez que se dio a conocer una nómina de personas fallecidas que eran consideradas “desaparecidas” por sus familiares. La lista sería seguida pocos días después por otros 129. Una baja de gran repercusión tuvo lugar en el ámbito judicial: el juez federal Pedro Narváiz, quien había sostenido un conflicto de poderes con el comandante en jefe del ejército y dispuesto el procesamiento de Martínez de Hoz, renunció a su cargo aduciendo falta de acatamiento del Poder Ejecutivo Nacional a las decisiones de la justicia. En tanto, se publicaba que Adolfo Diz, ex presidente del Banco Central y una docena de directivos, estarían involucrados en un nuevo escándalo financiero manifestado al conocerse un fallo federal que ordenaba la prisión preventiva de varios ejecutivos de la firma Centro Financiero S.A. Analistas especializados compararon esta defraudación con los ya conocidos casos del BIR y el Banco de los Andes.
     La disparada de los precios excedía en mucho a las cifras oficiales que medían la inflación. De ello daba una buena muestra la llamada “canasta navideña”, cuyo costo era de un 400% más que el año anterior.
     El 23 de diciembre fueron liberadas 82 personas que habían sido condenadas bajo el proceso militar por delitos subversivos; ocurriendo esto por primera vez desde que que éste se iniciara en marzo de 1976. Por otra parte, el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Luis Carlos Cabral, pidió el enjuiciamiento del directorio del Banco Central que había actuado durante la liquidación de los grandes bancos. En la solicitud se refería a “graves falencias de control con relación al funcionamiento y anómala expansión de las entidades financieras investigadas”, “injustificada violación de las normas de vigilancia” y “violación a los deberes de funcionario público”.
     En Buenos Aires, el juez comercial Jorge del Valle Puppo decidió ya sobre la finalización del año que las empresas del grupo Greco que no se encontraran en estado de quiebra deberían asistirse mutuamente “a fin de asegurar la continuidad de las fuentes de trabajo de 8.500 trabajadores”.





CAMBIO DE MANO

                                                                                                                               A poco de iniciarse 1983, la necesidad de afirmación que embargaba al régimen militar en Argentina lo llevaba a buscar atajos para, al menos, disimular la situación incontrolable de la economía. Como ha pasado ya tantas veces en este país, se recurriría al subterfugio de cambiar la moneda para que los números impresionaran menos, dado que la multiplicación de la inflación obligaba a utilizar cifras patéticas que ejercían un efecto psicológico difícil de asimilar por la población. Así, a poco andar el año se daban a conocer detalles sobre el nuevo signo monetario que, en un alarde de creatividad, sería llamado “peso argentino”. Con el se abolían cuatro ceros de la moneda vieja, o sea que la equivalencia sería de 10.000 a 1.

     La historia de Malvinas seguía sangrando en muchas expresiones públicas. Una de ellas fue la del sacerdote Domingo de Paolis, que fuera capellán del ejército durante la guerra, quien dijo que allí “yo no vi oficiales guerreros; sólo vi oficiales de salón o de escritorio. Y la guerra se perdió, fundamentalmente, porque esos oficiales no pelearon”.
     Para el 21 de enero el dólar ya se cotizaba a $ 71.000, mientras que el litro de gasolina costaba $ 15.300.
     Febrero trajo una novedad del ambiente tribunalicio que guardaba relación con el caso Greco. Se dictó prisión preventiva contra la que fuera la plana mayor del Banco Central (Diz, Reynal y Klein) por parte del juez federal Nicasio Dibur, por encontrarlos responsables de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Otra noticia relacionada con el ex holding: un peritaje de la Policía Federal revelaba que el grupo Greco había llegado a poseer, antes de la caída, el 25% de las acciones del grupo Catena (uno de sus grandes competidores en el mercado vitivinícola) en una operación tendiente a comprar la totalidad de las mismas. Según el mismo informe, cuando fueron detenidos los Greco éstos ya habían pagado 8 de las 10 cuotas del total, momento en que debieron pedir al Banco Central una ayuda que éste les negó. Más adelante veremos aparecer nuevamente al tema Catena como protagonista de esta historia.
     El 20 de febrero fueron sepultados en Malvinas 221 soldados argentinos muertos en la contienda con Inglaterra; mientras que dos días después el presidente Bignone anunciaba como fecha de las elecciones el 16 de octubre, añadiendo luego que el poder se entregaría el 30 de enero de 1.984.
     El juez Julio Bittar, de San Martín, que tenía a su cargo la quiebra del Banco de los Andes, anunció que la deuda de éste rondaba los cinco billones de pesos. En tanto, el sistema financiero argentino también se veía afectado por la crisis, habiéndose registrado una reducción del 30% de los depósitos en los últimos seis meses. El dólar continuaba su rauda marcha ascendente, llegando el 15 de marzo a los 88.000 pesos. El día 28 el país se vio paralizado nuevamente por una huelga general que se cumplió en todo el territorio.
     En abril, un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que durante la represión habían existido en el país 47 centros clandestinos de detención, entre los años 1976 y 1979. Al finalizar el mes, la junta militar dio a conocer lo que denominó “documento final sobre la guerra contra la subversión”, expresando que quienes figuraran en las nóminas de desaparecidos y no se encontraran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos eran considerados muertos. En el mismo comunicado, caratulaba a todo lo realizado contra la subversión como “acto de servicio”. Entretanto, y ya en el calor de una campaña política que despuntaba con destino a los comicios, Raúl Alfonsín utilizó un arma que sería esencial para su posterior triunfo: la denuncia de un presunto “pacto militar-sindical” para malograr la apertura democrática.
     El juez comercial del Valle Puppo, de Buenos Aires, fue noticia dos veces durante el mes de mayo. En la primera, anunció que dispondría medidas a fin de determinar con certeza “la disminución injustificable de los stocks de vinos” en las empresas del grupo Greco que se encontraban en quiebra, en el marco de una denuncia efectuada al respecto por Héctor y José Greco. En la segunda, pidió la remoción del síndico designado allí por el ministerio de Economía, contador Ricardo Mario Scotti, “por negligencia y falta grave”. Sostuvo que toda la actuación del mismo “se ha centrado en evitar a toda costa las investigaciones dispuestas” ocultando al juzgado graves irregularidades.
     Mayo concluyó con el dólar pasando la barrera histórica de $ 100.000; mas al día siguiente la cifra fue muy diferente. Se había producido el cambio de moneda, de modo que con el nuevo “peso argentino” solamente costaba diez pesos. A fines de julio ya llegaba a quince, demostrando que el efecto psicológico del cambio no había servido para nada. La inflación en los últimos doce meses era del 340 %.
     El desborde del interés bancario, que debía acompañar lógicamente a esta última, hizo que el Banco Central eliminara los depósitos a plazo fijo con tasa libre, lo que provocó un retiro masivo de los mismos a partir del 10 de agosto. En los días siguientes se sabría que aumentaba progresivamente el dinero puesto a interés en dólares en bancos del Uruguay. Entretanto, la Unión Industrial Argentina (UIA), entidad tradicional de los grandes empresarios, advertía que “la inflación reprimida y la recesión son una bomba de tiempo para el próximo gobierno”. A esa altura, alrededor de un millón de trabajadores, en su mayoría del ámbito estatal, mantenían conflictos salariales importantes.
     El 23 de agosto el Poder Ejecutivo Nacional sancionó una ley de amnistía que, según expresaba, beneficiaba a “sediciosos, terroristas y a quienes se excedieron en la represión”. Esa norma recibió un abierto rechazo de distintos sectores; entre ellos del escritor Ernesto Sábato quien la calificó de “monstruosidad jurídica” y de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, que la consideró “un engendro ilegítimo e inconstitucional”. A medida que pasaron los días, distintos jueces resolvieron no acatarla, por lo que se convirtió rápidamente en una expresión inútil. De todos modos, antes de finalizar septiembre el PEN sancionó una nueva ley, esta vez de enjuiciamiento de actividades terroristas y subversivas, que otorgaba a las fuerzas de seguridad facultades extraordinarias para la investigación y detención de las personas sospechadas.
     El 5 de octubre el Banco Central dispuso pagar en pesos argentinos todos los cheques en moneda extranjera que se presentaron al cobro, en el afán de frenar la sangría de divisas que la especulación financiera hacía incontenible. Ello provocó una nueva crisis en el ámbito del dinero, logrando que las tasas en el mercado interempresarial treparan hasta el 50% mensual.
     El viernes 21 el juez federal Alberto Piotti pidió el procesamiento del ex titular del Central, Adolfo Diz; los ex vicepresidente Christian Zimmermann y Alejandro Reynal y el entonces director Oscar Covas. Les atribuyó incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación a las tareas de control de entidades financieras.
     El 30 de octubre de 1.983, con el dólar a $ 25,50, se llevaron a cabo las tan esperadas elecciones generales que consagraron presidente por amplio margen de votos a Raúl Alfonsín. Este acto institucional marcaba el fin próximo de la dictadura militar, siete años y medio después de su instauración, así como el cese de la influencia castrense en el poder político de la Argentina. Una nota periodística hacía resaltar el hecho de que “en los últimos 53 años sólo dos presidentes pudieron terminar sus mandatos”. El próximo no sería la excepción: Alfonsín debió dejar el cargo antes de lo previsto en la Constitución, pero ya no por intromisión de los militares sino por el desbocamiento de una hiperinflación sin igual en la historia del país.


  


LIBERTAD Y ACUERDO




      La creciente complejización del tema emergente de las empresas del ex grupo Greco generaba progresivamente la sensación de que se había convertido en un caso difícil de resolver y, además de ello, era una pesada herencia de erogaciones que el régimen militar le había dejado a sus sucesores. Una maraña conformada por decisiones autoritarias, actuaciones judiciales encontradas, multiplicidad de juicios cruzados y multitud de damnificados resultaba suficiente para hacerle pensar al gobierno de Raúl Alfonsín que era vano esperar la resolución normal de un proceso signado por la anormalidad, lo que aconsejaba buscar la vía de una solución diferente. Ello fue encarado por varios  legisladores nacionales provenientes de Mendoza, provincia donde se manifestaban en forma directa los múltiples problemas que seguía generando la intervención al holding.
     Para ese entonces, los hermanos Greco y el resto de los funcionarios comprendidos en el proceso que llevaba adelante el juez federal Guzzo habían recuperado su libertad, hecho ocurrido el 11 de julio de 1.984 por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. El dictamen estuvo basado en lo prescripto por la Ley 22.050 al establecer que ninguna persona puede estar detenida por más de dos años sin condena; pese a lo cual habían transcurrido más de cuatro desde la detención de los imputados.
     De todos modos, la fórmula buscada para traer una solución práctica al problema recién tomó cuerpo en 1.987 cuando, tras largas negociaciones que procuraban dejar medianamente conformes a las partes, el día 24 de agosto se firmó un acuerdo que sería comúnmente conocido como el “convenio Alfonsín-Greco”. Por el mismo se establecía que volvería a manos de los Greco y Bassil lo siguiente:
     100 % de acciones de Greco Hnos S.A.I.C.yA. 
     100 % de acciones de Hijos de Martín Salvarredi S.A.
     100 % de acciones de La Cautiva S.A.
     100 % de acciones de Quebrachal del Monte S.A.
     100 % de acciones de Resero S.A.I.C.A.F.
     97,50 % de acciones de Fuente Mineral San Salvador S.A.
     96,835 % de acciones de Termas de Villavicencio S.A.
     50 % de acciones de Transformadores Mendoza S.A.
     34 % de acciones de Vinícola Argentina S.A.
     30 % de acciones de Tractoeste S.A.
     20 % de acciones de Tapas Argentinas S.A. ( a favor de Greco Hnos. y Resero)
     Además, el Estado prometía arbitrar los medios para que la empresa Viñedos y Bodegas Arizu cediera a favor del grupo su bodega existente en el departamento de Godoy Cruz (Mendoza), “como así también las marcas y derechos intelectuales registrados a favor de la citada firma, conjuntamente con las maquinarias e instalaciones allí ubicadas”. Las 35 y media empresas restantes seguirían en poder del Estado con el propósito de proceder a su privatización en el término de cinco años.
     En la redacción del proyecto intervinieron legisladores nacionales de Mendoza y San Juan, técnicos de la Presidencia de la Nación, la Procuración General del Tesoro y representantes de los sectores gremial y privado. El entonces diputado Raúl Baglini anunció que las empresas estarían supervisadas por dos comisiones fiscalizadoras durante el mismo lapso de cinco años, remarcando que “el objetivo es reactivar la economía de Mendoza y San Juan, además de buscar mecanismos de privatización idóneos y rápidos”.
     El secretario de prensa de la Federación Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines, Luis Orbelli, en nombre del gremio, declaró que el acuerdo significaba un principio de solución para 6.000 trabajadores; mientras que el entonces diputado José Luis Manzano aclaró que implicaba un desestimiento recíproco en todas las acciones patrimoniales de ambas partes, aunque continuarían las acciones penales en curso. En el acto realizado en esa ocasión, ejerció la representación de Alfonsín el procurador general del Tesoro, Héctor Fassi.
     El ex holding estuvo representado por Héctor Greco, Jorge Bassil, Oscar Francisco Greco, Margarita Ida Granzotto de Greco y Laura Alicia Calcagni de Greco, esta última esposa del primero. En los puntos que así lo requerían, ella prestó conformidad como actora en el juicio de divorcio que se hallaba promoviendo. En la ocasión, el vocero del grupo manifestó que “reiniciamos una etapa de trabajo de la que fuimos obligatoriamente alejados por resoluciones que no sólo afectaron nuestros patrimonios sino nuestras vidas”.  Por su parte, el senador José Genoud conceptuó que en el ciclo vivido “se produjo un paulatino deterioro, especialmente después que se dispuso el dictado de la ley 22.229”; añadiendo que en el primer semestre de 1987 los principales partidos políticos de Mendoza habían coincidido en la necesidad de buscar una solución transaccional.
     Pocos días después, el 3 de septiembre, se firmó el decreto 1.444/87 en función de lo previsto por el Art .86 inc. 1º y 2º de la Constitución Nacional (atribuciones del Poder Ejecutivo), refrendando el reciente acuerdo. En los considerandos se expresa:

     “Que la situación actual de la industria vitivinícola y el comercio derivado de los productos de la misma, que constituyen actividades importantes de la economía regional cuyana, es realmente difícil.”
     “Que el régimen de las leyes 22.229 y 22.334 al que están sometidas importantes empresas productoras y comercializadoras pertenecientes al denominado ´Grupo Greco` no ha constituido un sistema apto para el mejor desenvolvimiento de las mismas, involucrando además al Estado en actividades ajenas a sus fines específicos.”
     “Que ello además irroga al Tesoro gravosas cargas que es necesario ir eliminando en justos y razonables términos.”
     “Que originados en las cuestionadas leyes 22.229 y 22.334 el Estado afronta los graves riesgos de importantes juicios, cuyo resultado, aún favorable, le irrogará importantes desembolsos.”
     “Que dichas tratativas y negociaciones culminaron con la suscripción de un convenio, con fecha 24 de agosto de 1.987, que respetó las pautas consignadas en los proyectos presentados a la Cámara de Diputados de la Nación y al Senado Nacional por legisladores de todos los partidos políticos.”
     “Que asimismo se consideró conveniente asignar al Procurador del Tesoro de la Nación las atribuciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos en el convenio suscripto, así como en las tareas ulteriores de vigilancia y de privatización de las empresas que permanezcan bajo la órbita de la administración estatal.”
     “Que por otra parte y hasta tanto concluyan los procedimientos concursales resultantes de la Ley 22.334, resulta oportuno sustituir como autoridad de aplicación de dicha ley, así como la de la Ley 22.229, al Ministerio de Economía designando en su lugar a la Procuración General de la Nación.”
     “Que no es óbice para ello la mención de dicho Ministerio que hacen respectivamente los artículos 4º y 10º de las leyes 22.229 y 22.334, toda vez que la designación de autoridad de aplicación  se halla en el ámbito de la denominada `zona de reserva de la Administración´, en la cual es válida toda determinación que en determinadas circunstancias pueda adoptar el Poder Ejecutivo Nacional (Conf. Marienhoff, Miguel S. `Tratado de derecho Administrativo´, Tomo I pàgina 249 y siguientes Buenos Aires 1.982).”

      Asimismo, se facultaba al procurador general del Tesoro para la designación de la comisión de vigilancia que fiscalizaría la marcha de las empresas reintegradas. También éste debía proceder a designar nuevos gerentes generales delegados en las mismas; agregándose que los integrantes del Grupo tomarían a su cargo el resultado de la gestión de esos funcionarios.
     Sobre la comisión de vigilancia, el convenio consignaba en su Art. 53 que “la trascendencia que revisten en la economía de la región cuyana las sociedades indicadas............................ aconseja a extremar los recaudos  que garanticen su correcta gestión empresarial durante un plazo suficiente para asegurar a todos los intereses económicos y laborales en juego que no existan desvíos de los objetivos señalados”. Luego especificaba  que “estará compuesta por dos representantes que designará el Sr. Procurador del tesoro de la Nación, por dos señores Diputados Nacionales, por un representante de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas de la República Argentina (FOEVA) y se invitará a los Poderes Ejecutivos de las Provincias de Mendoza y San Juan a que designen un representante por cada una de ellas”.
     Este convenio, que pretendió constituir el principio de una solución real para un caso cuyas consecuencias el Estado temía para sí mismo, no cumplió verdaderamente el papel que le fuera asignado en espíritu, como podremos comprobar más adelante. Ello, pese a que en su articulado expresaba que su objeto era “componer todos los conflictos de cualquier naturaleza existentes entre el Estado Nacional y sus organismos dependientes de la Administración Central, Banco Central de la República Argentina por sí y por las entidades intervenidas y/o liquidadas y todos los integrantes del Grupo, las sociedades que ellos representaron o que aún representan o de las que fueron accionistas......... y, también aunque parcialmente, por la intervención y declaración de quiebra del Banco de los Andes, a cuyo respecto se desisten algunas de las acciones a ello relacionadas aunque nada se establezca con relación a su quiebra”.
     Pero otros problemas más serios se avecinaban para el gobierno radical: apenas tres días después, el 6 de septiembre de 1.987, sufría su primera gran derrota en las urnas cuando el peronismo triunfó en casi todo el país en los comicios para elegir gran número de gobernadores y renovar los cuerpos legislativos. Una pincelada irónica sobre el tema, que ilustra rápidamente sobre los problemas que afrontaba la nación, fue publicada por la agencia de noticias DYN al comentar que “las elecciones han tenido la ventaja de aliviar los bolsillos de los argentinos, ya que el Ministerio de Economía resolvió postergar el habitual tarifazo de comienzos de cada mes”.
     El panorama económico de entonces, causa indudable de la derrota del oficialismo, era patético aunque no inédito: agosto había finalizado con una inflación del 14 % respecto del mes anterior; las tasas de interés de los bancos fluctuaban en el 16 % mensual y las cifras oficiales sobre el aumento del costo de vida lo estimaban en el 13,7 % para el mismo período. En el país existía ya otra moneda: el Austral, que a principios de agosto se cotizaba a 2,57 por dólar y, a fines de mes, había trepado a 3,11.


                                                          




NEGOCIACIÓN INTERRUMPIDA




    Héctor Miguel Osvaldo Greco murió en un accidente automovilístico ocurrido en una esquina del barrio porteño La Paternal, el 14 de diciembre de 1988, pasadas las diez de la mañana según fue consignado en las notas periodísticas. Circulaba en un Ford Falcon color azul cuyo chofer era Francisco Mallea y que, de acuerdo a testigos del hecho, pasó un semáforo en rojo yendo a chocar con un Ford Taunus conducido por una mujer de nombre Beatriz Saladino. Los dos conductores sufrieron heridas, por lo cual fueron trasladados al hospital Fernández.
     Greco, que iba acompañado por dos familiares, salió despedido del vehículo por la fuerza del impacto y cayó al pavimento, a consecuencia de lo cual falleció. Tenía 60 años y, según algunos allegados, iban apurados para llegar a tiempo a una entrevista que tenían con el entonces ministro de Economía de la Nación, Juan Vital Sorrouille y otros funcionarios. De ser ello cierto, sus últimas horas de vida habrían estado dedicadas a seguir negociando en torno de una causa que amenaza no terminar nunca.
     La crónica se extendía comentando que, además de la gran cantidad de empresas que estuvieron bajo su conducción antes de ser intervenidas, también había jugado un papel esencial en otras como Frigocen (refrigeración industrial); Esdipa S.A.I.C. (pesquera); Cardoner, Riva y Cía. (corchos); Celletti S.A.C.I.F.; Pescas S.A.I.C.; Cegne S.A.C.I.F.I.; Liby S.A.I.C.I.F. (construcción) y firmas vitivinícolas como Emilio Gaberione, El Desvío, Vaschetti, Donatti, Los Helechos S.A. y Viejo Viñedo S.A.; así como en fincas importantes como La Agustina, Don José, Don Alberto, Don Héctor, Los 4 Hermanos, Don Jorge, La Madrugada y Estancia La Silvia, entre otras. También se le atribuía la posesión del 2% de las acciones en las sucursales París y Nueva York del Banco de Intercambio Regional (BIR).
     Sobre su presunto acaparamiento del mercado vitivinícola, comentaba el diario Los Andes que “quienes lo defendieron calculaban que podía llegar a absorber una 100 bodegas y unos 500 viñateros a lo sumo. Asimismo, dudaban que tuviera bases sólidas para instaurar un monopolio”.






CINCO AÑOS DESPUÉS



Párrafos de nota del diario LOS ANDES, de Mendoza (viernes 19 de junio de 1.992):

     SAN MARTIN.- Entrar hoy en la bodega Greco, sita en ruta provincial 50 de esta ciudad, es encontrarse con un dramático contraste entre un pasado eufórico y un presente arrasado; entre la fantasía de un imperio erigido de la noche a la mañana y la cruda realidad de una especie de ciudad abandonada donde los seres humanos deambulan a la espera de una decisión judicial que les permita comer.
     Para ser más sintéticos, digamos que el establecimiento que fuera epicentro de un holding sin antecedentes en el país, hoy tiene cortada la luz y el servicio de cloacas. Los edificios están a oscuras y los tanques llenos de agua putrefacta porque los líquidos no tienen salida a la red cloacal.
     En medio de todo esto, los obreros no perciben sus sueldos desde el mes de enero. El caso es de magnitud porque, entre la bodega y las diez fincas que componen la red productora, 150 familias sobreviven milagrosamente.
..................................................................................................................................................
     Una recorrida por las instalaciones de la bodega mostró gran cantidad de camiones, camionetas, tractores y otras maquinarias, algunos con simples desperfectos mecánicos que no se solucionan por falta total de fondos, y otros en un estado de descomposición progresiva que paulatinamente va convirtiéndolos en chatarra.
     La dimensión de este establecimiento permitiría la filmación de un largometraje documental a través de sus diversas etapas, que exhiben desde cubas de roble, de dimensiones gigantescas, hasta lagares de última tecnología, todo lo cual va transitando, irremisiblemente, el camino de la destrucción.
...................................................................................................................................................


Párrafos de nota del Diario LOS ANDES, Mendoza ( Domingo 21 de junio de 1.992):

     Desde la firma del convenio (*) quedaron más de 2.000 obreros de estas empresas en la calle y sólo quedan cinco de ellas en funcionamiento, con el agravante de que nunca pagaron impuestos nacionales y provinciales, aportes, retenciones, etc. Hoy la situación es la misma que imperaba en 1.987 cuando se firmó el convenio Greco-Estado, con la única diferencia de que las empresas han sido esquilmadas y sin recursos.
..................................................................................................................................................
     ¿Quiénes se quedaron con el fruto de los remates que ya se produjeron y dónde irá a dar el fruto de los restantes y además el producido de las cosechas, el que hubiera permitido cancelar obligaciones salariales? ¿De dónde cobrará el Estado nacional los más de 1.800 millones de dólares adelantados al Banco de los Andes antes de la intervención y los varios millones que desde 1.980 fueron entregados para mantener una intervención-sindicatura y sus quiebras?
...................................................................................................................................................
     Quienes llevaron sus uvas a vinificar a la bodega Greco por el sistema de elaboración por cuenta de terceros, afirman que cuando fueron a reclamar su vino “nos encontramos con que el mismo no estaba”................ Hay además denuncias según las cuales “a cambio del vino, el ex gerente, Alfredo Gabrielli, les abonó con chequeras de la sindicatura” y se sostiene que esos valores “en muchos casos no tenían fondos y en otros casos, fueron rechazados”.

(*) Se refiere al convenio Greco-Estado, de 1.987. (N. del autor)


Párrafos de nota del diario LOS ANDES, de Mendoza (martes 23 de junio de 1.992):

     Aproximadamente 40 empleados tomaron la bodega Greco, por falta de pago y “por la política empresarial llevada a cabo por los titulares de la firma y desde abril por una sindicatura”. Creen que se ha producido un vaciamiento de la empresa entre agosto de 1.987 y marzo del corriente año, período en que, por el acuerdo de los hermanos Greco con el gobierno nacional, estuvo a cargo de los dueños originarios.
     “El ex gerente Gabrielli es hermano del gobernador – indicaron – aunque no fue nombrado por el Estado sino por José Greco y su sobrino Alberto, hijo del extinto Héctor Osvaldo Greco, quienes conducían la empresa desde el acuerdo con el gobierno, de 1.987”.
     “A esta gente le devolvieron la bodega y durante dos años el Estado pagó los sueldos para que reactivaran la empresa. No la reactivaron, se vendió madera en pie en todas las fincas, se vendieron tractores. Así fue que hasta diciembre del ´91 el juez Butty indica la liquidación de esta empresa. Pero José y Alberto Greco (h) siguieron administrando hasta marzo. Esperaron que se llevara la uva. ¿Por qué? (*)

    (*) En marzo se realiza la cosecha de uva y se ingresa en la bodega para vinificarla (N. del autor)


Párrafos de nota del diario LOS ANDES, de Mendoza (lunes 15 de junio de 1.992), con expresiones del diputado provincial Juan Fúrfuri, del Partido Demócrata:

...................................................................................................................................................
     “A pesar de los controles expuestos (*) –señaló- los Greco continuaron con sus manejos en empresas como Resero, que fue vaciada. Hubo denuncias en el Juzgado Federal por mesas de vinos, chequeras firmadas en blanco de Arizu-Resero, clientes conjuntos, etc. que ocasionaron el pedido de convocatoria de acreedores de esta empresa – Decreto 1.225/88 – a pesar de existir una comisión de vigilancia y de haberse dispuesto los fondos del Estado para el pago de sueldos. Se promulgó así el Decreto 1.121/88, por el cual se facultaba al procurador del Tesoro a hacerse cargo de las deudas que el grupo mantenía con distintos organismos del Estado y se cierra así un ciclo de manejos de tal magnitud que asombra la impunidad con que se celebraron los mismos”.
     “En agosto de 1.988 –expresó- los señores Greco firmaron un acuerdo mediante el cual vendieron a Industrias Cartellone Resero y Villavicencio, pese a que las acciones de las mismas quedaban caucionadas por cinco años a favor del Estado, percibiendo 20 millones de dólares por la operación”.

(*) Se refiere a la comisión de vigilancia compuesta por miembros de extracción diversa, que según el convenio Greco-Estado debía controlar el manejo de las empresas devueltas. (N. del autor)
..................................................................................................................................................


Párrafo de nota del diario LOS ANDES, de Mendoza (lunes 22 de junio de 1.992) con declaraciones del doctor Juan Carlos Jaliff (*), quien fuera uno de los sucesivos síndicos designados por el Estado en el grupo:

...................................................................................................................................................
     “La denominada comisión de vigilancia entraba efectivamente en funciones una vez agotado el cumplimiento del convenio – cosa que hasta ahora no ha ocurrido -. De allí que lo que ha existido con ese nombre no es un órgano de contralor, sino de asesoramiento de las distintas autoridades de aplicación (procurador del Tesoro, Fassi; secretario de Justicia, Arias; ministro de Economía, Cavallo). Es además notorio que durante la gestión del Dr. Arias se discontinuó el funcionamiento de las empresas”.
..................................................................................................................................................

(*) Juan Carlos Jaliff es el actual ministro de Gobierno de Mendoza


     Párrafo del Art. 53 del convenio Greco-Estado, donde se define a la comisión de vigilancia:

     “..................... cuyas facultades serán: 1) Inspeccionar, compulsar y auditar la contabilidad de esas empresas por sí o por medio de profesionales que al efecto designe; 2) designar de común acuerdo con los Organos de Administración auditorías externas de esas empresas cuyos gastos de funcionamiento serán a cargo de las sociedades auditadas, dejándose constancia que los miembros de la Comisión podrán requerir de la asesoría toda la información y la documentación que consideren necesaria para su gestión; 3) informar sobre las operaciones de laboreo, comercialización o industriales que realicen esas empresas, en el momento y en los lugares en que ellas se ejecuten, debiéndose proporcionar todas las informaciones que al efecto soliciten; 4) oponerse válidamente a la constitución de gravámenes sobre los bienes que forman parte del activo de dichas sociedades o prestar conformidad con ellos, conformidad que será necesaria para la validez de dichos gravámenes, conjuntamente con la del Sr. Procurador, en virtud a lo establecido en el Art. 50”.





TENEMOS EL DECRETO



    El decreto No. 1316/98, de la Presidencia de la Nación ocupada entonces por Carlos Saúl Menem, fue considerado por los acreedores una verdadera conquista a pesar del largo tiempo transcurrido y los infinitos trámites llevados a cabo en reclamo de deudas del más variado tipo. Sin embargo, la firma de esta norma de ninguna manera significaría el final del problema como supusieron muchos de los demandantes.
     El texto del decreto en su parte resolutiva es el siguiente:

     Art. 1º.- Dispónese el reconocimiento y pago de los pasivos existentes a favor de los acreedores privados que comprueben su calidad de tales, respecto de las personas físicas y jurídicas que se detallan en los Anexos I y II del presente decreto y satisfagan los requisitos a que se refiere el artículo 4º.
     Art. 2º.- Los pagos correspondientes serán efectivizados por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en su carácter de Autoridad de Aplicación de las Leyes Números 22.229 y 22.334, en el ejercicio presupuestario del año 1.999 de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 8º, 9º y 10º del presente; a tal efecto instrúyase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, a fin de que previsione para dicho ejercicio los créditos necesarios para cancelar las obligaciones que se reconocen en el artículo 1º.
     Art. 3º.- Las liquidaciones que se practiquen, se aplicarán exclusivamente a la cancelación de acreencias de causa o título anterior a la fecha del presente decreto, que no hubieran sido asumidas anteriormente por el Estado Nacional a través del Decreto Nº 39/33.
     Art. 4º.- Serán requisitos necesarios para habilitar el otorgamiento del pago, los que deberán ser acreditados al momento de presentar la correspondiente solicitud, los siguientes:
a)      Que el crédito reclamado no se halle prescripto.
b)      Desinteresar a aquellos acreedores cuyos pasivos privados hayan sido homologados previamente en sede judicial o reconocidos por sentencia judicial firme. Los acreedores involucrados, deberán aceptar en forma previa y por escrito, que las costas que, hasta la fecha de publicación del presente, se hubieren devengado en las distintas actuaciones judiciales en trámite, sin sentencia judicial firme, sean soportadas por su orden.
c)      Que exista reconocimiento judicial firme de la acreencia en aquellos supuestos en que el crédito tenga origen previo a la declaración de quiebra de la sociedad que se trate.
d)      La renuncia del acreedor a todo tipo de reclamo adicional contra cualquier sociedad del denominado ex Grupo Greco y/o el Estado Nacional.
     Art. 5º.- El Estado Nacional quedará subrogado en los derechos de los acreedores particulares que reciban los pagos mencionados en el presente decreto.
     Art. 6º.- Los acreedores que pretendan acogerse a los beneficios establecidos por este decreto, deberán formalizar su presentación por ante el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, dentro del los Treinta (30) días de la publicación del presente en el Boletín Oficial. Vencido dicho plazo caducará la posibilidad de presentación para obtener el reconocimiento y pago establecido.
     Art. 7º.- A los fines de su cancelación mediante la aplicación del reconocimiento y pago establecido por el presente, los créditos originados con anterioridad al 1º de abril de 1.991, se actualizarán hasta esa fecha mediante la aplicación del Indice de Precios Mayoristas, Nivel General, publicado por el INDEC, teniendo en cuenta al efecto los límites impuestos por la Ley No. 24.283, mientras que aquéllos originados después del 1º de abril de 1.991, se cancelarán al valor de su fecha de origen. Los valores así determinados se liquidarán de la siguiente manera:
a)      Acreedores post-concursales laborales, maquileros y de dominio originales: el Ciento por Ciento (100 %) de sus acreencias;
b)      El resto de los acreedores: si el crédito supera la suma de Quinientos Mil Pesos ($ 500.000), se reconocerá hasta dicho monto; o en su defecto, el Ciento por Ciento (100 %) del mismo.
     Art. 8º.- Facúltase al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, a cancelar, mediante la utilización de Bonos de Consolidación de la Deuda Pública en pesos, a Dieciséis (16) años de plazo a su valor nominal, las deudas postconcursales de causa o título posterior al 1º de abril de 1.991, que ya fueran asumidas por el estado Nacional, cuyos titulares sean acreedores de las sociedades que en el Anexo II se detallan.
     Art. 9º.- La solicitud de entrega de bonos de consolidación tramitará en forma análoga a la prevista por la Ley Nº 23.982 y el Decreto Nº 2140/91 y sus disposiciones complementarias para la cancelación de deudas alcanzadas por la consolidación de deudas del Estado.
     Art. 10º.- Facúltase al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a cancelar, mediante la utilización de Bonos de Consolidación de la Deuda Pública en pesos, a Dieciséis (16) años de plazo, a su valor nominal, los créditos de los acreedores privados de las personas físicas y jurídicas integrantes del denominado genéricamente ex Grupo Greco que se mencionan en los Anexos I y II, a los que se refiere el artículos 1º del presente, reclamados en función de los artículos 56, 57 y 58 de la Ley Nº 11.672 – Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1997), los que se cancelarán conforme la Ley Nº 23.982.
     Art. 11º.- Las disposiciones del presente decreto se encuentran limitadas a lo estrictamente dispuesto, sin que puedan ser utilizadas para interpretar o decidir otras cuestiones vinculadas a derechos subjetivos que pudieren alegarse o ejercerse por los acreedores de las Sociedades del denominado ex Grupo Greco, ni a sus integrantes, ni comprometen la responsabilidad del Estado Nacional más allá de dicho ámbito.
     Art. 12º.- El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en su carácter de Autoridad de Aplicación, adoptará los recaudos que fueren necesarios para el cumplimiento del régimen establecido en el presente decreto.
   Art. 13º.- Dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación.





VEINTE AÑOS NO ES NADA




Nota del diario UNO, de Mendoza (miércoles 8 de setiembre de 1.999):

     Fernando Calvo, el encargado de la intervención del ex grupo Greco, manifestó ayer en Mendoza que el año que viene se completará el pago a los empleados de las empresas del consorcio lo que se les debe.
     Asimismo, indicó que para el 2.000 ya hay destinados 57 millones de pesos para hacerle frente a las demandas de la totalidad de los trabajadores del desaparecido grupo de empresas mendocino.
     Calvo estuvo ayer en nuestra provincia y se puso a disposición de los ex empleados de Greco para evacuar dudas respecto al estado de sus expedientes y para desmentir que exista algún tipo de discriminación a favor de los acreedores de la Capital Federal en perjuicio de los mendocinos.
      El funcionario es la autoridad máxima de la intervención que se hizo cargo de los pasivos del grupo y explicó que su visita es “por consecuencia de notas periodísticas donde ex empleados señalaban que hacía nueve meses que se había sancionado el decreto 1.316 por el cual se reconocía a acreedores de las empresas del grupo Greco diversas acreencias y todavía no había cobrado ninguna persona”.
     A esto, Calvo respondió que el proceso es largo y debe pasar por diferentes instancias de control. Además, manifestó que en más de 700 casos –de un total de dos mil que se presentaron por el decreto de finales de 1.998- “hemos rechazado más de 100 por reclamos duplicados, por estar a nombre de fallecidos o por no tener asidero. También hay más de 400 expedientes paralizados porque no tienen sentencia judicial que avale la petición y esto es un requisito inexcusable. Por último, unos 300 reclamos no tienen la documentación necesaria para continuar con el trámite”.
     Calvo explicó que en más de 700 expedientes la intervención no tiene posibilidades de continuar por razones ajenas a ella.
     En esa línea, no obstante, aseguró que todo indica que más de 100 acreedores podrán cobrar antes de fin de año. “Los trámites están encaminados como para que de acá a fin de año más de 100 expedientes finalicen el proceso. Esta es la cantidad de reclamos que están más avanzados y tienen completa su documentación”, puntualizó.
     Los demás, podrían ya el año que viene llegar al ansiado final feliz de una historia que comenzó en 1.991.
     “No advertimos problemas para que durante el 2.000 finalicemos de pagar. En lo que va de este año ya llevamos pagados más de 1,4 millones de pesos y para el que viene hemos previsto una partida de 57 millones”, completó.
     El funcionario del Ministerio de Economía de la Nación aclaró que este es un trámite lento que tiene que sortear distintas etapas de control. “Además hay que tener en cuenta que desde 1.991, cuando el estado asume las deudas del grupo Greco, se ha hecho cargo de más de 100 millones de pesos”
     Respecto a la supuesta discriminación que denunciaron ex trabajadores mendocinos del grupo, Calvo detalló que una de las razones de su viaje fue “realizar las aclaraciones pertinentes, desmentir dichas aseveraciones y ponernos a disposición de los distintos acreedores para que sin necesidad de terceros puedan comunicarse con las autoridades que están tramitando los expedientes de cobro, y señalarles los inconvenientes, si los hay, y sino decirles cómo están sus reclamos”.
   

 “Todos los interesados –continuó- tanto de Mendoza como de San Juan, Córdoba y de todo el país están siendo representados por profesionales que tienen relación con nosotros y ellos pueden comprobar que no hay ningún tipo de discriminación”.
     Según Calvo, a veces completar los expedientes por parte de acreedores porteños se hace de forma más rápida por razones de distancia en contraposición a si el demandante es mendocino.


     Párrafos de una nota del diario UNO, de Mendoza (lunes 6 de noviembre de 2.000), firmada por el abogado Arturo Enrique Cardoso):

    ...............................................................................................................................................
     El pago que ha asumido el Estado nacional por el Decreto 1.316/98 no sólo beneficiará a quienes perciban sus postergados créditos, sino a la provincia toda. Según datos, que se pueden corroborar, al 30 de diciembre de 1.998 había 1.300 expedientes de acogimiento a dicho decreto, que hacen más de 2.000 acreedores. A estos expedientes cabe agregar los que ya estaban en trámite, según el Decreto 39/93, lo que hace un total de 2.300 expedientes, aumentado el número acreedores a 10.000, entre los beneficiados directos o indirectos (contratistas de viñas, maquileros, cooperativas, sociedades, etc).
     De los expedientes en trámite, al mes de agosto del corriente, en la intervención Ley 22.229 (ex Grupo Greco), había expedientes con informe contable por $ 25.000.000 y sin informe $ 77.000.000 (estimado).
    ...............................................................................................................................................
     Acortar los pasos en la SIGEN (*), cuya demora pasaba el año, es muy importante. Pero no pueden omitirse otros organismos, integrantes del Ministerio de Economía y/o de la secretaría de Hacienda, tales como la UAI (Unidad de Auditoría Interna) cuyos tiempos son superiores a los tres meses o más, también la UB (Unidad de Bonos) con más de 60 o 70 días más, todo lo cual dificulta los pagos, situación que se ve agravada con la drástica reducción del personal de la intervención Ley 22.229 en más del 70%, con la cual, aquellos tiempos se dilatarán en la oficina de origen por tal motivo.
     ..............................................................................................................................................
     Otro aspecto que no puede dejar de ser considerado es que (por ley), en todos los expedientes a pagar en bonos, inferiores a $ 10.000, no corresponde la intervención de la SIGEN, que es el caso, mayoritariamente, de los obreros, cuyos pagos, en muchos casos, todavía continúan demorados. Bueno sería contar con listas oficiales de quienes han cobrado y los pendientes.
     Por otra parte, en el caso de los productores y las empresas afectadas, muchos de ellos con deudas con el Banco Nación y con organismos nacionales (AFIP-DGI, etcétera) y provinciales (DGR, Irrigación, etcétera) debería implementarse un sistema para aquellos que hayan obtenido el reconocimiento oficial de la deuda por parte del Estado nacional. ...................... Adviértase que la AFIP-DGI y la intervención Ley 22.229 (ex Grupo Greco) dependen de la secretaría de Hacienda, por un lado se ejecuta y se cobra compulsivamente y por el otro se demoran, en todo sentido, el pago de créditos, algunos de 20 años, los menos de 8 años, que es cuando el anterior gobierno nacional dispuso el cese de la actividad comercial de las empresas en quiebra dirigidas por el síndico oficial nombrado por el Ministerio de Economía. El decreto 1.316/98 va a cumplir dos años de vigencia, no obstante las acreencias no se abonan por las demoras en que incurren los organismos o reparticiones en el orden nacional.
     ..............................................................................................................................................
     Concluyo esta nota apoyando los dichos del diputado Fayad (**) sobre la aparición de falsos gestores, lo que es absolutamente cierto, ya que invocando contactos en el más alto nivel de la secretaría de Hacienda, ofrecen trámites para el más pronto cobro de créditos, pidiendo porcentaje del 20 % o más. .......................................................................................

(*)  Sindicatura General de la Nación. (N. del autor)
(**) Víctor Fayad, diputado nacional por Mendoza




ESTADO VS. JUSTICIA




      La inusitada cantidad de empresas que estuvieron ligadas con el grupo Greco, mientras éste fue conducido por sus dueños, mostró también sus diferencias a la hora de conocerse la real composición de las mismas. Muchas de ellas estaban controladas en su totalidad por el holding en cuanto a la posesión accionaria, mientras que en otras tenía un porcentaje mayoritario y, también, existían aquéllas en las cuales su integración había sido sólo parcial. Entre estas últimas ubicó Alfredo Allicciardi a TractoEste, con sede en la ciudad mendocina de San Martín y dedicada desde 1.973 a la comercialización de maquinarias, herramientas e insumos para el trabajo rural.
     “Estaba formada por una estructura de accionistas, a los que luego se agregó el grupo Greco con un 30 % del total. Cuando éste fue intervenido, nos metieron a todos en la misma bolsa sin importar demasiado la condición de la empresa y, por supuesto, designaron interventores y todo lo demás, de modo que fuimos impedidos de seguir manejándola. Recién en 1.985, cuando se comenzó a hablar en firme de las tratativas que había con el gobierno de Alfonsín para llegar a una solución concertada por las partes, pudimos volver a entrar a la empresa pero sólo como observadores, sin ningún poder de decisión”.
     “Llegó 1.987, cuando por fin fue firmado ese acuerdo que buscó cortar por lo sano la enmarañada trama de una situación que se prolongaba en el tiempo y amenazaba no tener salida. El llamado ´pacto Alfonsín-Greco` posibilitó la entrega al grupo de once empresas y media entre las cuales TractoEste no estaba, dado que en realidad no había pertenecido a este último. Fue entonces cuando don Héctor Greco me pidió que me hiciese cargo de la gerencia en la empresa Greco Hnos. que, como todos saben, fue la que concentró el mayor movimiento del holding en el área de la vitivinicultura. En diciembre del año siguiente don Héctor murió en un accidente automovilístico ocurrido en Buenos Aires. Yo estuve en su velatorio y allí pude desvirtuar algunas fantasías que corrieron después, cuando se comentaba que quizás se trataba de una muerte fraguada. Era realmente él. Su fallecimiento fue un episodio fortuito en un choque sin mayores consecuencias que tuvieron dos autos en una esquina, cuando salió despedido y cayó en la calle”.
     “Cuando se firmó, el convenio estuvo peregrinando acerca de cuál iba a ser su autoridad de aplicación (el Ministerio de Economía, la Procuración del Tesoro, la Secretaría de Justicia de la Nación, etc) y se cometió el inexplicable error de no homologarlo en la justicia. El juzgado comercial que tenía la quiebra en Buenos Aires desconoció la existencia del acuerdo y siguió actuando por su cuenta como había venido haciéndolo, procediendo incluso al remate de empresas y propiedades. En muchos casos, como fue el de Greco Hnos., la administración estaba prácticamente dividida; por una parte debíamos responder a nuestros empleadores, o sea los dueños históricos pero, por otro lado, había que acatar las decisiones de auditores y síndicos que también tenían allí a sus propios hombres”.
     “Recuerdo que cuando Greco volvió a la bodega – rememora Allicciardi - me pidió que le hiciese por escrito un pantallazo rápido de la situación. Cuando lo leyó se agarraba la cabeza. Por ejemplo, había 6 enólogos, 7 ingenieros, 6 contadores y 132 empleados, cuando en sus mejores épocas estos últimos habían sido menos de 30. De todos modos, su poder de decisión real nunca volvió a existir y la empresa continuó su declinación hasta que, finalmente, fue vendida, contrariando un acuerdo que aún está vigente dado que en ningún momento fue derogado ni sustituído”.
     Entre los momentos especiales vividos allí, destaca que “en 1.986, la juez ordenó desde Buenos Aires que le entregáramos a la empresa Bistolfi (propietaria de Bodegas El Desvío, de General Alvear) todo el vino existente en Greco Hnos. por una demanda emergente de una venta efectuada en su momento. Yo nunca entendí cómo podía Bistolfi haber realizado una operación tan grande, teniendo en cuenta las dimensiones de su empresa. Se llevaron 26 millones de litros de vino, lo que demandó una tarea continua de un mes y medio. A un restaurante de aquí todavía le deben la comida de todo el personal que trabajó en ese operativo”.
     “También ocurría que la mayor cantidad de vino que se elaboraba iba a parar a las plantas fraccionadoras existentes en Buenos Aires y su entorno. Allí existía una estructura con más de 300 empleados, supervisores, distribuidores y vendedores que succionaba virtualmente todas las utilidades, mientras que el personal de aquí se desvivía para poder cobrar el sueldo. Las fincas cada vez trabajaban menos y finalmente acabaron abandonadas en su mayoría; existiendo incluso una, en el departamento Santa Rosa, que no se pudo poner a la venta porque veinte años después se dieron cuenta de que no tenía papeles. Entre las empresas grandes que ´se cayeron` después de haber sido poderosas, le nombro dos como ejemplo: Viñas de Yacanto, que comercializaba en Buenos Aires, y Bodegas y Viñedos Arizu, histórica firma de Mendoza.”
     “Una mención especial merece el tema de los maquileros, muchos de los cuales han llevado su uva a Greco Hnos. por largos años, al punto que algunos tienen juicios que se remontan hasta el año ´80. Yo me retiré de la empresa a fines del ´91, porque la situación era totalmente insostenible dado que nunca se sabía quién mandaba. El desorden era tan grande que los maquileros que habían traído la uva a la bodega no tenían ni siquiera documentación sobre su ingreso. Yo me he sentido siempre solidario con esa gente a la que me tocó atender y que lleva muchos años luchando por sus derechos. Los he acompañado siempre en los innumerables viajes y gestiones realizados, a pesar de que también me ligué un procesamiento judicial que todavía no termina.”
     Según conceptúa Allicciardi, “el convenio Alfonsín-Greco establecía la devolución de 9 empresas que no estaban realmente en buena situación, por lo cual se le agregaron las firmas Termas de Villavicencio, Resero y una mitad de Arizu. Las dos primeras fueron vendidas posteriormente por los Greco, en una operación que avaló el entonces secretario de Justicia de la Nación, César Arias; para lo cual hubo que levantar la quiebra de otras seis empresas en cuyas manos estaba el paquete accionario de aquéllas. La venta de Villavicencio fue realizada a un comprador que no cumplió con el pago de 40 cuotas de U$S 80.000 cada una; vendiéndosela a un grupo francés que la tiene en la actualidad”.
    “ Si bien es verdad que el convenio Alfonsín-Greco sigue vigente – añade – también es cierto que el Estado no puede devolver empresas que han sido vendidas por orden judicial, como es el caso de Greco Hnos., Hijos de Martín Salvarredi y otras. En el año ´98 se firmó un decreto autorizando la realización de negociaciones que hicieran posible el cumplimiento del convenio, once años después de su existencia. Las tratativas se prolongaron durante dos años, pero la inexistencia de los bienes a restituir hace que no quede otro camino que el resarcimiento monetario. Se habló varias veces de cifras, muy dispares entre sí, pero el gran expediente engrosado por las numerosas reuniones, propuestas y negociaciones se encuentra todavía en manos de la justicia.”
     Respecto de la breve época de esplendor del grupo,  conceptuó que “llegó a operar tanto que entró en el desatino. Obviamente, su crecimiento fue excesivamente veloz para que pudiera controlarse en su funcionamiento, de modo que adentro había de todo: gente honesta, oportunistas y aprovechadores. Sin embargo, Héctor Greco tenía dotes especiales de empresario e incluso estaba adelantado a su época. Por ejemplo, preveía ya la necesidad de ir sustituyendo progresivamente los vinos comunes por los finos, regla de oro para el mercado internacional competitivo de hoy. Por otra parte, se preocupaba siempre por hacer más confortable la vida de sus trabajadores agrícolas, convencido de que ´un día nos vamos a quedar sin gente en el campo`, una realidad que el tiempo se encargó de confirmar, desgraciadamente”.
    “Cuando sobrevino su caída, el grupo tenía muchas bodegas alquiladas para guardar la enorme cantidad de vino comprado. Varias de ellas no lo entregaron nunca, sino que empezaron con las chicanas exigiendo pagos, débitos y perjuicios de todo tipo que se fueron acrecentando durante la intervención. A los cinco años, prácticamente ese vino no existía más, aproximadamente 50 millones de litros. En una de sus últimas operaciones Greco compró el grupo Catena, que era su principal competidor, en 108 millones de dólares de los cuales pagó 92 millones. Fue entonces cuando cayó en desgracia y no pudo terminar de pagar un contrato cuyos términos favorecían ampliamente a Catena. También ahí existieron largos juicios en los cuales, según mi conocimiento, los Greco han cobrado solamente 500.000 dólares.”
     “Aunque usted no lo crea, la quiebra del Banco de los Andes subsiste aún hoy en un juzgado comercial de San Martín, donde todavía se intenta cobrar algunos créditos que están pendientes. En cuanto a TractoEste, – dijo Allicciardi por último – no fue incluida en las negociaciones del convenio Alfonsín-Greco porque se determinó que no había formado parte del grupo. Lo que nadie ha podido responder es por qué, entonces, la intervinieron.”




EL VINO ESFUMADO

 

                                                                                                                                                                             Valentín Pedro Daminato es presidente del consejo de administración de la Cooperativa Vitivinícola Viñas de Medrano, entidad empresaria que tuvo su origen en la localidad del mismo nombre en 1988, en momentos en que el movimiento cooperativista se difundió especialmente en la provincia de Mendoza. La conformaron treinta y seis agricultores dedicados al cultivo de las viñas y Daminato ha continuado siendo su titular en forma ininterrumpida hasta la fecha.
     Como no disponían de bodega propia, los socios dirigían su producción anual al sistema de maquila, del que ya hemos hablado y que consiste en ingresar la uva a una bodega con la que se celebra un convenio, para que ésta elabore el vino correspondiente a cambio de un porcentaje del mismo. Su primer trato con la bodega Greco Hnos. ocurrió cuando ésta ya llevaba varios años intervenida, pero coincidió también con la época en que la firma del convenio Greco-Estado creó una situación ambigua en varias empresas con respecto a las responsabilidades de las partes. Según narra Daminato, ellos pactaron su operación con los representantes legales de la quiebra de Greco Hnos, lo cual, a su juicio de entonces, significaba contar con las garantías del gobierno y de la justicia. Hoy, a más de doce años de aquel momento, no puede menos que sonreir irónicamente por aquella apreciación.
     - Al principio todo anduvo bien y cada uno de nosotros tenía autonomía para vender o no su vino después de que estuviese elaborado. Pero cuando llevábamos tres años de trato continuo, en el momento en que decidimos venderlo el vino no estaba. Desapareció todo el producto de una cosecha y parte de la anterior; en total, 3.200.000 litros en la época en que el precio todavía era bueno.
     Luego continuó diciendo: “Ante esa mala sorpresa, debimos recurrir a un asesor legal con quien fuimos, acompañados de un escribano, a la sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura, organismo gubernamental que ejerce el control obligatorio de todas las operaciones relacionadas con esa industria. Ahí nos llenaron de exigencias con la presentación de requisitos formales hasta que, finalmente, comenzaron a mostrarnos la documentación que requeríamos; pero en un momento dado hizo su aparición un abogado del mismo instituto quien impidió que se nos siguiera informando.”
     - De ahí empezamos a peregrinar en la búsqueda de una solución; – rememoró – yendo incluso a Buenos Aires a hablar con el juez Butty que tenía a su cargo el caso. Poco tiempo después, éste falló a favor nuestro con un dictamen según el cual en un plazo de diez días la intervención debía devolvernos el vino o, en su defecto, pagarlo con intereses y demás gastos. Para ese entonces ya habían transcurrido unos dos años desde el comienzo de nuestros reclamos y, a partir de ahí, comenzó una nueva odisea porque la orden del juez nunca se cumplía: llegaba hasta el ministerio de Economía y ahí se paralizaba.
     Daminato continuó narrando que, en razón de que ya existía sentencia firme a favor de ellos, unos años después llegó a Mendoza una partida de bonos del gobierno nacional con los cuales les efectuaron un pago parcial, equivalente a algo más del 40% de la deuda. “Pedimos que también nos entregaran una bodega del ex grupo que estaba inactiva, pero no se concretó. En cambio, nos ofrecieron todas las fincas para que las trabajáramos, pero eso ya era virtualmente imposible porque estaban completamente abandonadas”.
     Según sus propias palabras, a partir de ahí han sido muchas las veces en que se les prometió un pago inmediato pero éste nunca llegó. Finalmente, fueron incluidos, junto con obreros, proveedores y otros acreedores en el Decreto Nº 1.316 firmado por Carlos Menem en 1998, lo cual implicaba la promesa de cobrar pronto, pero ya ha pasado la mitad del año 2001 y la plata no aparece. “Yo calculo – dijo – que debemos tener a cobrar alrededor de 500.000 dólares; debería ser mucho más, por la acumulación de intereses de tanto tiempo, pero el monto está limitado por un tope determinado en el decreto”.
   - Uno de los gerentes en Greco Hnos. fue Alfredo Gabrielli, hermano del ex gobernador de Mendoza, Rodolfo Gabrielli. Un día me dijo: “Daminato, no se haga problema porque le vamos a devolver el vino en esta cosecha”. Yo le contesté: “Qué van a devolver, si entre todas las fincas que tienen no juntan 3.000 quintales de uva, que es lo que yo saco en la mía de 12 hectáreas”. Con decirle que le habían vendido 15.000 quintales de uva a un conocido bodeguero llamado Blengini, quien les adelantó la mitad del dinero y, a la hora de cosechar, se encontró con que no había uva.
     “Mi opinión del caso Greco es que, si al intervenir las empresas las hubiesen liquidado y vendido, habrían tenido para pagar varias veces todo lo que se debía. Pero había muchos interesados en seguir explotando la situación, cosa que hicieron a lo largo de muchos años. Mucha gente salió rica mientras todo quedó destruido”.
     - De todos modos – finalizó diciendo – nuestro caso ni siquiera tuvo algo que ver con la caída de Greco, porque fuimos proveedores posteriores. Pero aquí nos ve: más de diez años después, todavía no sabemos cuándo vamos a cobrar.
     Actualmente, la Cooperativa Viñas de Medrano es una empresa que elabora en varias bodegas la uva de sus 36 socios y de otros 400 agricultores a quienes brinda los servicios de maquila. Sus vinos, prestigiados por su calidad, se venden tanto en el mercado argentino como en el exterior, incluyendo los Estados Unidos.



LLEGARON LOS ARABES




     El caso particular de Tractoeste S.A. fue narrado más en detalle por Leonardo Scigliano, uno de los accionistas de esa empresa, quien apuntó que la misma había nacido en 1.973, incorporándose luego Greco en 1.976 con un 30 % de las acciones totales mientras que el resto estaba integrado por cinco accionistas de apellidos D’Amico, Grandinotto, Allicciardi, Guardatti y el propio Scigliano. Esta conjunción de nombres, que  suena como una nómina de la selección italiana de fútbol, fue sin embargo la de quienes resultaron involucrados de un modo “sui generis” al incautarse el Estado de su patrimonio comercial sin tener en cuenta que, legalmente, no pertenecía al grupo Greco.
     “El gobierno militar creyó que era otra empresa del grupo – entiende Scigliano al rememorar los hechos 21 años después de acontecidos. – Recuerdo que aproximadamente unos veinticinco días después de producirse la intervención de aquél, apareció un señor Claisen que dijo ser del SIDE (Servicio de Informaciones del Estado), quien, a punta de pistola, puso al frente de Tractoeste a un tal Battistini y nos echó a nosotros. Battistini era un conocido miembro del Partido Demócrata, agrupación que, como todo el mundo sabe, colaboraba estrechamente con el régimen castrense. Eran momentos en que las cosas se hacían así, de prepo y por el terror”.
     “En aquel momento – prosigue – teníamos 200 tractores nuevos, 150 usados y un millón de litros de vino, entre otras muchas cosas, y se lo comieron todo. Nosotros no tuvimos acceso al manejo de la empresa para nada; algunos integrantes del directorio se quedaron para ver qué podían salvar de ello, pero todo se fue deteriorando más y más. Tractoeste funcionó más o menos hasta el año ’90 pero en una forma totalmente irregular. Por ejemplo, nunca se hicieron los depósitos previsionales y el cierre dejó como saldo numerosos juicios laborales de la gente que trabajaba allí”.
     Para ilustrar acerca de la importancia de Tractoeste S.A., Scigliano la definió como “la mayor empresa en su ramo de la provincia, que fue galardonada por la Fiat por vender 1.500 tractores en el lapso de treinta meses. El premio consistió en dos viajes a Italia con todo pago para cada uno de los vendedores. Como comparación, vale decir que los tractores que vendíamos entonces en Mendoza no se venden hoy en todo el país. Todos los productores agrícolas compraban el suyo, con créditos del Banco de la Nación a cinco años de plazo con tres de gracia. Greco llegó a tener en sus propiedades 488 tractores.”
     Agregó que “cuando se firmó el convenio Greco-Estado en 1.987, debimos entregar las acciones en concepto de aval por las empresas que Greco recibió de vuelta. Esas acciones aún hoy están depositadas en la Tesorería General de la Nación. Resulta que, muy poco después de ponerse en vigencia el convenio, fueron vendidas Resero y Villavicencio, que estaban en el paquete avalado por nosotros. En lo que respecta a Tractoeste, después de su cierre también se vendieron los dos inmuebles que tenía; uno a un particular y el otro a una empresa estatal. Eran nuestros y se vendieron. Por estas causas que le estoy detallando, mantenemos hasta el día de hoy demandas contra el Estado y también contra Greco Hnos”.
     Al preguntársele cómo había sido la relación mantenida con Héctor Greco, de parte de los accionistas de Tractoeste, Scigliano afirmó que “era muy afectiva, porque él era un gran tipo, una buena persona. Tenía mucho don de gentes y amabilidad. Por ejemplo, cuando viajaba nunca olvidaba traer presentes para la gente que estaba cerca de él; pero no era así solamente con ellos, sino que sus atenciones se extendían a los empleados y obreros: todo el mundo recuerda que había varias fechas en el año en que el personal recibía dinero extra para comprar regalos para la familia. Pero, además, los obreros de todas la fincas estuvieron mejor que nunca: sus casas tenían luz eléctrica y baño instalado con agua caliente, cosa muy difícil de encontrar ahora mismo”.
     Añade que “tal vez, si no hubiera muerto tan intempestivamente, habría podido llegar a remontar la situación que surgió de la firma del convenio; pero a partir de su muerte ya no tuvimos con quién hablar. Debe recordarse especialmente que Greco nunca se llevó nada afuera, todo lo invertía en sus empresas y propiedades, que funcionaban como ninguna. Mucha gente se enriqueció a través de él y, sin embargo, fueron sus primeros detractores; pero lo más triste es que después de la caída del grupo se enriquecieron muchos más”.
     En medio de la conversación, Scigliano desgranó un par de anécdotas de la época en que el grupo estaba en su esplendor. Recordó que el veloz auge que este tomó en poco tiempo dio pie a todo tipo de versiones y rumores, entre ellos uno que aseguraba que el dinero provenía de petroleros árabes. “Para seguir la corriente – rememora – un día nos disfrazamos de árabes con un señor que hoy ya está muerto. Teníamos una comida en una finca y hasta allá fueron muchos a tratar de hacer negocios con los supuestos inversores, porque todo el mundo había visto que los árabes andaban por San Martín”.
     “Otra vez – prosigue – don Héctor Greco me pidió que fuera a Villa Atuel (San Rafael) a tratar de vender toda la chatarra que había acumulada en las propiedades de allá. Fuimos con un conocido comprador, quien al ver la cantidad existente me dijo: le ofrezco 300 millones de pesos (de los de entonces) para él y otros 300 para usted. Al regreso se lo comenté a Greco, quien me dijo: dígale a ese .............que no vendemos. Un rato después me llamaron del escritorio para entregarme un sobre con $ 60.000 para que fuera con mi familia a Mar del Plata”.
     Al preguntarle si aún espera una resolución favorable del viejo tema de Tractoeste, Scigliano respondió: “Sí, a pesar de que ya han pasado más de veinte años, porque son macanas eso de que veinte años no es nada. Y la seguimos esperando, simplemente, porque cualquiera que tiene dos gramos de sentido común se da cuenta de lo que nos ha ocurrido es una aberración”.



LOS SUELDOS DE LA INTERVENCION




     Jorge Videla comenzó a trabajar como chofer en la bodega Greco Hnos. recién en 1.982, es decir cuando ya había sido intervenida. Dos años después fue elegido delegado gremial ante SOEVA (Sindicato Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines), existiendo entonces en el establecimiento 160 obreros. Según sus palabras “en aquel tiempo tanto la bodega como las numerosas fincas del ex grupo seguían trabajando prácticamente en un cien por ciento, porque Greco había equipado muy bien todas sus propiedades, dejando insumos y maquinarias más que suficientes para hacerlo. Esto fue así hasta el ´86 u ´87, cuando todo empezó a decaer a causa del saqueo que fueron haciendo los funcionarios. Además de que el Estado giraba dinero para los sueldos, se vendían grandes cantidades de vino o se enviaban a la planta de Buenos Aires y la plata luego no aparecía”.
     “Esto hizo también que progresivamente se fuera deteriorando la producción por falta de fondos. – añade – Es necesario apuntar que en la época de Greco llegó a haber sólo en esta planta 190 millones de litros de vino, elaborado con producción de fincas propias y también por cuenta de terceros. Esta situación se prolongó durante la intervención, porque una gran cantidad de maquileros que habían tratado con Greco siguieron ingresando su uva en la convicción de que el Estado era buena garantía para sus operaciones. Algunos años después se convencerían de que no era así”.
     Videla dijo que los problemas salariales empezaron en 1.987, cuando dejaron de pagarse las cargas sociales y los aportes jubilatorios, para luego comenzar a atrasarse los sueldos, cuyas partidas venían del Ministerio de Economía. “Luego se agudizó hasta tal punto – recuerda – que cada vez que debíamos cobrar había que hacer un paro”. El problema se arrastró por varios años hasta prácticamente convertirse en crónico, por lo cual no vaciló en calificar de “nefastos” a los distintos síndicos designados, “porque en lugar de tratar que las cosas se hicieran bien, ocurría al revés”. “El problema se agrandó más aún en 1.990, porque no sólo se atrasaban los pagos a los trabajadores, sino que los maquileros que ingresaron sus uvas ese año aún están reclamando que se las devuelvan porque prácticamente desapareció una cosecha entera. En otra oportunidad, cuando dejó su cargo el gerente delegado faltaban 18 millones de litros de vino, por lo cual los auditores manifestaron que ese señor iba a ir preso, cosa que no ocurrió nunca”.
     Prosigue diciendo que en 1.992, cuando la empresa fue vendida, sólo quedaban 17 trabajadores o sea el 10% de los que supo tener. “Pedimos que quienes compraran se hicieran cargo de ese exiguo personal – apunta - pero se argumentó que ello no era posible, luego se aceptó, aunque finalmente no funcionó porque los despidos se produjeron. La bodega fue comprada por el empresario Danilo De Pellegrin en 2.150.000 dólares de los cuales, después de 8 años, todavía debe un millón; lo que digo puede ser perfectamente certificado en el juzgado comercial 26 secretaría 51, ubicado en Callao 632 de la Capital Federal”. Actualmente la planta, situada en ruta provincial Nº 50 de la ciudad de San Martín, es de propiedad de la firma Bodegas y Viñedos Santa Ana S.A.
     Videla asegura que se sumaron 2.900 expedientes por reclamos de pago, entre trabajadores, maquileros y proveedores, en el juzgado antes mencionado. “Además – expresó – entre estos últimos hay entidades como la Cooperativa Viñas de Medrano que tiene muchos socios; así que vaya sacando la cuenta de cuánta puede ser la gente que está perjudicada por esta situación. En cuanto al personal, el resultado de las gestiones ha sido de lo más desparejo: algunos han cobrado y otros no. Se adujo en su momento que todo lo que no excediera los diez mil pesos iba a ser de trámite más rápido, porque no debía pasar por la Sindicatura General de la Nación, pero sólo les han pagado a algunos de ellos. Por ejemplo, en la planta donde yo estaba sólo cobraron 8 y ya hace de ello como un año”. También se refirió a casos especiales, puntualizando que ”conozco a un enólogo que fue despedido sin causa en el ´82, por lo cual obtuvo sentencia favorable firme en el juicio laboral dos años después, pero han pasado 18 años y todavía no cobra. Debe de ser un caso para el Libro Guinness”.
     “Otra parte del problema está en el dinero que finalmente recibe la gente que puede cobrar, – agregó Videla – porque hay todo un recorrido del trámite. Las liquidaciones salen de la Subsecretaría de Trabajo aquí en San Martín; después la intervención les quita un poco (nadie ha sabido nunca explicarme por qué); luego les pagan con bonos que hacen que se pierda otro poco del valor y finalmente se cobran los abogados. Un compañero mío tenía acreencias por $ 5.000 y terminó percibiendo $1.900. El gremio (SOEVA) no nos ayuda porque ya no pertenecemos al mismo. Los gobiernos provinciales no se meten demasiado aduciendo que es un problema de jurisdicción nacional; pero la gente está en Mendoza y todavía existen quienes viven en casas de las empresas, sin agua, sin luz, sin baño y hasta sin techo”.
     Veterano de gestiones y trámites, Videla confirma que “llevamos hechos entre setenta y ochenta viajes a Buenos Aires, desde 1.991, casi siempre con fondos de 12 o 13 maquileros que se las aguantan a pesar de todo. Para colmo, para cobrar nos pusieron en el mismo decreto con empresas grandes que demandan pagos por motivos muy diferentes. Una de ellas reclama 20 millones de pesos, cuando en el año ´85 se llevó 27 millones de litros de vino de nuestra bodega y ahora los reclama de nuevo. Le pregunté al síndico cómo podía ser eso, a lo que me respondió que en realidad lo que están reclamando es “por diferencia de calidad”.
     “Después de tantos viajes y trámites, en los que uno se acostumbra a todo – destaca Jorge Videla – por lo menos hemos conseguido que exista un decreto por el cual la gente cobrará, porque antes no teníamos nada. Entre quienes intervinieron en las gestiones hay algunos políticos creíbles, como el diputado nacional por Mendoza Víctor Fayad, quien ante una pregunta mía me respondió; ´es un hecho que van a cobrar, pero no me pidas fecha`. El decreto fue firmado por el presidente Menem en el ´98, pero todavía no vemos la plata. Han sido muchas las veces en que los anuncios de pago fueron tan rotundos que les hemos mentido a la gente sin quererlo, cosa que también les ha pasado a los periodistas.”
     Siguiendo con el tema de la corrupción, afirmó que “hay gerentes que dejaron el cargo y se convirtieron en viñateros o bodegueros, por lo cual ya puede imaginar qué ocurrió con todo lo que ´se perdió`. En cambio, he visto despedir a obreros por llevarse una damajuana de vino. Y, si quiere otro dato comparativo, sepa que la intervención gastó en sueldos de funcionarios, desde 1.980, cuatro millones de dólares por año, o sea un total de casi ochenta millones; mientras que el decreto de pago de todas las demandas salió por 57 millones”.
     Con una buena dosis de lógica, Videla razona que “en cualquier empresa del Estado que se liquida los empleados reciben su indemnización, pero ni siquiera esa legislación nos ha alcanzado a nosotros. Hay gente que fue despedida en el ´91 y todavía no consigue un trabajo sustituto; ha sobrevivido todos estos años haciendo changas”.
     Cuenta que tuvo contacto con Héctor Greco recién en 1.987 cuando, por el pacto que hizo con el gobierno de Alfonsín, le devolvieron varias empresas. “Ese convenio fue implementado desastrosamente, – afirma - porque en teoría le dieron la administración pero estaba atado de pies y manos, dado que en realidad había dos conducciones paralelas: la de ellos y la de la quiebra. Los Greco solían decir que ´no podemos conducir esto, porque es como si nos hubieran entregado el auto pero no las llaves`, motivo por el cual todavía está pendiente una demanda muy gorda que ellos entablaron en su momento contra el Estado”.
     Finalmente, consignó que las empresas grandes que estaban en manos de la intervención se vendieron todas, pero que aún quedan a cargo del Ministerio de Economía algunas fincas “como una que hay aquí cerca, en Chapanay. Está todo destruída y se han llevado hasta los techos de los galpones”.





   
MIL MILLONES DE LITROS DE VINO




      Fiadino, Roggero y Carbonari era una empresa vitivinícola radicada en la localidad de Ingeniero Giagnoni, a muy pocos kilómetros de la ciudad de San Martín, Mendoza. Según afirmó Luis Viale, quien fuera gerente de la misma cuando la tenían sus dueños originales, “era una firma muy buena, tan bien considerada que sus documentos se pagaban por ventanilla en el Banco de la Nación como si fueran cheques”. A fines ilustrativos, digamos que el documento en Mendoza es un pagaré que fue comúnmente utilizado para la compra de uvas y vino a plazos, por parte de los bodegueros. Estos plazos significaban, por su extensión, una espera que muchas veces los productores no querían o no podían sostener, de modo que siempre existió un segundo mercado donde se comercializaban estos valores. Multitudes de operaciones comerciales se realizaban utilizando los mismos, constituyendo una especie de moneda paralela que servía para movilizar la plaza cuando escaseaba el dinero en efectivo.
     Según agrega Viale, la mayor cantidad de vino que se elaboraba en esa bodega provenía de uvas de pequeños productores vitícolas de la zona aledaña, y se hacía por el sistema de maquila (la bodega lo elabora a cambio de un porcentaje, pero el vino sigue perteneciendo a los viñateros, aunque en muchos casos aquélla finalmente se los compra). En setiembre de 1.979, la empresa fue vendida a la firma Roitman y Cía. A su vez, ésta realizó luego un intercambio de propiedades con Greco, a cuyas manos fue a parar en definitiva en enero siguiente. Viale continuó estando al frente de la bodega y recuerda ahora que “Greco me pidió que comprara todo el vino de terceros que había adentro, que eran casi 9 millones de litros. Pero ésa era sólo una compra más, porque en ese entonces ya las operaciones del grupo se habían extendido tanto que prácticamente controlaban el precio del mercado, que llegó a la exagerada cifra de más de un dólar por litro”.
     “En los primeros meses de año ´80 – comenta Viale – Greco comienza a adquirir al grupo Catena que, junto con Peñaflor, eran los otros dos grandes competidores de plaza. Había entregado ya una parte más que sustancial del monto convenido, que era multimillonario, cuando el Banco de los Andes vio comprometida su situación con el Central y le faltó asistencia ante la corrida de inversionistas. En la operación con Catena existía una cláusula que aseguraba a éste la restitución de lo vendido ante la falta de concreción del pago total; de modo que la intervención al banco, en el mes de abril, desmoronó al que seguramente fue el intento más importante que hizo Greco para absorber todo el mercado”.
     Recordando el auge del grupo, rememora que “todo el mundo le quería vender el vino a Greco y prácticamente en aquella época se trataba de vinos comunes de mesa en su totalidad. Las compras fueron enormes y se hizo un gran stock que se depositó en distintas bodegas, desde San Juan hasta San Rafael. Tal velocidad de adquisición implicaba un desorden muy grande que dio lugar a todo tipo de operaciones, con un volumen que llegó a calcularse en más de mil millones de litros. Incluso se dijo que una gran cantidad debió enviarse a la destilería porque no servía para el consumo; de modo que, según supongo, cuando llegó la intervención deben de haberse obtenido finalmente entre 500 y 600 millones de litros”.
     Según sus recuerdos, hubo también muchos contratos en los cuales no se pudo constatar la existencia real del producto, es decir que posiblemente se trataba sólo de ventas figuradas favorecidas por alguien que tenía sus propios intereses en el asunto.
     “El personal que trabajaba en las firmas del grupo estaba muy bien remunerado y permanentemente recibía obsequios y premios. Una característica esencial era que todas las empresas trabajaban; ninguna era ´fantasma` y en las fincas había muy buenos administradores. Se llegaron a moler en una cosecha 400.000 quintales de uva proveniente de fincas propias. Todo crecía: había propiedades rurales con no menos de dos millones de postes destinados a la plantación de nuevos parrales y nunca en la historia se construyeron  en la provincia tantas piletas de bodega (vasija) como entonces”.
     Agrega que se trataba de una época en la que el trabajo del campo era rendidor, porque a los viñateros siempre les quedaba un remanente de cosecha que les permitía ir capitalizándose. Mucha de esa gente colocaba su ahorros en el Banco de los Andes, a plazo fijo, en lo cual tuvieron una influencia esencial sus agencias móviles que recorrían la zona realizando operaciones bancarias.
     Manifestó haber tenido un par de entrevistas con Héctor Greco para tratar un probable ingreso suyo a la estructura del grupo, cosa que finalmente no se concretó. En cambio, ello sí ocurrió posteriormente cuando la firma Fiadino, Roggero y Carbonari pasó a formar parte del holding y Viale continuó a cargo de la gerencia.
     Hablando de la intervención producida en mayo de 1.980, expresó: “Yo recibí una comunicación del Ministerio de Economía de la Nación, informándome que quedaba a cargo del establecimiento y era responsable de todos los bienes de la empresa; pero casi de inmediato fue designado un interventor. Un tiempo después las distintas administraciones fueron concentradas en los escritorios de la bodega Greco Hnos, donde nuestra función era más que nada de carácter informativo. Las compras que estaban pactadas se respetaron y luego se ofreció a los acreedores pagarles el 50% de sus montos, lo que la mayoría aceptó porque ya el precio del vino se había desinflado”.
     “Yo pienso que durante los siguientes cinco años se trabajó muy bien, – opinó el entrevistado - incluyendo las propiedades agrícolas donde se designaban ingenieros y expertos para mantener el nivel de la producción. Después vinieron otros funcionarios a la intervención y ahí empezó la destrucción. Se perdían las máquinas, los tractores y el combustible y todo cayó en un descontrol que también implicó el progresivo abandono de los cultivos y el desmantelamiento de fincas que habían sido modelos de desarrollo y productividad. Paralelamente a ello, hubo mucha gente capaz y honesta que se sintió desmoralizada e impotente para contener tanto despojo”.
     La bodega Fiadino, Roggero y Carbonari no fue incluida en el llamado pacto Alfonsín – Greco entre las empresas que recibiría este último, y continuó sus actividades bajo la intervención durante un tiempo. Finalmente fue rematada, al igual que otras del ex grupo, perteneciendo actualmente a la empresa Palazzo.
     “Se vendió mucho de lo que había; – dijo finalmente Viale – por eso debe de haber mucho dinero para pagar lo que aún se debe a ex trabajadores y maquileros, pero ya han pasado veinte años y éstos aún no terminan de cobrar”.




SENTENCIAS, INDULTOS Y RECLAMOS





     Casi 19 años después de la caída del grupo, el 17 de marzo de 1999, la sala B de la Cámara Federal de Mendoza dictó sentencia en el caso Greco a través de un tribunal compuesto por los jueces Antonio Endeiza, Luis Francisco Miret y Julio Petra. José Greco fue condenado en total a seis años de prisión al unificarse las causas por monopolio y subversión económica. Juan Hilario Milordo recibió tres años y seis meses; Mario Alberto Balza, tres años en suspenso al igual que Oscar Fortunato Corradini; mientras que sobre Valenzuela, Bruno y Ana de Santibáñez recayó la pena de dos años de prisión en suspenso. El titular del grupo, Héctor Greco, había fallecido muchos años antes y Jorge Bassil recibido, en 1.990, un indulto firmado por el entonces presidente Carlos Menem.
     Entre las causas de la extraordinaria demora que había demandado la resolución del caso, se citaba su complejidad física (más de 50 expedientes, lo que significa más de 10.000 fojas, amén de las compulsas de incidentes y de pruebas periciales). Todas las condenas habían sido ya más que sobradamente cumplidas, en los casos en que ello debía efectivizarse; pero existía una excepción con la correspondiente a alguien que ha sido escasamente mencionado en esta crónica: Angel Pedro Falanga. Al condenarlo a 4 años y seis meses de prisión, por unificación de causas, el dictamen decía que “ello no es más que la consecuencia de haber permanecido prófugo durante un lapso en que muchos de los demás co-procesados se encontraban encarcelados”.
     En el momento en que se produjo la intervención al Banco de los Andes y la detención de los hermanos Greco y Jorge Bassil en Buenos Aires, Falanga era considerado el cuarto miembro de la conducción del holding. Ante el desencadenamiento de los hechos, se convirtió en prófugo de la justicia en un periplo que incluyó lugares como Viña del Mar, Santiago de Chile y Asunción del Paraguay, tras lo cual ingresó al país en forma clandestina en febrero de 1.984.
     Todo esto lo cuenta él mismo en un libro de reciente aparición titulado “Veinte años... un día” cuyo contenido no hace más que agregar otra nota singular a este proceso que desde su comienzo parece estar marcado por el signo de lo insólito. En sus páginas, Falanga conceptúa que el grupo Greco estaba, antes de su caída, enfrentado a intereses del ámbito vitivinícola que “habían perdido el control del vino de traslado”. Habla de grandes fraccionadores como Catena, Furlotti, Peñaflor, Resero, Donatti y otros; además de mencionar el ataque de “políticos que ya le habían vendido sus fincas a Greco y ahora castigaban la ´concentración` vitivinícola”. También consigna que el diario mendocino Los Andes era la voz de cuanto empresario o político quería utilizar sus páginas para jaquear al grupo Greco, porque éste era dueño del otro matutino local, llamado Mendoza..
     También habla de la existencia de amenazas de un supuesto comando clandestino autodenominado “MonToneros” (con T mayúscula intermedia) que se encontraba extorsionando a los directivos del grupo Greco y les exigió la entrega de un bolso con 327.000 dólares durante la realización de la Fiesta Nacional de la Vendimia 1.980, un par de meses antes de la intervención. Según Falanga, no habría existido realmente dicho comando, sino que la extorsión formaría parte de una campaña múltiple dirigida contra la estructura empresaria de los Greco.
     Refiriéndose a la etapa de la caída, el libro afirma que, cuando se produjo la corrida financiera como efecto del desplome del BIR, el grupo Greco había pagado ya seis cuotas de las diez que comprendía la compra del grupo Catena, uno de los competidores más serios en la industria vitivinícola, que incluía las empresas Enrique Arizu e Hijos S.A.; La Vendimia S.A.R.C.; Santoro S.A.; Viñedos y Bodegas Victorio Pippi S.A.I.C.A.; y Bodegas Esmeralda S.A.; además de los paquetes accionarios mayoritarios de Destilerías, Bodegas y Viñedos El Globo Ltda.. S.A. y Pulso (Bieckert S.A.). Falanga manifiesta que él integraba el lote de personas que bajo la denominación “único comprador” realizaba la adquisición de Catena, con un aporte suyo de U$S 54.745.000, “cifra que – expresa - justifico como propia, aún siendo fondos tomados del sistema financiero argentino”.
     Falanga acredita a la estructura del poder militar la intención de provocar la caída del grupo Greco por ambiciones propias. Al hablar de ello dice que “ya Lami Dozo (brigadier) se había retirado de nuestro lado y empezaba a componer el dichoso triunvirato junto a Massera (almirante) y Rafael Videla (general y presidente de la Nación), triunvirato de la avaricia y la destrucción”. Agrega que, en el afán de salvar las estructuras ante la emergencia financiera, el grupo Greco propuso un plan quinquenal de pago en una carpeta donde se detallaban las 44 empresas que poseía más las que provenían de Catena, dirigido al entonces ministro del Interior, general Albano Harguindeguy. “Esa fue nuestra lápida” añade.
     También sostiene que Harguindeguy estaba estrechamente allegado a Catena, puntualizando que “era uno de los directores del Banco Tornquist, comprado con el primer paquete de las acciones de Catena”. Por otra parte, consigna que Héctor Greco cerró el trato con Catena, aún contra la opinión de algunos asesores entre los que se cuenta él mismo, en la creencia de que ello serviría para frenar la presunta conjura que tenía como finalidad provocar su derrumbe.
     En “Veinte años...un día”, comenta que el grupo Catena fue comprado en el equivalente a U$S 128.776.000, cerrándose el trato el 19 de octubre de 1979. Según su informe, al 18 de abril siguiente, es decir cuando sobrevino la caída, se habían entregado U$S 54.745.000 en reuniones celebradas en Montevideo (Uruguay) y otros U$S 61.600.000 en Argentina. Pero advierte que el contrato respectivo “era leonino, porque establecía que con nueve cuotas pagadas sólo se entregaría el 48% de las acciones, mientras que se haría lo propio con el resto recién con la cancelación de la última”.
     Con respecto a las dimensiones del holding Greco, ilustra acerca de que “poseía 34 bodegas; 112 galpones; 827 viviendas rurales; 288 tractores de distintas características; 256 camiones; 437 vagones de ferrocarril; 41 plantas de fraccionamiento de vinos; 10 depósitos; 2 plantas de agua mineral, etc. En estas cifras no están incluidas las empresas compradas al grupo Catena”.
     “En los activos mencionados precedentemente – prosigue – no han sido considerados los bienes inmateriales”................. “El valor llave empresarial que conlleva las marcas y la introducción en el mercado consumidor. Ej: Crespi, Resero, Villavicencio, San Salvador, Gaberione, Furlotti, Talacasto, Pico Rojo, Pángaro, Don Emilio, Don Ernesto, Arizu, etc. etc.”
     Angel Pedro Falanga narra que regresó con su familia del Paraguay en febrero de 1.984, radicándose en la ciudad de Rosario (Santa Fe) y viviendo allí sin inconvenientes hasta que, en noviembre del ’85, tomó la decisión de presentarse a la justicia haciéndoselo saber por carta al entonces juez federal de Mendoza, Roberto Burad. Días después la presentación se hizo efectiva. Fue condenado a un año y seis meses de prisión por delito previsto en la ley 12.906 “antimonopolio” y enviado a la penitenciaría provincial. Allí estuvo preso hasta Semana Santa del año siguiente, cuando logró la excarcelación bajo fianza real. “Es el único caso en el país – asegura – que una sentencia por monopolio ha tenido cumplimiento real de prisión”.
     Luego pasaron 13 años hasta que, el mismo 17 de marzo de 1999 en que se dictó la sentencia final, Falanga fue detenido en una finca de Santa Rosa (Mendoza) donde, según cuenta, estaba dedicado a las tareas de levantar la cosecha de uva. Había sido nuevamente condenado por los tribunales federales, a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo al unificársela con la condena anterior, esta vez por “subversión económica agravada” según la ley 20.840 de Seguridad Nacional, interpretando que su participación en el caso Greco había excedido la caracterización de la profesión para tener un ánimo personal de ganancias. Permaneció preso durante casi ocho meses, cuando nuevamente consiguió la excarcelación. De acuerdo a su explicación, hoy se encuentra excarcelado hasta la definición total, lo que implica la posibilidad de ir a prisión por más de tres años más.
     Teniendo en cuenta que en el año 1.987 se firmó el convenio Greco-Estado, por el cual les fue devuelta a aquéllos una importante cantidad de empresas, Falanga aduce que se le debe acreditar su participación accionaria en el grupo. “En definitiva, - razona – si la condena es acertada, yo soy parte de ese grupo económico, y si no lo es, he estado más de 20 años en proceso duro (con la consiguiente carga emocional y psicológica) con dos penitenciarías sobre mi familia y sobre mis espaldas, y muchas cosas más”.
     En uno de los párrafos más llamativos, Falanga expresa: “Llevo más de 20 años con prontuario abierto (prisión preventiva y excarcelaciones de por medio). Cuando esta odisea termine, tal vez haya cumplido cerca de los treinta años (30) bajo el poder de la justicia”. Recordando que la pena máxima en Argentina es de 25 años, se manifiesta convencido de estar fuera de todo contexto.



    
ADVERTENCIAS.

Las fotografías incluidas en este blog no forman parte del libro; sólo son utilizadas con fines informativos.
Todo lo narrado en este libro es lo que sucedió antes de su edición en el año 2003. Las actuaciones judiciales no han concluido a pesar del tiempo transcurrido.

Email: eduardogregorio10@gmail.com


Armado del blog: Rodrigo Gregorio Ojeda.